El motor denuncia que la tasa de matriculación será la puntilla del sector si el Gobierno insiste en aplicarlo

Los empresarios del sector del motor, que mueven en España más del 13% del PIB y aproximadamente el 11% del empleo, se han enfrentado al Gobierno por la falta de previsión en sus medidas para afrontar la grave crisis que sufre los automóviles desde hace más de dos años. El anunciado incremento del impuesto de matriculación, el retraso de los PERTE y la nueva reforma laboral pueden dar la puntilla a esta industria que, con sus exportaciones de más del 85% de su producción, es esencial para el equilibro de la balanza de pagos.

«De nada sirven las buenas palabras. Con motivo del Salón de Barcelona, el presidente del Gobierno prometió reformas para poder ayudar a salir de la crisis al sector. Pero no se ha hecho nada. Incluso se sigue con la intención de incrementar el anacrónico impuesto de matriculación, lo que será la ya puntilla para hundir aún más las ventas», comentaba hace unos días un alto ejecutivo de una de las principales marcas de automóviles establecidas en España. «En las multinacionales las programaciones se hacen a medio y largo plazo y actuaciones como la del Gobierno de España pueden hacer mucho daño a años vista. Parece que sólo miran a corto plazo», comentaba a LA RAZÓN otro de los responsables del sector.

A pesar de que las ventas de automóviles en España se están desplomando, el Gobierno mantiene la intención de subir el anacrónico impuesto de matriculación. Una tasa que prácticamente ya no existe en Europa. Este impuesto, aconsejado por la ministra Teresa Ribera, se estableció el pasado 1 de enero, pero el Gobierno tuvo que retirarlo a mitad de año ya que fue rechazado por el Congreso. Ahora quiere reactivarlo, lo que significará un apreciable incremento del precio de los automóviles y, por lo tanto, un nuevo motivo para que se contraiga la demanda.

La norma incrementará el impuesto de matriculación en un 4,75% a los coches que emitan más de 120 gramos de CO2 por kilómetro; un 9,75% a los que superen los 160 gramos y un 14,75% a los que superen los 200 gramos. Quedan exentos de este impuesto todos los vehículos por debajo de los 120 gramos de emisiones. Pero se calcula que, dada la producción actual española y la evolución del mercado, alrededor del 40% de los coches que se matricularán a partir de enero sufrirán un incremento de precio. En un coche medio de 126 gramos de emisiones y en torno a los 30.000 euros, la subida será del orden de unos 1.500 euros.

«Con medidas como esta se están cargando la gallina de los huevos de oro», comentaba a este periódico otro empresario, que ponía como ejemplo que, en el pasado mes de octubre, la recaudación pública por impuesto de matriculación, tasa que está transferida a las comunidades autónomas, se situó en 21,74 millones de euros, lo que supone una caída del 36,08% en comparación con los 34,13 millones de euros que se ingresaron en el mismo mes de 2020. En lo que va de año, las administraciones públicas recaudaron 411,85 millones en concepto de este impuesto, un 27,4% más que los 298,9 millones de euros ingresados por esta tasa entre enero y octubre de 2.020.

Otra de las grandes preocupaciones de los empresarios del motor es el aspecto de la reforma laboral que prima los convenios sectoriales sobre los particulares de las empresas que, en opinión de los dirigentes, es malo tanto para los trabajadores como para las empresas. Para los primeros, porque el sectorial del metal tiene salarios más bajos que los del automóvil, y para la empresa porque limita las posibilidades de flexibilidad de la producción. En un momento en que las fábricas tienen que adaptarse a la demanda y al suministro de componentes, los planes de flexibilidad laboral hacen que los trabajadores puedan mantener sus puestos de trabajo. Así por ejemplo, Renault ha firmado esta semana mismo un plan de ERTE que puede afectar a 8.777 trabajadores hasta el 30 de junio de 2022 y que les garantiza el 85% del salario bruto individual y la totalidad de las pagas y vacaciones, condiciones más complicadas de tener en un convenio sectorial.