El personal incluido en el régimen de clases pasivas del Estado quiere aprovechar la reforma de las pensiones para mejorar su situación respecto a las que reciben los beneficiarios de las del Régimen General. Los funcionarios incluidos en este régimen tienen derecho a una pensión de jubilación siempre que tengan cotizados más de 15 años efectivos al Estado. Sin embargo, la cuantía de la pensión ordinaria se determina por un mecanismo distinto a las del resto de pensionistas.

Las cuantías parten del haber regulador que corresponda, según el Cuerpo o categoría del funcionario, al que se aplica el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.

Estos haberes reguladores (bases para el cálculo de las pensiones de clases pasivas) se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada grupo. En 2021, para el A1 fue de 42.563 euros al año con el 100% que otorgan 35 o más años de servicio; para el A2, de 33.498 euros; para el B, de 29.333 euros; para el C1 de 25.727 euros, para el C2 de 20.354 euros y para el E y agrupaciones profesionales, de 17.354 euros.

Para el cálculo de la cuantía de la pensión, a diferencia del Régimen General donde se tienen en cuenta los últimos 25 años, se computa toda la vida laboral del trabajador. Esto supone una doble penalización, según denuncian los funcionarios. Por un lado, no se cotiza sobre el conjunto de retribuciones que se perciben sino por la regulación anual de los Presupuestos y por otro, al computarse toda la vida laboral se perjudica las carreras profesionales que culminan en una categoría superior, algo muy frecuente en la carrera funcionarial. Esta circunstancia puede suponer una merma en la pensión de entre el 15% y el 35%, en función del grupo profesional, en relación con la cuantía que se percibe en el Régimen General, según los cálculos realizados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En este sentido, CSIF ha reclamado a los grupos parlamentarios la equiparación de la cuantía de las pensiones de Clases Pasivas a las del Régimen General. El sindicato ha propuesto a los distintos partidos establecer un incentivo de un 5% anual acumulable para aquellos empleados públicos pertenecientes a clases pasivas que decidan voluntariamente prorrogar su vida laboral más allá de la jubilación voluntaria cuando se percibe el 100% de los haberes, cumplidos los 35 años de servicio.

Esta propuesta además de corregir la desigualdad en la cuantía de la pensión, reivindicación histórica de CSIF, se traduce también en un ahorro económico. Según la memoria económica que apoya la propuesta de CSIF, si el 50% de las jubilaciones voluntarias efectuadas en 2020 hubiesen prorrogado su vida laboral, supondría un ahorro económico de 50 millones de euros para la hucha de las pensiones.