8.600 millones en exportaciones, bajo la lupa mundial por culpa de Garzón

La polvareda levantada por el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre su propuesta de comer menos carne por razones de salud y para reducir la contaminación, levantando dudas sobre el compromiso medio ambiental del sector cárnico y ganadero español, no es una propuesta nueva, ya que ha formado parte del discurso público de parte del Gobierno –preferentemente de los representantes del Podemos, pero también de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera–. Así, se plasmó en la estrategia España 2050, un plan de largo recorrido elaborado por cien expertos de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia creada en esta legislatura con el beneplácito de Pedro Sánchez.

El plan España 2050 marca un futuro sostenible, con un transporte interno sin aviones, energías limpias, descarbonización total y... una sociedad sostenible en la que prime el menor consumo de carne. Y aquí está el quiz de la cuestión a la que se ha agarrado el ministro Garzón para soltar su bomba. De forma textual en la página 190 del documento se advierte explícitamente de que «la población española tendrá que reducir su ingesta de alimentos de origen animal». El texto plantea también avanzar en el recorte de emisiones de CO2 y de efecto invernadero, de ahí la afirmación errónea del ministro sobre el nivel de contaminación ambiental del 14,5% del sector ganadero. En realidad es el 9,1%, según el propio Ministerio de Rivera, por lo que asaltan las dudas sobre las verdaderas intenciones de este ataque.

Una campaña como esta, que ha tenido una alta repercusión mediática –incluso fuera de nuestras fronteras–, resulta un golpe en la línea de flotación de la siempre sensible tasa reputacional empresarial. Aún no puede ser computable, pero el sector cárnico, uno de los que más ha crecido en el último lustro, duplicando sus cotas de producción, exportación e ingresos, teme sufrir un parón por las decisiones que pueda tomar el Ejecutivo sobre su industria, que alcanza ya una cifra de negocio de casi 28.000 millones de euros, el 22,2% de todo el sector alimentario español y el 2,32% del PIB total español, el 16,2% del PIB de la rama industrial y el 4,2% de la facturación de toda la industria española.

Pero es en las exportaciones donde más daño puede sufrir el sector, ya que la tendencia de muchos países a la protección medioambiental puede hacer retraer sus importaciones de carne española en beneficio de otras supuestamente más ecológicas –o con mayor protección de sus Gobiernos–. En 2020 se alcanzó una cifra récord –en un año marcado por la pandemia–, con más de 3,2 millones de toneladas de carnes, despojos y productos elaborados de todo tipo exportadas, por valor de 8.680 millones de euros, vendidas en mercados de todo el mundo.

Eso ha supuesto un 15% más que el año anterior, elevando el signo positivo de la balanza comercial del sector hasta un 800%. Estas cifras se han conseguido por la alta especialización y eficiencia del tejido industrial, constituido por 3.000 empresas de elaboración y procesado cárnico, a las que hay que sumar las 500.000 explotaciones agrarias, casi todas familiares, especialmente desarrolladas en las zonas rurales, lo que contribuye fijar a la población y se evitan los efectos negativos de la despoblación. Salvo que el ministro Garzón opine también lo contrario.