Energía
El motor de la industrialización europea durante más de dos siglos agoniza. El carbón, que tiñó de negro ciudades enteras, proveyendo de calor a los hogares de las urbes del Viejo Continente y de vapor a sus fábricas, ha quedado casi relegado a la quema residual para la producción eléctrica y hace medio siglo que sus cenizas han dejado de formar parte de la estampa de ciudades como Londres o el mismo Bilbao. Sin embargo, el carbón se resiste a morir. La piedra angular de guerras ancestrales y de conflictos sociales menos pretéritos, que sacudieron las cuencas mineras durante el pasado siglo hasta su nunca concluida reconversión, está hoy casi proscrito pese a que, con la escalada de los precios de su sucesor, el gas natural, aún sería rentable. Acusado de ser el combustible fósil de mayor impacto en el cambio climático, el carbón perdura en buena parte del Este europeo y se expande en Asia, con China a la cabeza, aunque en España tenga los días contados. Sin embargo, la reapertura temporal de la térmica coruñesa de As Pontes propiedad de Endesa, y los intentos por reactivar la gaditana de Los Barrios, comprada por EDP a Viesgo, ha reabierto el debate sobre si sería rentable mantener alguna central como comodín en caso de que fuera necesario requerir a ella ante situaciones de crisis, tanto de precios como de suministros, y mientras las renovables, con la fotovoltaica en expansión, logran llenar el vacío de la nuclear y de los ciclos combinados de gas.
Mientras decenas de siderúrgicas españolas, la última de ellas Ferroglobe, grupo especializado en la producción de silicio metal y ferroaleaciones, cierran buena parte de sus hornos por los altos precios de la electricidad pese a estar ubicados mayoritariamente en antiguas cuencas mineras, y la industria del azulejo y de la cerámica industrial, que representa un 2,7% del PIB de la industria patria y emplea a 60.000 trabajadores, padece sobrecostes energéticos superiores a los 700 millones, se levantan cada vez más voces que piden mantener una residual y estratégica reserva minera y térmica.
Así al menos lo estiman desde el último pozo de carbón para generar electricidad que languidece en España, el asturiano de «San Nicolás», abierto desde 1860. Situado en la parroquia mierense de Lloredo, emplea a 300 trabajadores. Conocido popularmente como pozo Nicolasa, propiedad de la estatal Hunosa, los sindicatos aún pelean para evitar el cierre definitivo de la mina, sobre el papel previsto para este mes de diciembre, y para mantener la térmica de La Pereda, también de Hunosa, que tiene previsto cambiar el carbón y los estériles de escombreras a la biomasa forestal asturiana. «Esta escalada de precios cambia el escenario. La realizad es tozuda y hay que ser flexibles», asegura a LA RAZÓN José Luis Alperi, secretario general del Soma-Fitag-UGT. «Todos los países están buscando recursos autóctonos y nosotros debemos hacer lo mismo con el carbón del pozo San Nicolás. No seamos tontos, no hay nada que nos obligue a un cierre que implicaría la quema de más gas, un combustible que no tenemos ni controlamos y sobre el que no ponemos el precio», añade.
«Además, Hunosa está en déficit y con estos precios mejora sus resultados. Es cuestión de sentido común y una decisión muy fácil. Yo tardaría 30 segundos en tomarla», prosigue Alperi. CC OO también defiende mantener abierta la mina hasta que la central de La Pereda mute totalmente a la biomasa. La decisión depende de la SEPI (Hacienda) y del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera, nada receptiva al carbón.
No es de extrañar la defensa de los sindicatos hacia el sector. No en vano, el movimiento sindical se forjó en buena medida en las minas. Los mineros fueron protagonistas de la revolución de octubre de 1934 en Asturias y el norte de León, y en la década de 1960, en pleno régimen franquista, llevaron a cabo una huelga de dos meses por el despido de ocho compañeros del pozo Nicolasa. Ya en democracia, los mineros se opusieron a la reconversión del sector y a la supresión de ayudas con dos «marchas negras» en 1992 y 2012, y el encierro de 65 días de cinco mineros en León en 1999, el más largo en la historia del sector.
Aunque el carbón extraído de la Nicolasa, célebre por el triste accidente que costó la vida a 14 mineros en una explosión de grisú el 31 de agosto de 1995, es de baja calidad energética y solo sirve para quemarse en La Pereda, Alperi remarca que al menos es un recurso «sobre el que tenemos el control». Por el contrario, los sindicatos denuncian que el Gobierno tiene abandonada a Hunosa y que no termina de concretar los planes para la térmica de La Pereda, que está esperando a que se saque una subasta de potencia.
Pero ¿y la mina? Su cierre será otro clavo para la España vaciada. «Cuando esto acabe habrá que marchar a Oviedo o Gijón por mucha transición justa que prometieron», asegura Darío Martínez, trabajador en el pozo Nicolasa. De familia minera, a sus 39 años y con dos hijos, Darío refleja la «incertidumbre» de los trabajadores del pozo, que aún no saben a qué se van a dedicar el resto de sus vidas. «Mantener la mina sería la postura más inteligente. Es energía de aquí con garantía de suministro. Además, la térmica de La Pereda es de las que menos contaminan de Europa. El problema es que la SEPI no tiene ni idea o no quiere tenerla», denuncia.
El debate se ha avivado con las centrales de As Pontes y Los Barrios. La térmica gaditana de Los Barrios quiere volver a quemar carbón mientras la producción de electricidad mediante esta tecnología siga siendo rentable. La planta, propiedad de Viesgo, está destinada por la portuguesa EDP, que adquirió estos activos, a convertirse a la producción y almacenamiento de hidrógeno verde, para lo que se destinará una inversión de 550 millones de euros, pero mientras llega esa mutación está activa para quemar carbón. EDP tiene cuatro centros de generación con carbón en España. Dos en Asturias, ambos activos –Soto de Ribera (para producir electricidad, y Aboño, que quema carbón siderúrgico nacional de calidad para Arcelor– y dos en Andalucía, procedentes de la operación de compra de Viesgo. Ambas centrales andaluzas, Puente Nuevo y Los Barrios, tenían aprobado el cierre e iniciado los procesos de desmantelamiento, con ERE en curso, pero mientras se producen, la energética ha decidido activar temporalmente la quema de carbón al ser competitivos los megavatios producidos y ante la necesidad de disposición por los parones de varios reactores nucleares en proceso de recarga y el alto precio de la producción mediante ciclos combinados de gas.
Reserva estratégica
Los Barrios sigue los pasos de la central de carbón coruñesa de As Pontes, que está operativa desde el lunes 22 de noviembre. La central térmica más grande de España solo ha activado uno de los cuatro grupos de generadores, lo que supone inyectar al sistema eléctrico español cada día 350 megavatios de los aproximadamente 30.000 que se demandan.
La térmica de Endesa, cuya vida útil concluyó el 30 de junio y que está a la espera de los trámites de cierre, sigue operativa en tanto la compañía no reciba la confirmación administrativa de su cierre, algo que no prevé hasta finales de este año o principios del próximo. Los sindicatos han reclamado garantías de continuidad en 2022 de la actividad de producción energética de la central gallega.
«Deberíamos apostar por lo nuestro, por la energía autóctona y mantener una reserva estratégica térmica mínima, en la que se incluya La Pereda», defiende Alperi. Darío, desde el pozo, lo tiene claro: «Aunque esa guerra la perdimos en 2012, hoy ha cambiado todo y sería lo más inteligente».