El Gobierno desglosa a Bruselas la distribución de los fondos del plan de reconstrucción

El Gobierno apurará hasta el último momento la fecha límite impuesta por la Comisión Europea -fechada en el 15 de octubre- y remitirá mañana el plan presupuestario y el nuevo cuadro macroeconómico del próximo año, que incluyen las tasas de referencia de déficit y el techo de gasto -el límite de gasto no financiero- de los próximos presupuestos, en los que el Ejecutivo ya cuenta con los 27.000 millones adelantados de los fondos europeos. Y lo hará sin el paso previo del Consejo de Ministros -por la premura de los tiempos- pero con las líneas principales de los Presupuestos Generales prácticamente cerradas con su socio de Gobierno. La previsión es que la semana que viene el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haga su presentación oficial antes de pasar a discusión con los grupos parlamentarios.

Pero antes había que comunicarlo a la instancias europeas y cumplir con una segunda obligación: presentar las directrices básicas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contempla una inversión de 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023, para que Bruselas empiece a desbloquear las ayudas que deben sustentar dicho Plan hasta 2026, cuyos principales ejes de actuación son la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género.

Según el documento que se presentará a la Comisión Europea, la distribución de estos fondos se desglosaría en una agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura (16% del total), infraestructuras y ecosistemas resilientes (12,2%); transición energética justa e inclusiva (8,9%); modernización de la Administración (5%) y la modernización y digitalización del tejido industrial y productivo y de la pyme, recuperación del Turismo e impulso a una España nación emprendedora (17,1%). El resto se distribuirá entre el Pacto por la Ciencia y la Innovación y refuerzo al Sistema Nacional de Salud (16,5%); Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades (17,6%); economía de los cuidados y políticas de empleo (5,7%); impulso de la industria de la Cultura y el Deporte (1,1%) y modernización del sistema fiscal.

Aunque todavía no se detallan proyectos concretos -una de las exigencias que habrá que cumplir para recibir esos fondos-, al menos sí que se conocen algunas cifras a las que se quiere llegar. Por ejemplo, el Ejecutivo pretende que se pongan en circulación más de 250.000 nuevos vehículos eléctricos en tres años, se creen 100.000 puntos de recarga; se rehabiliten más de 500.000 viviendas; se logre un acceso a Internet rápido a toda la población y el 75% a 5G; se creen 65.000 nuevas plazas de educación de 0 a 3 años y 200.000 nuevas plazas de FP; y se rehabiliten miles de infraestructuras residenciales, según recoge Europa Press.

Este plan de inversiones y reformas estima una inversión de 72.000 millones entre 2021 y 2023, de ellos 59.168 millones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia entre 2021 y 2023 y los otros 12.436 millones del Programa ‘REACT-EU’ en 2021, lo que aumentará el crecimiento potencial de la economía por encima del 2%, aportará seis puntos al PIB y creará hasta 880.000 empleos en los tres primeros años. El Gobierno ya ha avanzado que pretende ejecutar la mayor parte de los 140.000 millones disponibles para España durante esta legislatura, el 70% hasta 2023, y a partir de ahí desplegar una segunda parte más enfocada a las necesidades financieras y crediticias del tejido productivo, que podrá contar una partida cercana a los 60.000 millones para estos conceptos.

El Gobierno ha descartado implementar una ventanilla única para la ejecución de los proyectos, por lo que aprobará un real decreto-ley en enero que reducirá las principales barreras y “cuellos de botella” legales de la administración. Se creará una comisión interministerial presidida por el propio presidente del Gobierno y una unidad de seguimiento en la Moncloa para la correcta ejecución de los fondos, que asumirá Manuel de la Rocha, y se reactivará la Conferencia sectorial de fondos europeos con las CC.AA. y se propondrá a la Mesa del Congreso la Comisión mixta de la UE.

En términos contables, el Plan Presupuestario de 2021 se sustentará en un techo de gasto, de 196.097 millones de euros, un 53,7% superior al aprobado en febrero y que incluye transferencias extraordinarias a las CCAA (13.486 millones) y Seguridad Social (18.396 millones) y parte de los fondos europeos (27.436 millones). Además, incluirá el nuevo cuadro macroeconómico del Gobierno, que prevé una caída del PIB del 11,2% este año, con una tasa de paro del 17,1%, y contempla un crecimiento del 7,2% en 2021, que podría alcanzar el 9,8% teniendo en cuenta los fondos europeos, junto a un desempleo del 16,9%. En cuanto al déficit público, se estima que escale hasta el 11,3% del PIB este año como consecuencia de la crisis y el mayor gesto para paliar las consecuencias, así como de una la tasa de referencia de déficit del 7,7% en 2021, en tanto que el cálculo para la deuda pública es que repunte al 118% del PIB este año. No obstante, el Tesoro Público ha decidido reducir en 15.000 millones de euros el volumen de financiación previsto para 2020, lo que supone que las emisiones netas del ejercicio serán de 115.000 millones y la financiación bruta de 282.137 millones.