Nuevos impuestos
El Gobierno recupera la ecotasa que encarecería el precio de los billetes de avión en plena crisis del sector
El Plan de Recuperación enviado a Bruselas propone revisar la fiscalidad del sector aéreo para reducir emisiones contaminantes
El Gobierno ha aprovechado el Plan de Recuperación que ha remitido a Bruselas pararecuperar un impuesto que quedó congelado por la pandemia: la ecotasa a la avión. El denominado componente 28 del proyecto, que aborda la adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI, propone “revisar la fiscalidad del sector aéreo para actuar sobre las emisiones de esos sectores”. Lo hace en un momento en que el sector vive bajo mínimos y pendiente de la incierta recuperación de su actividad.
Aunque detrás de la escueta línea en que se anuncia la propuesta no hay más detalles, lo sí que constan son algunos antecedentes que dan pistas de por dónde podría ir. Antes de la pandemia, la vicepresidenta para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, diseñó un impuesto a semejanza del aprobado por Emmanuel Macron en Francia en 2019 para gravar los billetes de los vuelos con salida en territorio galo hacia aeropuertos de otros países, como ya incluyen Alemania, Italia, Reino Unido y los países nórdicos.
Tanto el Ministerio de Hacienda como Transición Ecológica defendieron en su día que el incremento de estos tributos medioambientales en los ingresos públicos, siguiendo las directrices de Bruselas, aceleraría el cumplimiento de los compromisos de reducción de las emisiones de efecto invernadero prometidos por el Gobierno. Los cálculos prepandemia habían situado los posibles ingresos de esta tasa en torno a los 1.000 millones de euros.
Aunque el Gobierno no ofreció cifras sobre cuál podría ser el recargo a aplicar en los billetes, la Fundación Alternativas, considerada el laboratorio de ideas del PSOE, sí que elaboró un informe que contempla un impuesto equivalente al que se aplica en Alemania, con una extensión del IVA del 10% a todos los vuelos. Según su propuesta, los viajes de corta distancia tendrían un coste adicional de 4,47 euros; los de media distancia de 23,32 euros y el gravamen podría ascender hasta los 41,99 euros en el caso de los viajes de larga distancia. Con ello, el laboratorio del PSOE considera que se podría reducir la demanda de pasajeros y las emisiones de CO2 de la aviación en un 5% en ambos casos. Esta medida generaría, además, una recaudación de 1.300 millones de euros que saldrían directamente del bolsillo de todos los españoles.
Efectos sobre el sector
El sector de la aviación, sin embargo, advirtió de que un potencial impuesto a la aviación lo que haría sería golpear a las finanzas del sector, que van a quedar muy tocadas por la crisis del coronavirus; y, en un efecto de segunda ronda, a las del Estado. Eso es lo que pone de relieve un estudio de los profesores Arturo Benito y Gustavo Alonso, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE), perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), que arroja una contundente conclusión: un impuesto a los billetes de avión puede tener un coste de hasta 1.000 millones de euros para España y 34.000 empleos para el sector de las aerolíneas.
Según el documento de la ETSIAE, por cada 1% de impuesto que se aplicara sobre el billete se producirían unas pérdidas en el sector turístico internacional de 92 millones de euros, y un descenso de 84.000 turistas internacionales, con una destrucción de 3.370 empleos. Sin embargo, el ahorro de emisiones de CO2 que persigue la medida sería casi imperceptible. Apenas alcanzaría un 0,06%, la mitad de lo que descendería el número de turistas internacionales. Y cuanto mayor fuera el porcentaje aplicado a los pasajes, mayores serían las pérdidas. Si el impuesto fuese de un 10% sobre el billete, las pérdidas económicas se elevarían a cerca de 1.000 millones de euros (916 millones) como consecuencia de una caída de casi un millón de turistas internacionales (844.000). Ello tendría un impacto negativo sobre el empleo turístico que se traduciría en una pérdida de casi 34.000 empleos, mientras que las emisiones se reducirían en tan sólo un 0,6%.
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