Acelerón del Gobierno a la reforma laboral y frenazo a una reforma fiscal “en pañales”: mínimo en 2023

Moncloa encara, tras el verano, los retos económicos claves para poder concluir la legislatura. Se empleará a fondo para lograr el apoyo de sus socios nacionalistas a las “decisivas” cuentas de 2022

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero
La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús MonteroChema MoyaEFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es consciente de que su futuro en La Moncloa depende de la adopción de unas cuantas medidas económicas acertadas. Ni Afganistán ni la crisis con Marruecos ni tan siquiera la espiral alcista de los precios de la luz, que divide internamente a los socios del Gobierno, parece, en principio, que puedan provocar un seísmo de tal magnitud como para desalojarlo de su poltrona. Los asesores monclovitas lo tienen claro. Por encima de cualquier cuestión, un eventual cierre del grifo de los fondos europeos precipitaría un adelanto electoral, con un brusco frenazo de la inestable recién estrenada recuperación económica. Para evitar esta posibilidad, es imprescindible que el Ejecutivo consiga los votos necesarios para sacar adelante los “decisivos” Presupuestos Generales del Estado de 2022, que deberán adaptarse al Plan de Recuperación, con el fin de que el maná comunitario, transformado en una ingente inyección de capital, siga llegando a España. De ahí que lo prioritario para el Gobierno sea la negociación con sus socios nacionalistas, que acelerará este mes de septiembre, con el punto de mira puesto en que las cuentas que vienen entren en tiempo y forma en el Congreso de los Diputados, es decir, antes del día 31 de ese mes.

Estos Presupuestos irán acompañados de un paquete de reformas estructurales, exigidas por Bruselas. Dentro de este paquete, por el momento, la que menos ocupa y preocupa al Ejecutivo es la fiscal, que se encuentra aún en “pañales”. Además, de entrar en vigor lo hará en 2023, justo el año que tocan las elecciones generales, cita que, sin duda, dificultará su puesta en marcha, según admiten fuentes socialistas a este diario. Por ahora, el Gobierno está volcado en las que exige Bruselas con más insistencia para seguir recibiendo los fondos europeos (la de pensiones y la laboral). De momento, han llegado tan sólo 9.000 millones de los 70.000 millones en subvenciones a fondo perdido que le corresponde a España. A los que hay que sumar otros 70.000 millones en créditos y, por tanto, a devolver.

Por eso la consigna dada desde La Moncloa al resto de los miembros del Gabinete, especialmente a los integrantes del equipo económico, es “diálogo, diálogo y más diálogo” para superar la fragilidad parlamentaria, según confirman a LA RAZÓN fuentes gubernamentales. La reforma de las pensiones, aprobada por el Consejo de Ministros, ya parece estar encauzada, eso sí, no en los términos que deseaba Bruselas ni que recomiendan el Banco de España o la AIReF para hacer frente a los retos futuros del sistema público de pensiones y garantizar su viabilidad. De hecho, si en los próximos años se desea garantizar los actuales importes de las nóminas de las pensiones de los futuros pensionistas y no declarar la bancarrota de la economía española, irremediablemente los trabajadores en activo y las empresas deberán contribuir más al sistema de la Seguridad Social. Concretamente, si España apuesta por mantener las nóminas actuales de sus pensionistas en 2050, el tipo efectivo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores en activo en esa fecha deberá subir ocho puntos porcentuales. Así lo ha advertido el Banco de España en los últimos meses. Por el contrario, si se opta por mantener la actual contribución habrá que reducir la tasa de beneficio, léase el importe de la pensión.

Otras de las reformas más urgentes impuesta por Bruselas es la del mercado de trabajo. Así lo ha avisado, en reiteradas ocasiones, la propia vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, que cree prioritario su entrada en vigor en enero próximo. Sin embargo, no parece fácil la negociación con los agentes sociales. Además, los sindicatos no están dispuestos a seguir en la mesa si no se decreta una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de la aprobación de los Presupuestos de 2022, en los que deberán figurar estos cambios. En este escenario, Calviño luchará hasta el final por una subida del SMI a partir de enero del próximo año. No obstante, está dispuesta a dar su brazo a torcer y a bendecir su alza ahora y también en enero con tal de que haya fumata blanca en la reforma laboral. Además, de paso, así garantizará para su jefe de filas el apoyo de sus socios de Podemos a las cuentas del próximo año. Para terminar de atornillar el respaldo de los de Yolanda Díaz, el equipo económico socialista dará un impulso a la Ley de Vivienda para controlar el precio de los alquileres, tal y como reclaman los podemitas.

No obstante, la tendencia alcista de la tarifa de la luz constituye la cuestión aparentemente más insalvable y que amenaza con enquistar la relación con sus socios gubernamentales. De ahí las advertencias del Gobierno de que Bruselas impide intervenir los precios, tal y como solicita los de la fuerza morada. Sin embargo, pese a la distancia que les separa, fuentes socialistas consideran que lograrán salvarlas y que, al final, Díaz apoyará los Presupuestos. “A ella tampoco le interesa ahora la convocatoria anticipada de unas elecciones. Tiene más que perder que ganar”, avisan las mismas fuentes. Además de conseguir el apoyo de Podemos, el Gobierno deberá lograr el respaldo de ERC y del PNV. A ambas formaciones políticas, al igual que a los podemitas, les “aterra un adelanto electoral por un resultado más bien incierto para sus intereses”, aseveran a este diario fuentes de los nacionalistas vascos. Por tanto, el Ejecutivo no cree que tenga excesivos problemas para alcanzar un consenso con estas fuerzas, “más allá de los tiras y aflojas propios de la negociación”.

Demandas nacionalistas

El Ejecutivo está dispuesto, en este escenario, a claudicar ante algunas de sus peticiones. Cataluña y el País Vasco demandan que les dejen gestionar los fondos europeos que ellos consideran les corresponden, según el peso de sus territorios en la economía española. Según estos cálculos, a los catalanes les toca unos 14.000 millones y a los vascos, 6.500 millones. Bruselas no deja distribuir esta ayuda por territorios, sino por proyectos. Para el PNV y ERC, constituye una reivindicación histórica la cifra de inversiones del Estado, y especialmente en infraestructuras, en sus autonomías. Por eso en esta negociación la vuelve a considerar prioritaria. Cataluña demanda entre inversiones y transferencias del Estado 2.800 millones de euros para el año que viene y el País Vasco, unos 600 millones.

Además, volverán a poner encima de la mesa, en cumplimiento de los Estatutos vascos y catalán, la transferencia de la gestión de 35.706 millones de 2,26 millones de pensionistas, tal y como reclamaron en la concertación de los Presupuestos del Estado de este año. El País Vasco pide desde hace años la transferencia de la gestión económica de 560.000 pensionistas por 10.131 millones y Cataluña la cesión de la gestión económica de 25.575 millones de 1,7 millones de pensionistas.

Los nacionalistas catalanes demandarán, una vez más, su histórica vindicación de ajustar sus finanzas al sistema del cupo, que brinda el concierto económico, modelo del que sólo disfruta el País Vasco y Navarra con ajustes. Sin embargo, son conscientes de que esta batalla la tienen perdida. Están convencidos de que el resto de las autonomías no permitirán que esto ocurra. «Habría tal rechazo que sería imposible llevarlo acabo». Eso sí, saben que pueden conseguir aumentar sus transferencias para dependencia y Mossos de Esquadra.

Reforma fiscal, en el aire

Otra de las reformas que prepara el Ejecutivo es la del sistema fiscal español, incluido la del “obsoleto” modelo de financiación autonómica. Hacienda le encargó en abril pasado a un comité de expertos, presidido por Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de la Fundación Alternativas, próxima al PSOE, la elaboración de una hoja de ruta sobre estos cambios, que pretenden, en principio, darle una vuelta completa a la arquitectura impositiva del país. Sin embargo, a seis meses escasos de que la reforma tenga que estar lista, ya no parece que el Gobierno tenga tanta prisa por su entrada en vigor. De hecho, si lo hace será en 2023, año de campaña electoral por la cita de las generales a finales del ejercicio. En este sentido, fuentes consultadas por LA RAZÓN próximas al comité de expertos reconocen que este estudio se encuentra aún en “pañales” y que no será hasta septiembre cuando se comience a dar un impulso al mismo. Según fuentes socialistas, el Gobierno parece que ha aparcado en esta legislatura su deseo de acometer una reforma fiscal en «profundidad y ambiciosa» en la que se retoque todas las figuras impositivas de la economía española. En este contexto, no se descarta que esta reforma pudiera entrar después de los comicios generales, si Sánchez consigue continuar como inquilino de La Moncloa.

Otro de los escollos con los que tropieza esta reforma fiscal es con la división interna surgida en el seno de ERC sobre la oportunidad de armonizar las figuras impositivas cedidas a las autonomías, tal y como demandó, en su día el Gobierno de Torra y secundó la ministra de Hacienda. Por si fuera poco, se antoja bastante complicado un consenso entre todos los partidos alrededor de un nuevo modelo de financiación autonómica, cuyo estudio se ha incluido en la reforma. Con estos mimbres, parece que estos cambios del sistema tributario están más en el aire que nunca. No obstante, no se descarta que Hacienda aplique algún retoque impositivo aislado de los que proponga el comité de expertos.