Bruselas exige a España poner coto al gasto público por su alta deuda

La Comisión Europea ha emitido un informe sobre las vulnerabilidades económicas de todos los países de la UE en el que alerta de que, en el caso español, nuestro endeudamiento excede “los niveles de prudencia” y tienen “una relevancia transfronteriza”, lo que significa que puede tener consecuencias en el resto de los países de la zona euro. En este texto, Bruselas sitúa a nuestro país junto a otros seis Estados- Alemania, Francia, Holanda, Portugal, Rumanía y Suecia- con “desequilibrios macroeconómicos”, aunque no en la lista negra de Grecia, Chipre e Italia de “desequilibrios excesivos”.

En su informe hecho público hoy, el Ejecutivo comunitario señala con preocupación la abultada deuda de los hogares y empresas españolas y también constata que la deuda pública respecto al PIB es “considerablemente elevada” si se compara con los niveles previos a la pandemia. Curiosamente este informe coincide con el anuncio realizado por la Comisión Europea en el que propone conceder un año más de bula fiscal a los países europeos. Esto significa que las reglas fiscales que limitan los topes de déficit público y deuda al 3% y 60% respectivamente permanecerán congeladas también durante 2023, lo que mantendrá vigente la cláusula de escape un año más de los previsto inicialmente.

Aunque el Ejecutivo comunitario defiende esta iniciativa, debido a la necesidad de responder a la guerra con Ucrania que está poniendo en entredicho las recuperación económica postpandemia, también ha advertido de que los países más endeudados, entre los que se encuentra España tienen menor margen de maniobra. Si bien Bruselas aboga por continuar con el despliegue de inversiones en la doble transición energética y digital para incrementar la capacidad de crecimiento, también pide a nuestro país controlar su gasto corriente, situándolo por debajo del crecimiento potencial, y llevar a cabo una política fiscal prudente.

Toque a las pensiones

En este punto, los técnicos comunitarios aseguran que la reforma de las pensiones – que España debe completar para acceder al siguiente tramo de rescate- supone uno de los principales focos de preocupación. Por una parte, el Ejecutivo comunitario reconoce en un parte de su informe que ligar las pensiones a la subida de los precios al consumo contribuirá a mantener el poder adquisitivo de los jubilados, pero también advierte de que esto aumentará al gasto público, lo que hace necesaria la “introducción de medidas de compensación que deberán ser adoptadas en 2022″ para “mitigar el riesgo a largo plazo de la sostenibilidad fiscal”.

Entre estas iniciativas que están siendo tramitadas por el Gobierno se encuentra la ampliación del periodo de referencia para el cálculo de las pensiones y un mecanismo de equidad intergeneracional. A su vez, Bruselas reconoce que la lucha contra el coronavirus “ha supuesto un importante deterioro de las finanzas públicas” que se “está revirtiendo paulatinamente. Según las previsiones económicas de primavera publicadas la semana pasada, nuestro país cerrará este año con un déficit público del 4,9% en 2023 esta cifra llegará al 4,4%, lejos del los límites fiscales europeos. Además, Bruselas espera que la deuda pública española vaya gradualmente bajando hasta situarse en el 113, 7% el año que viene.

Asimismo, este informe también advierte contra la segmentación del mercado laboral y el alto número de jóvenes desempleados, si bien confía en que la reciente reforma laboral y el plan de rescate europeo post- pandemia contribuyan a resolver los males endémicos de nuestra economía cuyo nivel de paro se sitúa – incluso en época de crecimiento económico- en el doble de la media comunitaria.

Aunque España es uno de los países que menos depende de los combustibles fósiles de Rusia ya que tienen otras alternativas de suministro (2% de petróleo frente al 26% de la media comunitaria y un 10% frente al 44%) resulta paradójicamente uno de los Estados que más está sufriendo por el alza de los precios de la energía. Bruselas considera que España debe utilizar los fondos disponibles del plan de rescate post-pandemia para una serie de reformas en el ámbito energético. Entre lo deberes que la Comisión Europea pone a España en este terreno, se encuentra aumentar el nivel de reciclaje y acelerar el desarrollo la energía renovable, especialmente las instalaciones descentralizadas y de autoconsumo.

Para hacer esto posible, los técnicos comunitarios aconsejan a nuestro país un mejor acceso a la red eléctrica y acelerar los procesos administrativos. Además, la Comisión Europea considera que nuestro país debe apoyar la inversión complementaria en almacenamiento, infraestructuras de redes, electrificación del transporte y edificios y el hidrógeno verde a la vez que expandir la capacidad de las interconexiones eléctricas ( actualmente la Península Ibérica es considerada una isla energética cuyo nivel de interconexiones con Francia y el esto del continente no llega al 3% ), lo que impide el transporte del gas. Asimismo, Bruselas también recomienda que nuestro país avance en la eficiencia energética de manera asequible para los ciudadanos a través de la renovación de los edificios.