Cuatro millones de personas necesitan el bono social eléctrico y solo lo reciben 1,2 millones

Desde que empezó la pandemia, son más las familias que no pueden mantener su hogar caliente en invierno y fresco en verano. 2020, el año de la pandemia, se cebó con los más vulnerables y disparó las tasas de pobreza, incluida las de pobreza energética. A las puertas de 2022, los hogares afectados por este problema siguen en niveles exorbitados por los continuos incrementos del precio de la electricidad y el gas y el reducido alcance de las medidas del escudo social, como el bono social eléctrico y térmico y el Ingreso Mínimo Vital (IMV). En este contexto hostil, Comisiones Obreras (CCOO) exige al Gobierno medidas para garantizar el suministro a todos los hogares y para ayudar a mejorar la eficiencia energética de las viviendas con la campaña “La energía es una necesidad. Es tu derecho”.

“Los hogares que se ven obligados a destinar un porcentaje desproporcionado de los ingresos para pagar los suministros energéticos ascienden a un 16%, es decir, más de 7 millones de ciudadanos, de los cuales 4 millones se encuentran en una situación de pobreza extrema”, ha explicado durante una rueda de prensa Manuel Cobo, secretario de Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO. Esta situación no solo conlleva una merma en la calidad de vida y una condena a la exclusión social, sino que podría derivar en “7.200 fallecimientos al año”, añadió.

El sindicato ha recordado que según una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), la subida de la electricidad de los últimos meses preocupa al 92% de los ciudadanos y un 69,3% de la población opina que sería conveniente una “intervención pública” para controlar su precio. Mariano Sanz, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO, ha apuntado que los altos precios de la energía se deben al aumento del precio del gas, “prácticamente cuatro veces más caro que hace un año”, y al de las emisiones de CO2, cuyo precio “se ha duplicado y asciende a 70 euros”. Esta situación “agrava de manera muy intensa el problema de la pobreza y la exclusión social” y perjudica al “conjunto de la economía” por su impacto en la inflación.

El problema no solo radica en el precio de la factura, sino también en la escasa eficiencia energética de las viviendas españolas. De los más de 25 millones de viviendas que hay en España, el 60% se construyeron sin ningún tipo de normativa de eficiencia energética, como puede ser el uso de aislamientos, lo que dispara el nivel de consumo de energía.

Medidas para paliar la pobreza energética

Esta es la tercera campaña de CCOO para luchar contra la pobreza energética, aunque no la última, ha advertido Manuel Cobo, si el Gobierno no pone en marcha medidas para erradicar la lacra de la pobreza energética. La campaña arranca hoy con una recogida de firmas y se mantendrá activa hasta marzo de 2022, cuando se presentará ante el Ejecutivo el apoyo recopilado junto con las medidas que reclama el sindicato. Comisiones Obreras exige al Gobierno “más medidas para paliar la pobreza energética” y lanza junto con su campaña una serie de propuestas de cambio queha expuesto Antonia del Castillo, secretaria de Comunicación de la citada Federación:

1. Revisión de los criterios de acceso al bono social eléctrico para llegar a más colectivos afectados por la pobreza energética.

2. Simplificar la carga burocrática y facilitar las gestiones para acogerse al bono social.

3. Crear oficinas municipales de asesoramiento energético para orientar a los consumidores en el acceso al bono social, a subvenciones para la rehabilitación energética de sus viviendas y sobre medidas de eficiencia energética.

4. Prolongar la prohibición de corte de suministro por impago a los consumidores vulnerables.

5. Subvención completa de medidas de rehabilitación energética de sus viviendas o de sistemas de autoconsumo fotovoltaico para consumidores vulnerables.

6. Reforma del sistema de formación de precios del mercado de la electricidad para eliminar los sobrebeneficios de las compañías eléctricas.

7. Mayor un mayor control público de las actividades del sistema eléctrico.

El secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO ha añadido a sus peticiones que el Estado “cree o adapte” una empresa pública que “rescate aquellos saltos hidroeléctricos que son propiedad del Estado y que se ceden a grandes empresas con contratos de concesión” y a través de la cual se desarrolle la energía fotovoltaica y eólica.