El debate sobre si es necesario alargar la edad real de jubilación –situada en los 64,6 años de media– a la edad legal –en 66 años en 2021 y en 67 años para 2027– está servido. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, cree que es crucial penalizar las prejubilaciones e incentivar la jubilación demorada mientras que el vicepresidente Iglesias, a contracorriente del Gobierno al que pertenece, apuesta por volver a los 65 años sin meter la tijera al sistema, salvo el “rejonazo” del destope de cotizaciones, para que quienes más ganan contribuyan aún más. Y aunque pese a que al recorte de casi un año en la esperanza de vida por la pandemia (85,4 años en las mujeres y 80 años para los hombres), vivimos muchos más años que cuando se diseñó el sistema de pensiones, lo cierto es que pocos desean trabajar más allá de los 65 años. De hecho, el 40% de los trabajadores sigue accediendo a la pensión de jubilación antes de la edad ordinaria. ¿Por qué fijar entonces una edad legal y no permitir la jubilación libre? Y en ese caso, ¿sería viable el «flexiretiro»?

El sistema de pensiones español es uno de los más generosos del mundo. Cada jubilado recibe de media 1,74 euros por euro cotizado durante su vida laboral. Por tipos de pensión, las jubilaciones ordinarias generan un rendimiento medio mayor (4,1%), frente a las altas de jubilación parcial (3,9%), las jubilaciones demoradas voluntariamente (3,7%) y las jubilaciones anticipadas (2,8%), según el Banco de España. En términos de coste por pensión unitaria, el más bajo correspondería a las jubilaciones anticipadas, que reciben 1,39 euros de pensión por cada euro de cotización. Las pensiones demoradas voluntariamente ofrecen a sus perceptores 1,74 euros por euro aportado, mientras que las procedentes de la jubilación parcial (1,89 euros), también obtendrían un coste por pensión algo menor que el estimado para las jubilaciones ordinarias (2,03 euros)

Este panorama implica que uno de cada tres euros del gasto público se destine al pago de estas prestaciones, lo que las convierte en la partida más abultada (se han presupuestado más de 160.000 millones para 2021), una tendencia que se acentuará con una población cada vez más envejecida y una natalidad entre las más bajas del mundo, lo que agudiza la falta de reemplazo en el mercado laboral.

Este problema de reemplazo, a la espera de los saldos migratorios, apunta a que la tasa de dependencia (relación entre cotizantes y pensionistas) siga su deterioro. A mediados de siglo, esa tasa de dependencia, medida como población de más de 66 años respecto a la de entre 16 y 65, se situará en el 55%-65%, según el informe «Las pensiones en España», elaborado por las fundaciones Civismo, Friedrich Naumann y el Instituto Juan de Mariana. Todo ello en un contexto de paro muy elevado.

Tasa de retorno

¿Pero es igual de generoso el sistema con todos los cotizantes? La respuesta es que no. La Tasa Interna de Retorno (TIR), que compara el valor presente de las cotizaciones realizadas por un trabajador a lo largo de su vida laboral con el valor presente de los importes de pensión que recibe durante su jubilación, da una medida dispar de la rentabilidad que obtendría cada trabajador a partir de las aportaciones realizadas al sistema.

Por tipo de pensión, el rendimiento más bajo en media corresponde a las pensiones anticipadas, con un 2,8%, mientras que la rentabilidad media de las pensiones ordinarias alcanzaría el 4,1%. ¿Qué ocurre con las pensiones demoradas voluntariamente? Que obtendrían una rentabilidad media del 3,7%, cercana pero menor que la de las pensiones ordinarias, lo que sugeriría –según el Banco de España– que el incentivo a prolongar la vida activa y posponer la jubilación sería escaso desde el punto de vista del rendimiento financiero.

Sin embargo, los trabajadores que acceden a jubilaciones anticipadas, parciales o flexibles acreditan períodos de cotización más altos que la media: en torno a 39 años las altas anticipadas no voluntarias, por encima de 40 años las jubilaciones parciales –que, además, compaginan el cobro de una prestación con la permanencia en el mercado laboral– y 42 años las jubilaciones anticipadas que se producen por libre voluntad.

En contraposición, las jubilaciones ordinarias tienen un período de cotización medio de 34,1 años. Por tanto, la base reguladora promedio de las jubilaciones anticipadas es mucho mayor que las ordinarias. La conjunción de todos estos factores, sumado a que los prejubilados tienen mayores cuantías cotizadas, hace que la pensión media inicial más alta se dé en las jubilaciones parciales (1.635 euros), seguida de las anticipadas voluntarias y no voluntarias (1.597 y 1.369 euros). Las jubilaciones demoradas y las ordinarias recibirían una prestación menor (1.236 y 1.194 euros).

En definitiva, este 40% de prejubilados, por regla general, cotiza más años, por mayor cuantía y recibe menores rendimientos en su pensión. De hecho, en 2021, la pensión máxima es de 2.707 euros en catorce pagas, cuando la base máxima asciende a 4.404 euros, un diferencial del 37%, lo que distorsiona la equidad intergeneracional, ya que individuos con el mismo esfuerzo de cotización obtienen diferentes rentabilidades. Además, no está claro que penalizar esas prejubilaciones, que tienen carreras de cotización más largas suponga un ahorro. Puede ocurrir en los primeros años, pero fuerzan a la Seguridad Social a un desembolso mayor en las siguientes décadas, según los cálculos elaborados por el grupo de investigación en pensiones de las universidades de Valencia y Extremadura.

Por eso, cada vez más voces abogan porque cada trabajador decida libremente cuándo quiere jubilarse sin necesidad de establecer una edad fija, siempre que existan reglas claras. Otro informe de Civismo propone la «flexijubilación» con un rango entre los 60 y los 75 años con ciertos ajustes y la aplicación de un Factor de Sostenibilidad –que Escrivá quiere renombrar como de Equidad– que tenga en cuenta la esperanza de vida.

Entre los ajustes habría que ampliar el período de cálculo de la base de la pensión a toda la vida laboral, con un factor corrector que permita al nuevo pensionista excluir los cinco o diez peores años de su carrera, algo que Escrivá aún mantiene en cartera. También sería necesario establecer un mínimo de 45 años de cotización para cobrar el 100% de la base. El Factor de Sostenibilidad, aprobado en la reforma de 2013 y aún vigente aunque retrasado a 2023, serviría de contrapeso para «estirar» una renta diseñada para 20 años a los 30 años o más. Con unas reglas claras, sencillas y con toda la información, debería bastar para que cada trabajador decida cuándo retirarse.