El negocio de la “okupación”

España es cada vez más un país de okupas. Así lo acreditan los datos. Desde el año 2015, la curva de denuncias por ocupaciones ilegales de vivienda sigue una pronunciada línea ascendente, pasando de 10.376 casos a los 14.675 recogidos en 2020 por la Secretaría de Estado de Seguridad, lo que supone un incremento del 41,4% en apenas cinco ejercicios. Aunque el problema es de ámbito nacional, la incidencia por regiones es muy dispar, con Cataluña -6.647 casos- acaparando casi la mitad de las denuncias. Frente a vecinos como Francia, donde la ley establece un castigo de un año de prisión y una multa de 15.000 euros por ocupación ilegal de vivienda, la legislación española no castiga este tipo de delitos con penas de cárcel, algo que también hacen Reino Unido, Italia o Alemania.

España ha preferido hacer hincapié en medidas legales para desalojar de forma rápida a los okupas. Pero ni siquiera la Ley de Desahucio Exprés aprobada en 2018 garantiza que los legítimos propietarios de una vivienda la puedan recuperar con celeridad. Si todo sale bien, pueden lograrlo en un plazo de treinta días. Pero la experiencia está demostrando que los procesos se suelen dilatar varios meses.

Como aseguran fuentes del sector, para algunos propietarios con recursos, lo más sencillo y rápido es pagar los 3.000 euros de «tarifa» establecida por algunas mafias de okupas para recuperar con celeridad la vivienda. Pero ni todo el mundo dispone de ese dinero ni tampoco está dispuesto a ceder al chantaje. Aunque la realidad es que, de un modo u otro, recuperar una vivienda ocupada acaba costando dinero y alrededor del problema ha surgido un negocio centrado tanto en los desalojos como en la prevención de las ocupaciones.

Las compañías centradas de forma más específica en la desocupación de viviendas como Desokupa -que asegura haber realizado 6.200 desalojos con éxito desde 2016 y se autoproclama líder del sector-, Fuera Okupas o Rekupera aseguran que su método para desalojar las viviendas pivota sobre la negociación. Fuera Okupas, por ejemplo, garantiza que, a cambio de un precio cerrado, su ratio de éxito es del 98%. Su sistema incluye la suscripción de una toma de posesión, según la cual nada se reclaman las partes ni por la okupación ni por ningún otro concepto (por ejemplo, los posibles daños ocasionados al inmueble).

In fraganti

Rekupera ha optado por un sistema que se basa en primer lugar en sorprender a los okupas «in fraganti», circunstancia que, asegura, facilita el proceso de desalojo. Lo que hace es «poner dificultades» a los okupas para que no entren de nuevo en las viviendas cuando salen de ellas. Para ello, utilizan «medios técnicos» que eviten su entrada y que prefieren no desvelar para no dar pistas.

La recuperación de las viviendas, según explica su fundador Juan Víctor Mainer, no suele llevarles más de dos o tres horas, frente a las dos o tres semanas que tardan en planificarla. Una vez que los okupas se presentan en la vivienda y no pueden entrar, el equipo de mediación de Rekupera entra en acción. Cada vez que van a intervenir, avisan a la Policía Nacional o la Guardia Civil. «Hay un momento al final del proceso en el que nos juntamos nosotros, los dueños de la vivienda, los okupas y las Fuerzas de Seguridad», según Mainer. Los agentes le hacen ver en esos momentos a los okupas los riesgos legales que corren si siguen en la casa y «al final, se acaban marchando», explica.

Pero junto a las compañías que centran su negocio en la desocupación, están proliferando otras especializadas en la prevención de la okupación con diferentes modelos de negocio.

Uno de ellos es el que ha importado desde los Países Bajos Ideal Guardian. Este país ha implantado un modelo de gestión de espacios vacíos que es valorado por algunos expertos por haber conseguido en los últimos años reducir el problema de la ocupación que azotaba a ciudades tan importantes como Rotterdam y que ha facilitado el acceso a viviendas económicas a colectivos vulnerables. De la administración de los locales se encargan empresas a las que particulares y grandes tenedores recurren cuando tienen un edificio en tales condiciones. Una de ellas es, Ideal Guardian, que desembarcó en España en febrero para implantar este modelo.

Su sistema se basa en que los inquilinos de inmuebles hagan las veces también de guardianes contra los okupas. Tras la inspección del edificio que queda vacío, y que no tiene por qué ser de viviendas -han reconvertido en País Bajos a uso residencial otros que originariamente eran colegios u oficinas- valoran la viabilidad de implantar en él su modelo. Descartan los inmuebles no aptos y, entre los que reúne las condiciones necesarias para habitarlo, si hay que hacer algunas modificación por mantenimiento o para adaptar el espacio para la residencia, las señalan y diseñan una solución. La compañía presume de ser capaz de ejecutar en un tiempo récord estos arreglos para que el espacio permanezca vacío el menor espacio de tiempo posible. Por ejemplo, aseguran que en un periodo de entre 24 y 48 horas pueden, son capaces de instalar un baño donde antes no había.

«Win-win-win»

Una vez que tienen el inmueble en condiciones, desde la empresa seleccionan al guardián, nombre con el que denominan al inquilino que, a cambio de un alquiler a un precio más económico y temporal, se compromete también a vigilar el estado del inmueble. La compañía asegura que su modelo de negocio es un «win-win-win». Se beneficia el propietario de edificios vacíos; se beneficia el guardián, que accede a una residencia temporal; y, en definitiva, se beneficia el entorno de ese edificio y, por tanto, el conjunto de la comunidad, pues se evita un espacio vacío y que pueda ser ocupado, con las consecuencias que eso tiene desde el punto de vista social y económico, aseguran desde la compañía neerlandesa.

El objetivo de Ideal Guardian es lograr situar este año a 5.000 guardianes residiendo en edificios vacíos a lo largo y ancho del país, si bien por el momento no ha facilitado datos sobre cómo marchan sus planes.

Okupas No también pone el énfasis en prevenir la entrada de okupas, aunque, en su caso, recurriendo a una estrategia jurídica patentada desde 2018. Como explica Sergio Gonzálvez, consejero delegado de Okupas No, su modelo se sustenta sobre la firma de un acta de manifestaciones ante un notario. En este documento, «se establece que la vivienda es de uso familiar». Esto, según asegura Gonzálvez, lo que provoca es que «cuando entra alguien, incluidos los posibles okupas, se considere un allanamiento de morada, un robo, lo que posibilita de forma inmediata la actuación de la Policía». De otro modo, añade, la entrada de un okupa puede dar pie a un largo proceso judicial que puede durar años.

Para alertar a la Policía de la llegada de intrusos, Okupas No instala una alarma, que tiene un coste de unos 670 euros. Además, incluyen un seguro anual que, por un coste de unos 60 euros anuales, incluye una indemnización de hasta 6.000 euros en caso de ocupación y asesoramiento jurídico para efectuar el desalojo. Eso sí, en las centenares de viviendas en las que han implantado su modelo -unas 200 o 300, según Gonzálvez- no han registrado hasta el momento ningún caso de okupación. Ahora, asegura que se encuentran en negociaciones con grandes tenedores de inmuebles residenciales, como bancos o aseguradoras, que suman un parque de 100.000 unidades y que estarían interesadas en contratar sus servicios para proteger sus viviendas contra los okupas.

Muchas de estas compañías, que tienen contratados «servicers» inmobiliarios para comercializar sus viviendas, emplean ahora métodos tan básicos para protegerlas como no colgar el clásico cartel de «se alquila» en aquellos lugares donde hay más riesgo de ocupación. Y en los anuncios que cuelgan en internet, se toman precauciones como ocultar la dirección exacta donde se ubica el inmueble en el anuncio, eliminando la dirección del portal, piso o puerta; y se evita poner en el anuncio fotos de la fachada del edificio o de elementos que, de un vistazo, permitan su posible identificación.