Rechazo sindical a la subida del 0,9% a los funcionarios y a la “insuficiente” oferta de empleo público

Todo apuntaba a que la subida salarial de los funcionarios se iba a quedar en el 0,9% –para igualarla con la aprobada ya para las pensiones– y así ha sido, algo que ha vuelto a levantar ampollas entre los sindicatos, que ven «insuficiente» tanto este incremento como la nueva propuesta de empleo público para 2021, por debajo de la ofertada este ejercicio. De hecho, las tres organizaciones sindicales (CSIF, CC OO y UGT) han rechazado la decisión del Ejecutivo, al que han acusado de «falta de negociación» y de actuar en base a «hechos consumados». Fuentes sindicales manifestaron a LA RAZÓN que durante la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, en la que se ha comunicado esta decisión, los representantes ministeriales han sido fuertemente «abroncados», tanto por esta decisión unilateral como por las filtraciones a la Prensa. «No puede ser que nos hayamos enterado por los periodistas antes que por el Gobierno», indicaron las mismas fuentes.

Por ello, los sindicatos han rechazado “formalmente” el acuerdo, aunque la subida del 0,9%, recogida en los Presupuestos Generales, seguirá adelante. Fuentes del Ministerio de Política Territorial y Función Pública explicaron a este periódico que con este incremento se quiere reconocer «el compromiso, el esfuerzo colectivo y la contribución al interés general demostrada por los empleados públicos durante esta pandemia». Una afirmación que para los sindicatos es inaceptable. «Con una subida así no se reconoce nada», defienden desde CSIF, por lo que ya anuncian movilizaciones si no se abre “una negociación de legislatura” para mejorar las plantillas de las administraciones públicas y sus salarios para los próximos tres años. CSIF ha reclamado que se ponga en marcha un acuerdo salarial a varios años que permita que los funcionarios recuperen el poder adquisitivo perdido desde 2010, que oscila entre el 12,9% y el 17,9% en función de los diferentes grupos profesionales. Así, considera que este acuerdo supondría un incremento del 3% cada año. De hecho, creen que el incremento del 0,9% para 2021 “no reconoce ni la labor realizada frente a la pandemia ni de lejos la pérdida de poder adquisitivo desde 2010”.

En la misma línea se ha manifestado CC OO, que ha denunciado “la falta total de interlocución y la imposición de las cuestiones relativas a los sectores públicos en los Presupuestos” y que se haya convertido la Mesa General de las Administraciones Públicas en “un simple trámite” previo a la aprobación de las cuentas públicas por el Consejo de Ministros, “sin negociación. El Gobierno ha perdido una buena oportunidad para llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales".

Por su parte, desde UGT han instado a crear una agenda calendarizada de cuáles son las materias que hay que negociar y desarrollar en esta legislatura. “El anuncio se ha hecho sin tiempo para el debate y sin una negociación real, una forma de proceder que contradice el compromiso del Ministerio de reforzar el diálogo social”. Sin embargo, este sindicato no descarta que pueda aún alcanzarse una mejora negociada. "Todavía hay margen para mejorar y negociar aspectos importantes respecto a las condiciones laborales”, antes de que se aprueben en las Cortes los Presupuestos del próximo año. Además, ha pedido “un mayor compromiso” con el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y de la Ley de Función Pública de la Administración General del Estado (AGE).

Además de la subida del 0,9% en los salarios públicos para 2021, Función Pública ha confirmado también su Oferta de Empleo Público (OEP) para el próximo año, que se ha quedado en 28.055 plazas –casi 10.000 más que en su primera propuesta–, inferior a la oferta de 33.000 plazas del año pasado -la más elevada de la ultima década-, si bien ahí se incluían 5.000 plazas de estabilización. Además, la OEP de este año incluye 8.996 plazas de promoción interna, unas cifras calificadas como «insuficientes» por las centrales sindicales, que tampoco rubricarán este acuerdo, ya que la oferta es inferior a la del año pasado.

Según cuantifican las organizaciones sindicales, el 20% de la plantilla en la Administración General del Estado tiene más de 60 años y está al borde la jubilación, por lo que han exigido eliminar la tasa de reposición en la oferta de empleo público y realizar una planificación de las necesidades de las plantillas en sanidad, educación, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o Administración General del Estado -que incluye SEPE, Seguridad Social, Agencia Tributaria, Instituciones Penitenciarias-. CSIF estima que hacen falta 106.000 efectivos para los próximos tres años si se quieren cubrir “las necesidades estructurales que se han evidenciado con la pandemia” y ha recordado que se necesita un plan adicional en sanidad, con 289.235 plazas nuevas entre este año y el que viene.