Bruselas pide subida de impuestos verdes pese a la pobreza energética

Bruselas recuerda a nuestro país la obligatoriedad de poner en marcha una reforma fiscal que entre en vigor en el primer trimestre del año que viene. Lo ha hecho en su último informe sobre la economía española, en el que el equipo económico de la Comisión Europea asegura que en nuestro país los ingresos fiscales son «relativamente bajos» en relación al PIB y que la mayor contribución proviene de los tributos al trabajo en relación al resto de los impuestos. En este sentido, el Ejecutivo comunitario puntualiza que tanto los impuestos al consumo (el IVA) como los medioambientales están «significativamente por debajo» de los datos totales en la UE, tanto como porcentaje dentro del PIB como por su proporción dentro del resto de los impuestos. Según este informe, «los sistemas fiscales son clave» para asegurar la transición energética capaz de luchar contra el cambio climático. Los datos manejados por la Comisión Europea recalcan que los ingresos de los impuestos verdes han bajado ligeramente en nuestro país desde el 1,93% de PIB en 2015 al 1,75% en 2020 –lejos de la media comunitaria del 2,24%–.

Como modo de compensar esta alza impositiva en los hogares más humildes, Bruselas propone «medidas redistributivas» ya que el documento también muestra su preocupación por la pobreza energética en nuestro país. Aunque el texto asegura que los indicadores mejoraron ligeramente desde 2015 a 2020, los últimos datos de la Comisión Europea aseguran que el porcentaje de la población en áreas rurales en riesgo de pobreza energética se mantiene relativamente alto si se compara con la misma situación en la Unión Europea (23,8% frente 18,7%). Además, la proporción de personas que no son capaces de mantener su casa lo suficientemente caliente se mantuvo estable desde 2015 a 2020 con un 10,9%, lo que también sitúa a nuestro país por encima de la media europea del 8,2%. Según la Comisión, si bien los grupos de población con ingresos bajos y medios se encuentran más afectados que la media europea, el porcentaje es similar al del resto de la UE en hogares con rentas altas.

Entre lo deberes que la Comisión Europea pone a España en la transición energética, se encuentran aumentar el nivel de reciclaje y reutilización del agua, acelerar el desarrollo la energía renovable, especialmente las instalaciones descentralizadas y de autoconsumo. Para hacer esto posible, los técnicos comunitarios aconsejan a nuestro país un mejor acceso a la red eléctrica y acelerar los procesos administrativos. Además, la Comisión Europea considera que nuestro país debe apoyar la inversión complementaria en almacenamiento, infraestructuras de redes, electrificación del transporte y edificios y el hidrógeno verdea la vez que expandir la capacidad de las interconexiones eléctricas que impide el transporte del gas.

Bruselas también subraya que nuestro país se encuentra por debajo de la media comunitaria en cuanto a la creación de riqueza derivada de la lucha contra el cambio climático, ya que la economía verde tan sólo da trabajo a un grupo muy reducido de la población –1,6% frente al 2,1% de la media comunitaria–.

Aunque este documento no se refiere de manera pormenorizada al IVA, la Comisión Europea siempre recuerda en sus informes que la falta de recaudación española en este impuesto se explica por el alto número de bienes y servicios que forman parte de la lista de IVA reducido y superreducido, a pesar de que el tipo general del 21% se sitúa entre los más elevados de los países europeos.

En cuanto al resto del sistema tributario español, el informe asegura también que los ingresos provenientes de los impuestos al capital en 2020 estuvieron cerca de los estándares europeos si se contabiliza como su porcentaje del PIB pero «relativamente altos» según su contribución a la recaudación total. En el caso de los impuestos a la propiedad, Bruselas los sitúa como «relativamente altos», tanto como porcentaje del PIB con en el resto de la recaudación. En el mismo epígrafe, el texto recuerda que los impuestos recurrentes sobre la propiedad -los que gravan las tierras y los edificios– en España se sitúan cerca de la cifras europeas y son «menos lesivos para el crecimiento».