Los planes individuales, necesarios y complementarios a los de empleo

Los planes de pensiones, tanto individuales como de empleo, tienen un patrimonio de 113.000 millones de euros y 7,5 partícipes, de los cuales tres millones aportan anualmente.

El Proyecto de Ley de Presupuestos para 2021 contiene dos medidas sobre planes de pensiones: una positiva, pero de implementación lenta (la promoción pública de los fondos de pensiones en las empresas), y otra muy negativa de efecto inmediato que reduce drásticamente (en un 75%) el límite de aportación anual a Planes individuales(de 8.000 a 2.000 euros), y también reduce las aportaciones en favor de cónyuges (desde 2.500 a 1.000 euros).

Desde Inverco, hemos manifestado en muchas ocasiones la necesidad de potenciar los planes de empresa y, en ese sentido, apoyamos la disposición que se incorpora en el Proyecto de promover fondos de pensiones desde el ámbito público que, en todo caso, debería tramitarse de forma urgente y con medidas de impulso fiscal para las empresas o estableciendo un sistema de adscripción por defecto como Reino Unido. Ninguna de estas dos opciones se contempla en el Proyecto, por lo que, teniendo en cuenta el escenario económico actual, pocos planes van a desarrollarse por parte de las empresas.

Las reducciones al límite de aportación anual de los planes individuales deberían implementarse de forma gradual (al menos con un límite mínimo de 4.000 euros), y vinculada al desarrollo efectivo de los planes de empresa. Si no se elevara ese importe mínimo a 4.000 euros, el 20% de los tres millones de partícipes que anualmente hacen aportaciones a los planes individuales, tendrían que reducir sustancialmente las mismas, sin poder compensarlas con aportaciones a los planes de empleo (hoy muy escasos y sin operatividad aún de los nuevos fondos de pensiones de promoción pública).

Por ello, el tercer pilar sigue siendo necesario para todos los trabajadores cuya empresa no tenga constituido un plan de pensión de empleo. Y, en especial, es imprescindible para los autónomos, que no pueden apostar a un plan de pensión de empleo, y representan el 16% de los trabajadores.

Los planes de empleo son complementarios y no son sustitutivos de los planes individuales, al menos, hasta que los primeros tengan una cobertura de la práctica totalidad de trabajadores y empresas y hayan acumulado un nivel de ahorro suficiente para generar un nivel mínimo de prestaciones.

Además, la Comisión Europea ha regulado recientemente la normativa PEPP (Planes Europeos de Pensiones Personales) para impulsar el desarrollo del tercer pilar de la previsión social. Un empeoramiento sustancial de la fiscalidad de los planes de pensiones individuales en España contravendría la clara tendencia internacional y europea de su estímulo.

Compartimos las declaraciones del Gobierno de trasladar progresivamente los beneficios fiscales desde los planes individuales a los planes de empresa, si bien en el Proyecto de Ley ni hay realmente un traslado (porque no hay segundo pilar operativo), ni tampoco es progresivo (sino drástico en su reducción, que el propio Gobierno reconoce al declarar un ahorro fiscal de 580 millones de euros en 2022).

La realidad del segundo pilar es que la negociación colectiva ha sido insuficiente para desarrollar el sistema de empleo (tan solo 34.500 millones de euros, y apenas un millón de partícipes cuyas empresas aportan regularmente, sobre un total de veintiún millones de población activa). En gran parte debido a la eliminación en los últimos años de los incentivos fiscales a las empresas (la deducción en cuota en el Impuesto sobre Sociedades y la inclusión en la base de cotización de la Seguridad Social de las aportaciones a planes de pensiones). A 30 de junio de 2020, el importe medio acumulado en los planes de empleo (excluyendo los diez mayores planes) era de 11.020 euros, lo que supondría una renta financiera a 20 años de 51 euros mensuales, cantidad claramente insuficiente para complementar una pensión pública.

El tercer pilar es el único que ha funcionado (77.500 millones de euros y 7,5 millones partícipes, de los cuales tres millones aportan anualmente), a pesar de las sucesivas reducciones fiscales y de estar España a la cola de la OCDE en beneficios fiscales.

Concluyo destacando que los planes de pensiones prestan apoyo a familias: bienestar para la jubilación (cada año los planes de pensiones complementan la jubilación de 400.000 familias con 4.300 millones de euros) y les dan liquidez en situaciones de crisis (en los últimos diez años los planes de pensiones han pagado 3.760 millones de euros a 693.000 hogares por desempleo o enfermedad grave, y 50.000 familias han rescatado en 2020 su inversión en planes de pensiones para afrontar los efectos de la COVID-19); a las empresas españolas (46.000 millones de euros, el 40% del patrimonio en planes de pensiones se invierte en compañías españolas); y a la sociedad en general (invierten 58.700 millones de euros en empresas comprometidas con la sostenibilidad y el buen gobierno).