El Gobierno, sin índice de precios para limitar los alquileres ni metodología para calcularlo

La herramienta clave para el control de precios del alquiler en zonas tensionadas para los grandes propietarios empresariales -aquellas compañía que tengan más de diez viviendas en alquiler en cartera- no está disponible. A pesar de que el PSOE y Unidas Podemos cerraron el martes un acuerdo para desbloquear la Ley de Vivienda que recoge esta intervención de precios, las prisas por alcanzar un pacto que permita a Pedro Sánchez encarrilar los Presupuestos del año que viene han provocado que el Ejecutivo no tenga todavía el índice que regulará los arrendamientos en las zonas de mercado tensionadas ni tampoco definidas las herramientas para calcularlo.

Según lo avanzado hasta ahora, la nueva Ley de Vivienda recogerá que en aquellas zonas que sean determinadas de precios tensionados, los grandes tenedores empresariales de inmuebles residenciales en alquiler deberán ajustar por ley las rentas al precio medio marcado por el futuro índice de referencia en el caso de que no prorroguen los contratos existentes al mismo precio y firmen otros nuevos. Hasta ahora, se daba por hecho que esta herramienta sería el Sistema de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda desarrollado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y presentado por José Luis Ábalos en julio de 2020. Sin embargo, no será así. Y no lo será porque este índice recoge datos que van con un año de retraso, lo que impide tener una imagen fidedigna de la realidad del alquiler en las zonas que vayan a solicitar la condición de tensionadas.

Instrumento muy preciso

El Ejecutivo defiende que el sistema de índice de precios en el que se basen las intervenciones de rentas debe ser un instrumento «muy útil» y «muy preciso» y, en este sentido, debe estar muy «trabajado». Por eso, la norma va a establecer un plazo de hasta 18 meses para que los ministerios y las administraciones implicadas trabajen en esta cuestión, después de que la norma haya entrado en vigor. Eso significa que, como pronto, no habrá un sistema de referencia de precios al menos hasta finales del próximo año, como reconocen desde el Gobierno, que también admite que, de momento, no está claro qué estadísticas o instrumentos se emplearán para confeccionar este nuevo índice. Las fuentes de información del sistema que presentó Ábalos eran la Agencia Tributaria, el catastro inmobiliario, el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Registro de la Propiedad, el Banco de España y los depósitos de fianza de las CC AA, así como los datos de oferta de los portales inmobiliarios.

De esta manera, los grandes arrendadores seguirán teniendo por delante varios meses en los que negociar sus contratos con total libertad sin preocuparse de si las rentas en las zonas tensionadas están por encima de la media que marque el futuro índice y deben ajustarlas a la baja. Lo que sí tendrá carácter inmediato serán el resto de medidas que recoge la ley una vez sea aprobada en las próximas semanas, si se cumplen los planes de Moncloa. En el caso de los pequeños propietarios, aunque tendrán que congelar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas si prorrogan los contratos o rebajarlos para beneficiarse de las deducciones fiscales que prepara el Ejecutivo, también tendrá la posibilidad de incrementar los precios. Será, eso sí, en casos excepcionales y ligados a la rehabilitación del inmueble, siempre que se logren mejoras, por ejemplo, de tipo energético. Lo que el Ejecutivo no tiene todavía definido es en que porcentaje podrán incrementar el alquiler.

En el caso de los beneficios fiscales a que podrán acogerse los particulares que rebajen precios en zonas tensionadas, el Sindicato de Inquilinos calcula que esta ventaja como condición para bajar un 10% el alquiler resultaría rentable para los arrendadores que perciben ingresos por rentas de contratos de alquiler superiores a 3.000 euros. En un comunicado, la organización criticó que las bonificaciones fiscales del 90 % para que los particulares implican una transferencia directa del conjunto de la sociedad a los hogares con ingresos más altos.

Al hilo de las bonificaciones, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, el otro miembro del ala socialista del Gobierno que ha negociado codo a codo con Sánchez el acuerdo con Podemos; advirtió ayer a las comunidades que se han mostrado ya reacias a la Ley de Vivienda que si no la aplican «perjudicarán» a todos, propietarios e inquilinos, porque no podrán acogerse a los beneficios y bonificaciones fiscales que ofrece. Bolaños, tras señalar que el Ejecutivo toma las medidas que le corresponden a nivel estatal y que respeta las competencias autonómicas y locales, Bolaños apuntó que la ley es «muy ambiciosa» y contiene medidas «de todo tipo» para garantizar el derecho a la vivienda.