Las materias primas amenazan los fondos europeos

La pasada semana, la Comisión Europea dio luz verde a la entrega a España en las próximas semanas de 9.000 de los 70.000 millones de euros que le corresponden del fondo de ayuda Next Generationlevantado desde Bruselas para ayudar a los países de la UE a superar la crisis económica que ha provocado la pandemia. Unos fondos con los que España pretende transformar, en buena medida, su modelo productivo pero cuya ejecución se puede ver comprometida, paradójicamente, por la incipiente recuperación que también quieren apuntalar. Y es que el despegue mundial de la economía una vez que la Covid-19 parece que empieza a estar controlada gracias a la vacunación ha disparado los precios de las materias primas, lo que es una amenaza para los proyectos a ejecutar con estas ayudas y, en última instancia, para la marcha de la economía.

Subidas de hasta un 102%

En las últimas semanas, materiales como el acero corrugado, el cobre o el aluminio han visto como sus precios se han disparado un 78%, un 102% y un 56%, respectivamente, respecto a los mínimos marcados en 2020. Este problema de inflación que, como explica Julián Nuñez, presidente de la patronal de las grandes constructoras (Seopan), es algo «que ya ocurrió en crisis como la del acero de 2006 o la del petróleo en los años 70», está propiciado por el aumento de su demanda al calor de la recuperación económica, la lenta mejora de la capacidad productiva a nivel mundial tras la alteración masiva de la cadena de suministro durante la pandemia, un dólar más bajo que aumenta el precio de las materias primas denominadas en esa divisa y la importante subida del coste del transporte marítimo, explican desde la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y Seopan. A estos problemas se han sumado la entrada en acción de inversores que, ante la escasa rentabilidad de otros activos, han puesto sus ojos en las materias primas en previsión de la recuperación que viene.

La súbita e importante subida de precios supone ya un problema para los proyectos en marcha, asegura Julián Núñez, presidente de Seopan. «Un incremento de esta intensidad compromete a toda la obra en curso». advierte. Al dispararse los costes de los materiales respecto a lo presupuesto, a las compañías no les salen los números. Y el problema, explica, está en la ausencia de mecanismos de revisión de precios en los contratos de obra pública. La reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 transformó dicho procedimiento de obligatorio en discrecional por parte de los órganos de contratación. En la práctica, asegura, esto ha supuesto su práctica desaparición. Y el problema está viniendo ya ahora con los precios disparados. Una fuente del sector cuenta el caso de un proyecto público presupuestado en 15 millones que su constructora, una de las grandes españolas, no va a poder ejecutar porque el beneficio previsto, 200.000 euros, se lo va a comer la subida de costes de 2 millones de uno de los materiales.

Llamamiento al Gobierno

Tanto Núñez como Pedro Fernández Alén, presidente de la CNC, coinciden en que el Gobierno debe articular algún tipo de mecanismo extraordinario para para subsanar lo que ahora está ocurriendo y evitar problemas con la ejecución de los fondos de la UE. «Estamos a tiempo de evitarlo», asegura Núñez. «Es tan sencillo como incluir de modo obligatorio la cláusula de revisión de precios», asegura. Porque, advierte, el tema va a persistir una temporada. La cotización de futuros anticipa un sostenimiento de los precios a 15 meses en el caso del acero corrugado y hasta diciembre de 2022 para el cobre y el aluminio primario, según el London Metal Exchange. Y si los fondos europeos se empiezan a ejecutar sin esta salvaguarda, el problema no lo tendrá sólo la constructora que no pueda ejecutar un proyecto por el desequilibrio en sus cuentas, sino también el Estado. «¿Qué gana la administración pública con que se pare una obra porque el material sube un 100%?», se pregunta Núñez. «No pretendemos ganar más dinero, sino que los proyectos sean viables. No es problema de un modificado de obra, sino algo diferente», le secunda Fernández Alén.

El problema de los precios no es exclusivo de la obra pública, sino que también afecta al sector privado y pone en riesgo incluso la viabilidad de algunas compañías. «Imaginemos que un promotor tiene una obra ya contratada con un constructor y para el contrato se han aplicado precios de enero de 2021. Si la obra tiene que ejecutarse meses más tarde, algunas partidas han incrementado entre un 30% y 35% o más y se tiene en cuenta que el contrato es un documento entre agentes privados y que renegociarlo podría poner en riesgo a la propia empresa constructora y a otros negocios, esta relación contractual podría suponer grandes problemas en el sector de la construcción», advierte Sebastián Molinero, secretario general de la patronal de reformas Andimac. Aquí, asegura Fernández Alén, no quedaría otra que buscar «un punto razonable entre ambas partes para no dejar la obra».

Las tensiones en la cadena de suministro no sólo están provocando encarecimientos de los materiales, sino también escasez. «Llegan caros y con cuentagotas», afirma Fernández Alén. Como en el caso de los chips, la explosión de demanda no puede ser satisfecha y esto puede comprometer también los plazos de los proyectos. Para el presidente de la CNC, la solución a este problema podría pasar por incrementar los plazos de ejecución porque «ahora no tengo los materiales” y más adelante, cuando la situación se normalice, es de esperar que sus costes bajen sensiblemente.