El impuesto a los refrescos, un fracaso ya demostrado en Dinamarca y Eslovenia

Uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno en el proyecto presupuestario que ha remitido a la Comisión Europea para subir el IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21% es que la medida servirá para favorecer «hábitos de vida saludable». Una afirmación que ayer pusieron en duda la Asociación de Bebidas Refrescantes (Anfabra), la Asociación de Empresas del Gran Consumo (AECOC) y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), que aseguraron que pusieron en duda su rigor científico.

Más allá de la credibilidad que pueda tener lo que digan estas tres organizaciones, que no dejan de representar a compañías perjudicadas por la medida, la realidad es que otros países que aprobaron tasas similares han tenido que recular.Dinamarca y Eslovenia eliminaron un impuesto específico para estas bebidas tras comprobar los efectos negativos que tenía sobre la competitividad de sus empresas y la actividad económica. Dinamarca lo hizo en 2012, solo un año después de aprobarlo, y Eslovenia hizo lo mismo en 2015. Hay otros dos países, Francia y México, donde existe ahora debate porque la implementación de esta medida fiscal ha demostrado tener muy poco efecto en la mejora de la salud de los ciudadanos.

El consumidor paga

Si dudoso es que incrementar la fiscalidad de estos productos vaya a mejorar la salud física, menos lo parece que vaya a empeorar la económica de las familias. Tanto Anfabra como AECOC y FIAB coincidieron en afirmar que el incremento repercutirá directamente sobre los consumidores, especialmente los más vulnerables, que son los que van a terminar por pagar el impuesto. Y, en caso de que los ciudadanos decidan proteger sus bolsillos, la caída del consumo la acabará pagando uno de los sectores más castigados por la crisis desatada por el coronavirus, la hostelería, lo que podría suponer la puntilla para bares y restaurantes, como aseguró Anfabra. Y, en última instancia, los propios fabricantes, una industria que paga 500 millones de euros en impuestos anualmente. Lapropuesta enviada a Bruselas se desmarca de la tendencia general que se está siguiendo en Europa, donde ocho países (Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Grecia, Reino Unido y Lituania) ya han aprobado una reducción del IVA con el fin de reactivar el consumo.

Anfabra considera que el incremento impositivo tiene un claro “componente ideológico”, pues el Gobierno pretende recaudar 400 millones de euros con el incremento, 340 en 2021 y el resto en 2022, según las estimaciones del Ejecutivo. La FIAB aseguró directamente que la medida solo tiene “un afán puramente recaudatorio”.