La Justicia investigará presuntos delitos contra la Hacienda Pública y cohecho en el rescate a Plus Ultra

La titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, va a profundizar todavía más en la investigación del polémico rescate de la aerolínea Plus Ultra. La magistrada ha admitido a trámite la querella presentada por Vox contra el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Bartolomé Lora, y los miembros de su consejo de administración por el rescate de 53 millones de euros que inyectó a la compañía, según consta en una resolución a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

Collazos ya admitió a trámite otra denuncia presenta por Manos Limpias por malversación. Sin embargo, la presentada por el partido de Santiago Abascal tiene un alcance más amplio.Vox amplió hace un par de días la querella que presentó en abril para añadir a los delitos de prevaricación y malversación que ya apuntaba entonces otros contra la Hacienda Pública, tráfico de influencias y cohecho. El partido de Abascal explicó en un vídeo difundido en las redes sociales que habían dado el paso de ampliar su querella tras analizar una serie de documentos que revelarían “irregularidades contables” de gran magnitud. Así, ha enviado otro escrito al Tribunal Supremo, donde ya presentó otra querella en marzo, incorporando un análisis de la situación contable de Plus Ultra conforme al cual la aerolínea no cumpliría los requisitos para beneficiarse de un rescate. “Es una entrega de dinero a fondo perdido a un entramado societario configurado como un ‘holding’ cuya matriz tiene sede en Panamá y de capital venezolano”, afirman en su escrito al alto tribunal.

Otros denunciados

Además de contra Lora, la denuncia también va dirigida contra catorce altos cargos de nueve ministerios que, como vocales, forman parte del consejo de administración de Sepi, desde secretarios de Estado a subsecretarios y directores generales de Hacienda, Transición Ecológica, Defensa, Economía, Transportes, Trabajo, Industria y Presidencia. Entre ellos, la número dos de Hacienda, Inés Bardón; y la que fuera su homóloga en Economía, y Ana de la Cueva, que presentó hace unos días su dimisión.

En su escrito, la juez requiere a la SEPI las actas del consejo rector sobre Plus Ultra, así como el acta del Consejo de Ministros en el que se autoriza la ayuda, los informe de la Comisión de Evaluación y demás informes técnicos junto con los expedientes de todas las solicitudes que concurrieron para el otorgamiento de la ayuda. También requiere un informe sobre los aviones de la aerolínea a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y que se libre oficio a la Agencia Tributaria y a la Tesorería de la Seguridad Social a fin de que se remitan las declaraciones trimestrales de IVA, pago de impuestos, declaraciones anuales 347 así como certificado de deudas de la entidad Plus Ultra Líneas Aéreas y Snip Aviation, el principal accionista de la compañía aérea. También reclama el acta de titularidad real de las acciones y participaciones respectivas tanto de Snip Aviation como de Sky Solution.

Junto a la investigación abierta por este juzgado madrileño, la Comisión Europea ha abierto también pesquisas y ha trasladado al Gobierno español la queja elevada al Ejecutivo comunitario por el jefe de la delegación de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, Luis Garicano.A comienzos de abril, Garitano presentó una denuncia formal ante la Comisión Europea para que investigara como ayuda ilegal de Estado el apoyo del Gobierno a la aerolínea. La denuncia ha sido trasladada a España, que ha presentado sus alegaciones, y ahora el eurodiputado de Ciudadanos tendrá hasta el próximo 21 de mayo para contestar a la defensa del Gobierno.