El Gobierno cuela por sorpresa el superfondo de pensiones de Escrivá sin contar con patronal y sindicatos

Sorpresa y malestar entre empresarios y sindicatos ante la última ficha movida sobre el tablero de las pensiones por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ha incluido en el anteproyecto de ley de la reforma del sistema los planes de empleo empresariales o colectivos de corte público, a los que se ha dado luz verde sin el visto bueno de los agentes sociales. Éstos han mostrado su enfado ante este “nuevo ninguneo” por parte del ministro a la mesa de diálogo social, lo que ha generado un gran enfado entre los agentes sociales, que consideran esta maniobra del ministro Escrivá como un ataque directo al diálogo social.

El Consejo de Ministros ha aprobado este superfondo “para facilitar el acceso a planes de pensiones colectivos a trabajadores de rentas medias y bajas y de pequeñas y medianas empresas, así como a trabajadores autónomos y jóvenes”, según las propias palabras de Escrivá durante la rueda de prensa posterior al Consejo. La norma prevé la creación de fondos de empleo de promoción pública, que facilitarán la adscripción de todo tipo de trabajadores y la creación de planes simplificados, “en los que los convenios colectivos serán el instrumento clave de impulso”.

En estos momentos, los planes colectivos de pensiones en España solo alcanzan al 10% de los ocupados, mientras que en Europa la cifra tiene una horquilla de entre un 25% y un 90%. El Gobierno ha querido dar así respuesta a la Recomendación 16ª del Pacto de Toledo, que forma parte del componente sobre pensiones del #PlanDeRecuperación, con el objetivo de ampliar el número de españoles que tienen un plan de pensiones que complemente su pensión, “ofreciendo menores comisiones que los planes privados”, que serán los grandes perjudicados tras haber sufrido mermas fiscales durante los dos últimos años.

Estos fondos colectivos estarán supervisados por una comisión de control, con diecisiete miembros repartidos entre los sindicatos, la patronal y el Ministerio de Seguridad Social.

Los sindicatos, que no veían con malos ojos esta medida, han mostrado su desconcierto y su malestar con el Gobierno por haberla incluido “por sorpresa” sin haberlo discutido antes en la mesa de diálogo social. Más duros se han mostrado los empresarios, que critican que se haya “aprobado por la puerta de atrás” sin ni siquiera haberse planteado en la negociación. Ambos agentes sociales recuerdan que la discusión de este superfondo estaba programada para ser tratada durante 2022, con el objetivo de ser aprobado -“si así se decidiera”, explica la patronal- en el mes de junio de 2022, según se comprometió el Gobierno con Bruselas en el Plan de Recuperación. Tanto empresarios como sindicalistas insistieron a LA RAZÓN en que “ni siquiera sabemos las condiciones de estos fondos” al no haber recibido ninguna información. “Ni lo hemos visto ni lo hemos negociado”, critican.

Escrivá defendió su decisión porque España vive una “situación anómala desde hace dos décadas” en cuanto a planes colectivos, que se encuentran estancados, frente al crecimiento de los planes individuales. Estos últimos, beneficiaban, además, a las rentas altas y muy altas, como ha apuntado el ministro. Además, los planes colectivos “estaban sometidos a una serie de trámites muy extensos, que dificultaban su creación”. Según ha dicho, esta medida va “orientada a eliminar todos los obstáculos que hasta ahora han dificultado la extensión de los planes colectivos”, ha añadido.

Lorenzo Amor, vicepresidente de CEOE y presidente de ATA, mostró su indignación con esta decisión y cargó con lo que entiende es otra traición al diálogo social. “El Gobierno aprueba hoy un anteproyecto de Ley sobre planes de pensiones de empleo de espaldas al diálogo social, con un total desconocimiento del texto que se aprueba por nuestra parte y sin haber sido negociado en la mesa. Solo se presentó un texto inicial, unas alegaciones y una propuestas presentadas en su momento y sin respuesta aún”.