A Hacienda le tocarán 20 millones menos en la Lotería de Navidad de este año

Se dice que a Hacienda siempre le toca “el Gordo” de la Lotería de Navidad, pero este año el pellizco será menor. A la Agencia Tributaria le caerán 156,5 millones de euros en el sorteo extraordinario del próximo 22 de diciembre, 18,6 millones menos que el año pasado, según los cálculos de los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

Este “premio” se debe a que la Agencia Tributaria se lleva un 20% de los premios de los sorteos organizados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. La cantidad exenta de tributación ha ido subiendo desde 2018, cuando los primeros 10.000 euros estaban libres de impuestos. Ahora la cifra ha ascendido hasta los 40.000 euros, por lo que Hacienda solo le reclamará parte del dinero si tiene la suerte de que le toca el primero, el segundo o el tercer premio. Además, los premiados de las tres primeras categorías obtendrán 4.000 euros más por décimo respecto al sorteo de 2019.

¿Cuánto se lleva Hacienda de cada premio?

“El Gordo” está premiado con 400.000 euros al décimo, pero los ganadores tendrán que declarar 360.000. De esta forma, Hacienda se queda 72.000 euros y el agraciado se lleva 328.000 euros. En el caso del segundo premio, de 125.000 euros por décimo, la Agencia Tributaria ingresará 17.000 euros, mientras que los ganadores del tercer premio (50.000 euros por décimo) tendrán que pagar al fisco 2.000 euros.

A partir de ahí, el resto de premios no tienen obligaciones fiscales. Hacienda mantendrá intactos los cuartos y quintos premios, así como el reintegro, la pedrea y las aproximaciones.

Los técnicos de Hacienda no son partidarios de que los premios inferiores a 40.000 euros estén exentos de tributación y piden al Gobierno que baje el límite hasta los 2.500 euros, como estába fijado para los sorteos celebrados hasta el 5 de julio de 2018. Gestha cree que “desincentiva el juego” y no ve “ninguna justificación tributaria para que no tribute una ganancia del azar de 40.000 euros, y en cambio el ingreso mínimo vital o una subvención de 1.000 euros obligue a declarar”.

En su lugar, insite en que para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones, sino “combatir la elusión mediante mayores competencias y responsabilidades de los técnicos de Hacienda para mejorar el control y la recaudación”.