La huelga de transportes se enquista y agrava los problemas de suministro

Aunque el Gobierno admite problemas en el abastecimiento, avisa de que no se reunirá con los convocantes porque no representan al sector. En su lugar, opta por movilizar a 23.000 policías para garantizar el suministro

La huelga de transportistas sigue más descontrolada de lo que al Gobierno le gustaría. El Ejecutivo admitió ayer que la protesta está empezando a generar problemas en la cadena de suministro, especialmente en lo que a la alimentación se refiere, pero no está dispuesto a dialogar con los huelguistas. En su lugar, optará por desplegar un fuerte dispositivo de 23.000 agentes de las Fuerzas de Seguridad frenar sus actuaciones violentas y su “chantaje”, como los calificó la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez.

Fue el ministro de Agricultura, Luis Planas, el que reconoció que el paro convocado por la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional está creando “situaciones terribles” a productores de frutas, hortalizas, lácteo o pesquero que no pueden dar salida a su género o no pueden alimentar a sus animales. Situación, según el ministro, que se puede tardar “días” en normalizar. Ayer mismo, la interprofesional (Inlac) que reúne a los productores y a la industria láctea, advirtió de “problemas en los lineales” de sus productos ante el parón de actividad que anunció el miércoles por los problemas que le está acarreando la huelga.

Logística y pesca critican la falta de determinación del Ejecutivo para frenar a los piquetes

Las afirmaciones de Planas vienen a ratificar lo dicho por la cadena de valor del gran consumo (ACES, Aecoc, Anged, Asedas y FIAB), que denunció también el miércoles que la actuación cada vez más beligerante de los convocantes, con bloqueos en puertos, lonjas, mercados mayoristas y centros logísticos, está empezando a ocasionar importantes problemas para las empresas del sector como es la falta de suministro en fábricas, dificultad para abastecer los puntos de venta y la paralización de industrias. Las asociaciones denunciaron que esta situación se está produciendo por el recrudecimiento de las acciones de los convocantes, “una minoría de transportistas que impide que la mayoría de los profesionales y empresas del transporte puedan realizar libremente su trabajo”.

También desde el sector pesquero, el Comité de Productos del Mar de la patronal AECOC denunció “coacciones” y “acciones violentas” contra los transportistas que no secundan la huelga. Según explicó el presidente del Comité, Eduardo Míguez, desde el pasado lunes hay “cientos de toneladas” de pescado que han quedado bloqueadas en los puertos y lonjas. Los piquetes, aseguró, han “recrudecido” sus acciones, por lo que pidió a la Administración y a las fuerzas del orden público que “actúen para garantizar la seguridad de los profesionales” y la salida de los productos perecederos. Una petición en la que coincidieron con la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), mayoritaria dentro del sector; y la patronal de la logística, UNO. Su presidente, Francisco Aranda, denunció los actos de “violencia desmedida” en la huelga y criticó “la ausencia de medidas por parte del Gobierno que garanticen la seguridad de quiénes quieren ejercer su derecho a trabajar para garantizar el abastecimiento”.

En el sector industrial, las movilizaciones también preocupan. La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, constituida por las grandes organizaciones empresariales de los sectores de automoción, refino, papel, química, alimentación, cemento y siderurgia, solicitó como el sector alimentario la “intervención urgente” de la Administración para garantizar el desarrollo de la actividad empresarial. En un comunicado, la Alianza advirtió de que el paro amenaza con la paralización de la industria. Ayer mismo, la planta de Acerinox en Los Barrios (Cádiz) detuvo la acería, primera fase de producción de las instalaciones, ante la falta de suministro de cal causada por los piquetes de los transportistas.

No son los interlocutores

Pero a pesar del reconocimiento de Planas de los problemas que está ocasionando la huelga, el Gobierno no parece de momento dispuesto a sentarse a dialogar con la organización convocante. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, aseguró que sólo se reunirá con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), a quien reconoce como el intermediario “legítimo”; e insistió en que “no se reunirá con los convocantes de la huelga”, que no forman parte de este Comité. En este órgano están presentan la CETM, Fenadismer y Astic, que no han secundado la huelga convocada por la plataforma de transportistas. Sin embargo, esta organización, a su vez, no se siente representada por estas grandes patronales, por lo que no reconoce los acuerdos que puedan alcanzar con el Gobierno. La plataforma, dijo ayer su presidente Manuel Hernández, no considera al CNTC como interlocutor válido porque no se puede llegar a acuerdos “con quien no tiene camiones”, en alusión a que estas grandes compañías alquilan los vehículos a los huelguistas. Una advertencia que llega días después de que asegurase que tampoco reconocen el decreto ley sobre el transporte de mercancías por carretera y funcionamiento de la cadena logística aprobado ayer por el Congreso y que recoge el acuerdo que se logó en diciembre entre las grandes patronales y el Mitma para desconvocar la huelga que había prevista en vísperas de la Navidad. El documento contempla, entre otras medidas, una revisión del precio del transporte por variación del precio del combustible, una de las principales reivindicaciones del sector pero que, en este momento, constituye una medida insuficiente para abordar sus problemas. Sánchez, consciente de ello, abrió el miércoles la posibilidad a que se aprueben rebajas fiscales y ayudas directas para el precio de los carburantes. Eso sí, se trata de acciones no tan inmediatas como reclaman los transportistas porque no se concretarán hasta el Consejo de Ministros del día 29 de marzo, cuando se apruebe el Plan Nacional de Respuesta a la Crisis en Ucrania.

En lugar de diálogo con los huelguistas, el Gobierno lo que proponer mano dura. Tal y como informó Sánchez, el Ejecutivo ha movilizado a más de 23.000 agentes para “reprimir las actuaciones violentas” del “grupo de ultras” que intentan someter a este país a un chantaje.