11 años de Bankia

En otoño de 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, apoyaron mi nombramiento como presidente de Caja Madrid, en sustitución de Miguel Blesa. En aquellos momentos, Caja Madrid representaba el 28% del primer mercado financiero de España, Madrid, seguida de lejos por el Banco Santander y por La Caixa.

Llegué a la presidencia en enero de 2010. En marzo de ese año, el subgobernador, Javier Aríztegui, quiso que iniciara conversaciones de fusión con la Caja del Mediterráneo. Dos meses después, en mayo, el regulador ofreció ayudas para reforzar el capital de las entidades que se fusionaran bajo una figura que se denominó Sistemas Integrados de Protección (SIP). Caja Madrid se unió a otras seis pequeñas cajas a cambio de un préstamo participativo de 4.600 millones de euros. A petición del gobernador y el subgobernador, incorporamos a Bancaja a ese SIP. Ese refuerzo de capital nos permitiría superar en julio los requisitos establecidos por la Autoridad Bancaria Europea (EBA). En septiembre, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) nos exigió provisiones por 6.400 millones de euros. Por propia iniciativa acabamos provisionando 10.200 millones, que el Banco de España consideró suficientes para los siguientes dos años.

Europa estaba sumida en plena crisis del euro. Grecia e Irlanda habían sido rescatadas por la debilidad de sus sistemas bancarios, Portugal estaba camino de la intervención y España parecía el siguiente en la lista. El Gobierno, la banca privada y el Banco de España achacaban a las cajas la desconfianza de los inversores extranjeros, reflejada en la prima de riesgo, aunque su nivel de morosidad era entonces similar al de los bancos. Ni PSOE ni PP habían aceptado hasta ese momento la posibilidad de abrir las cajas al capital privado.

En enero de 2011, las autoridades cambiaron de estrategia y pasaron a exigir a las cajas el mismo nivel de capital que habían reducido en diciembre. Eso situaba a las cajas en la tesitura de salir a Bolsa en los siguientes meses o la nacionalización. Las siete cajas acordamos salir a Bolsa y creamos para ello el Banco Financiero y de Ahorro (BFA).

Entre febrero y junio dividimos el banco en dos, para sacar a Bolsa sólo la parte del negocio bancario, el resto se quedaría en BFA. Fue entonces, hace 11 años, cuando nació Bankia. La nueva entidad salió a Bolsa el 20 de julio, el 49% de su capital pasó a manos privadas y captó 3.000 millones de euros de inversión. Los accionistas extranjeros solo representaban el 3% de los accionistas, pero en los siguientes cuatro meses el porcentaje aumentó al 9%. Recibimos la felicitación del Gobierno, el Banco de España y la EBA. En septiembre de ese año, 2011, entramos a formar parte del Ibex-35. En octubre, La Caixa nos planteó la posibilidad de una fusión y en noviembre cerramos un preacuerdo, después de que inspeccionaran nuestras cuentas. Antes de que hiciéramos lo mismo quisieron cambiar las condiciones y la negociación se rompió.

Ante el deterioro de la situación económica y financiera, la EBA exigió capital adicional a los cinco principales bancos españoles, entre ellos Bankia, por su elevada exposición a la deuda pública nacional. A finales de 2011 el PP llegó al Gobierno. En enero, el nuevo ministro de Economía, Luis de Guindos, me citó en su despacho y me indicó que la fusión con La Caixa debía llevarse a cabo, en las condiciones que estableciera la entidad y sin ayudas públicas. Me negué a aceptar sin buscar otras alternativas. Pocos días después, el propio ministro declaraba al Financial Times que el sistema bancario español necesitaba 60.000 millones de euros de saneamientos adicionales. Semanas más tarde, el Gobierno aprobaba un Decreto imponiendo esos saneamientos, una decisión que normalmente correspondía al Banco de España. La prima de riesgo española no dejaba de subir desde el cambio de Gobierno.

En marzo, Guindos me citó a cenar para discutir los saneamientos de Bankia, un encuentro al que estaban invitados Santander, BBVA y La Caixa. La ausencia del Banco de España y la presencia de mis competidores era claramente irregular y extraordinaria, como poco. Pocos días antes, el ministro me había amenazado con ejecutar las preferentes del FROB y nacionalizar BFA. El que sería el futuro consejero delegado de Bankia, José Sevilla, se presentó por aquellas fechas en Bankia como representante de un posible inversor extranjero avalado por una personalidad del sector. Le autorice a mirar nuestras cuentas.

Guindos me llamó por teléfono y me pidió más saneamientos. Los del primer decreto no habían servido para calmar unos mercados alarmados por sus propias declaraciones. Entre finales de abril y principios de mayo me volvió a citar en dos ocasiones con mis competidores. La segunda, Francisco González pidió mi dimisión por entender que era incompatible dar ayudas y que fuera del PP. Ya a solas, Guindos me lo exigió. Horas antes, Cristóbal Montoro me había advertido que yo era «una víctima colateral». Era domingo. El lunes pedí hora a Rajoy, quien me ratificó la decisión del Gobierno. Esa tarde hice pública mi dimisión. El Gobierno quería a José Ignacio Goirigolzarri al frente de la entidad y yo propuse su nombre a los consejos de BFA y Bankia. Era el 7 de mayo.

Días más tarde, Fernández Ordóñez declaraba en el Senado «que el Gobierno le había exigido silencio sobre Bankia». Guindos aseguró en el Congreso «que Bankia necesitaría 7.000 millones de euros según el nuevo Decreto Ley de provisiones que iba a aprobar el Gobierno, pero que él daría a los nuevos gestores lo que le pidieran». Fueron 22.000 millones y el nuevo consejo cambió los resultados de 2011 en base a «circunstancias sobrevenidas», algo que hasta el FROB y el fiscal consideraron irregular. La historia es mucho más larga, ya habrá momento de contarla.