Hacienda abre la puerta a una subida del IVA superreducido y reducido

Eliminar estos tipos e igualarlos al 21% general tendría un impacto de 18.000 millones de euros en los consumidores. El grupo de expertos que estudia la reforma fiscal analizará los abusos que se cometen en estos tipos

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El Gobierno no se plantea, en este momento, tocar los tipos de IVA superreducido y reducido del 4% y del 10% para elevarlos al general del 21%, pese a las indicaciones de la Unión Europea en ese sentido.

Así lo aseguró ayer la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que compareció ante los medios de comunicación para explicar las componentes 27, 28 y 29 del Plan de Recuperación que afectan a su Departamento. No obstante, dejó la puerta abierta a que el grupo de expertos, constituido por Hacienda para diseñar la reforma fiscal del Gobierno, pueda estudiar si existe o no un uso abusivo de estos dos tipos, tal y como avisa Europa.

Además, así, también lo advierte la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe de análisis de los beneficios fiscales y, por tanto, de control del gasto público, citado en la componente 27 del Plan de Recuperación, que el Ejecutivo remitió a Bruselas el pasado 30 de abril y que permitirá la llegada a España de los 140.000 millones de euros que le corresponde de fondos europeos para la reconstrucción postcovid-19.

Concretamente, la AIReF calcula en 17.786 millones el coste de los beneficios fiscales de gravar los artículos de bienes y servicios de primera necesidad o de aquellos de naturaleza social, cultural o estratégica en lugar de hacerlo al 21%. Es decir que, si estos productos se gravaran al 21%, Hacienda recaudaría casi 18.000 millones más, que es equivalente a la cuantía que se ahorraría en beneficios fiscales.

Según la AIReF, estos tipos benefician más a los hogares con rentas altas, que «son los que más consumen alimentos, bebidas sin alcohol, productos oftalmológicos, mascotas, restauración, transporte, vacaciones, hostelería...»

En este contexto, alerta de que existe un abuso de estos tipos, ya que el 70% del beneficio fiscal se destina a esas rentas medias altas.

Ante este escenario, la AIReF recomienda una revisión paulatina y acompasada con la recuperación de la economía española de los tipos reducidos del IVA «para mejorar la eficiencia distributiva del impuesto, en relación con aquellos bienes gravados ahora a tipos reducidos que consumen fundamentalmente las rentas altas».

Acto seguido, asegura, en su informe, que para no perjudicar a los hogares de rentas más bajas y evitar incrementar la desigualdad en la distribución de la renta «será necesario articular paralelamente medidas de gasto dirigidas a los colectivos más vulnerables, que garanticen un mejor acceso a dichos bienes, así como planes focalizados para la promoción y mejora de la calidad de los sectores estratégicos que se pretenden favorecer mediante el beneficio fiscal», concluye la AIReF.

Por tanto, es de esperar que el grupo de expertos de Hacienda estudie la eliminación de los tipos superreducido y reducido del IVA.

En ese sentido, el Gobierno se muestra partidario de «escuchar», como no podía ser de otra manera, a los gurús fichados por Hacienda para su reforma fiscal. Y si concluyen que se hace un «uso abusivo» de los tipos reducido y superreducido del IVA y hay que eliminarlos, será entonces y no antes cuando el Gobierno adopte una decisión.

No obstante, el Ejecutivo, por el momento, no se ha comprometido con Bruselas a eliminar estos tipos, compromiso que, por tanto, no figura en su Plan de Recuperación, en el que tampoco se detalla cómo serán los venideros cambios fiscales, precisamente, porque los están diseñado el Comité de Expertos.

«Si realmente hay un uso abusivo de estos tipos y así se expresa por parte de los expertos, los vamos a escuchar», reiteró la ministra de Hacienda durante su comparecencia. En todo momento, aseguró que ella no va indicarles a los expertos «lo que tienen que hacer». Se trata de que actúen con la mayor libertad posible.

Retraso de la reforma fiscal

A igual que reconoció semanas atrás la vicepresidenta económica del Ejecutivo, no descartó que la reforma fiscal se retrase si España no logra recuperar su economía a los niveles prepandemia, algo que, según sus cálculos, ocurrirá a finales del próximo ejercicio. «La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica». A su juicio, no hay ninguna cifra de recaudación comprometida con Bruselas sobre la reforma fiscal para 2023, fecha en la que se pondrá, en principio, en marcha.

El compromiso del Gobierno sólo hace referencia a reducir paulatinamente la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España respecto a la media de la zona euro. «No hay compromiso de cifras, ni se ha exigido hasta no ver las conclusiones de los expertos» españoles que preparan la subida de impuestos en nuestro país para 2023. No obstante, determinadas medidas podrían abordarse en 2022, fecha en el que el comité debe de tener listas ya sus conclusiones.

En ese sentido, Montero puntualizó que no se debe presuponer un alza generalizada de tributos. En su opinión, los expertos pueden proponer algún tipo de incentivo fiscal.

Eso sí, quiso dejar claro que «en ningún caso» se van a subir impuestos a la clase media o trabajadora, sino que se abordará la progresividad del impuesto de la renta. «Entendemos que la clase media proporcionalmente paga más impuestos respecto a patrimonios más altos».

En este escenario, aseguró que algo similar ocurre con las pymes, que pagan proporcionalmente más tributos que las grandes empresas.

De ahí su apuesta por reformar el Impuesto de Sociedades. La realidad es que el Gobierno pretende retocar al alza todas las figuras impositivas de nuestro sistema.

De hecho, prepara una armonización fiscal en los impuestos cedidos a las comunidades autónomas de Patrimonio y Sucesiones, así como la creación de un tributo sobre la riqueza.