Las obras públicas desiertas se triplican hasta marzo y alcanzan máximos históricos

Cada vez más obras públicas no tienen quien las construya. Lo advirtió en enero la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y ahora lo ha corroborado un estudio independiente de Gobierto, una plataforma de servicios de estrategia y creación de productos digitales para administraciones públicas. El constante aumento de los precios –9,8% de inflación interanual en marzo– y el encarecimiento de las materias primas desde la pasada primavera han provocado que una de cada diez adjudicaciones de obras resueltas en el primer trimestre del año quedaran desiertas, el triple que hace un año, cuando uno de cada 31 contratos finalizaba sin adjudicatario. En números absolutos, supone que 1.114 obras públicas quedaron desiertas, una cifra que supera los registros de 2019 (635) y 2020 (321) juntos. De hecho, asegura Gobierto, los tres últimos trimestres «han pulverizado el récord de obras desiertas del tercer trimestre del 2019, cifrado en el 5%, elevándolo hasta el 6,6%, 7,0% y 10,2%, respectivamente».

Aunque con datos algo menos precisos, la CNC ya avisó a finales de enero de que al menos 500 licitaciones de obra pública -200 de ellas en Cataluña- valoradas en 230 millones de euros habían quedado desiertas desde el pasado mes de noviembre.

Menor concurrencia

Gobierto, que basa su análisis en los datos procedentes de la Plataforma de Contratación del Sector Público, considera que el encarecimiento de las materias primas desde la pasada primavera se ha trasladado a la licitación de obra pública «de manera acusada» y ha provocado un aumento de las adjudicaciones desiertas, una pérdida de la capacidad de ahorro y una menor concurrencia de licitadores a los proyectos.

El sector de la construcción lleva meses reclamando medidas para amortiguar el impacto de la imparable subida de precios en su actividad. Y el Gobierno, aunque con cierto recato, ha comenzado a tomar medidas. En marzo aprobó una norma que fija en un 5% el alza mínima de los materiales para que las empresas puedan acogerse a una revisión de precios excepcional. Así, se considerará que existe este impacto cuando el incremento del coste de materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio o cobre exceda de ese 5%. De esto modo, cualquier variación en el presupuesto se limitará al 20% del importe original del contrato. Posteriormente, el Gobierno amplió el alcance de estas medidas y estableció la posibilidad de que se puedan determinar otros materiales, adicionales a los ya establecidos inicialmente. Algunos organismos públicos, principalmente Adif, el mayor licitador de obra pública, ya está introduciendo cláusulas de revisión de precios desde hace un año para evitar que las obras queden paralizadas y los proyectos, en los que se invierten grandes cantidades de dinero público, acaben por abandonarse.

Sin embargo, aunque el sector valora las medidas tomadas por el Ejecutivo, cree que son insuficientes. La CNC ha exigido que entre los materiales incluidos en la revisión de precios se incluya también la energía, que puede llegar a suponer según sus cálculos el 30% de los costes de una obra. En el caso del cemento, supone el 55% de sus costes de producción, mientras que para la cerámica y el ladrillo, dos terceras partes, según han recordado. La patronal del sector también ha reclamado al Ejecutivo que se incluyan en el cálculo del nuevo precio aquellos materiales cuyo desabastecimiento se ha agudizado en las últimas semanas debido a la guerra en Ucrania y a la huelga del transporte que hubo durante dos semanas.