Infierno fiscal camuflado: España aplica tres de los impuestos más altos del mundo

España fue el país que más subió los impuestos el año 2020, en plena pandemia de la Covid-19, hasta 2 puntos porcentuales. Así lo afirma el informe de la Comisión Europea (CE) «Taxation trends in the European Union, Edition 2022», en su página 18. Lituania y Portugal fueron los siguientes países que más subieron ese año los impuestos, mientras que Irlanda y Luxemburgo encabezan los que los bajaron, entre los que también figuran Alemania, Francia y Suecia. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez, en una reforma improvisada presentada por la volcánica María Jesús Montero, ministra de Hacienda, presume de una bajada de impuestos, cuando en realidad se trata de una subida, excepto para unos pocos que verán reducida en unas migajas –no más de un euro al día– los impuestos que pagan.

El documento de la CE incluye datos que destrozan algunos de los mitos sobre la fiscalidad española y su benignidad. Es cierto que la presión fiscal en España, un 38,5% sobre el PIB en 2021, es algo menos que la media de la Unión Europea, del 40,7%. No obstante, el aumento de 2 puntos en 2020 sube hasta 3,7 si se contabiliza 2021 y sigue a la cabeza de Europa. Por el contrario, España aplica los tipos impositivos más altos del mundo a las sucesiones y donaciones, al patrimonio y ahora con el nuevo tributo contra las grandes fortunas inventado por el Gobierno y llamado «de solidaridad». Recibir una herencia en algunas partes de España puede llegar a costar hasta el 81,6% de lo heredado si no se es familiar directo. En el mismo caso, en Suecia, se pagaría «cero», sí, «cero» impuestos.

Extremadura, la comunidad autónoma que preside el socialista Guillermo Fernández Vara, ha sido y es el peor lugar para tener algo de patrimonio. Está gravado con hasta un 3,75%, superior incluso al 3,5% que la ministra Montero ha anunciado para las «fortunas» superiores a los 10 millones de euros. Las comparaciones son tan odiosas como necesarias. Elisabeth Warren, senadora americana, compitió por la izquierda con Bernie Sanders, por la nominación a la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos en las primarias de 2020. Proponía resucitar en el país americano el impuesto de patrimonio y gravar con un ¡2%! a los patrimonios superiores a los 50 millones de euros y con el 3% a los que estuvieran por encima de los ¡1.000! millones de dólares. Es el porcentaje que pagarán los «ricos» españoles cien veces menos adinerados. Por cierto, la radical Warren perdió en las primarias, pero los demócratas tampoco recogieron su idea y Estados Unidos sigue sin aplicar ningún impuesto de patrimonio, aunque sí hay gravámenes locales y de los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, algo así como los IBI españoles.

El impuesto sobre el Patrimonio –ver tabla en el gráfico– no existe en prácticamente ningún lugar. Hay excepciones como Suiza o Noruega, con tipos muy inferiores a los españoles, pero a cambio tampoco se suele tributar –o con tipos ínfimos– por las plusvalías, sobre todo de capital. Es obvio que en España la riqueza todavía está mal vista y como escribía la semana pasada Joaquín Leguina, expresidente socialista de la Comunidad de Madrid, todo indica que la izquierda española está más preocupada en que no haya ricos en lugar de procurar que no haya pobres. Es lo que dijo el histórico socialista Olof Palme cuando le apuntaron en Portugal tras la revolución de los claveles que querían acabar con los ricos. «Nosotros queremos terminar con los pobres», respondió el mandatario sueco.

El informe de la Unión Europea y otro muy similar de la OCDE permiten establecer otras comparaciones que suelen pasar inadvertidas. Por ejemplo, España es el cuarto país de los 27 de la Unión Europea que más grava la riqueza en cualquier forma, solo por detrás –pero muy poco– de Bélgica, Grecia y Francia. También es el quinto que más castiga las ganancias de capital y el sexto en el caso de la propiedad inmobiliaria. Las familias españolas, por otra parte, son las que soportan la octava mayor carga impositiva de la Unión Europea y los autónomos la novena. El fisco español es particularmente duro y exigente con el trabajo y con las familias. Entre 2019 y 2020, el año de la pandemia, los impuestos al trabajo –en conjunto– se redujeron en 16 de los 27 países de la Unión Europea. Una vez más, España estuvo en el lado opuesto y fue el país que más subió (2,1 puntos) las cargas impositivas al trabajo. Solo Chipre (1,6 puntos) y Luxemburgo (1,3) siguieron por el mismo camino, mientras que el resto que países que no las bajaron las mantuvieron estables.

Todo eso conforma un escenario que se asemejaría a una especie de «purgatorio fiscal» para esas «clases medias trabajadoras» de las que ahora habla de forma repetitiva el presidente del Gobierno. Desde luego es un «purgatorio» para las «clases medias» que pagan impuestos, aunque los planes de la ministra Montero parecen indicar que en la Moncloa quizá piensan –a juzgar por sus medidas– que la clase media solo incluye a quienes ingresan no más de 21.000 euros brutos anuales. El viernes, sin ir más lejos, la ministra Montero no supo o no quiso explicar, entrevistada por Alsina en Onda Cero, qué ingresos hay que tener para formar parte de esa «clase media trabajadora».

Los datos constatan otras peculiaridades fiscales españolas o, mejor dicho, derriban más mitos. La Seguridad Social recauda el 37% de los ingresos fiscales del Estado. La mayor parte corresponden a las cuotas empresariales, que no son las más altas de la Unión Europea, pero sí las que figuran en quinta posición. Al mismo tiempo, la aportación de los trabajadores es mucho menor y –aunque muy desconocido y quizá impopular– aparece en el puesto 22 de los 27 países de la UE. España también aplica uno de los IVA, en líneas generales, menores de la UE y también está a la cola en gravámenes medioambientales y sobre la energía. En el caso del IVA, la recaudación ocupa en porcentaje el puesto 23 de 27, mientras que la medioambiental figura en el puesto 24 y la de la energía en el 22.

Como apuntan desde hace años el Banco de España y la mayoría de expertos independientes, la famosa «menor presión» fiscal española se debe sobre todo a una menor importancia de los impuestos indirectos –el lugar 22 sobre 27–, lo que hace que las principales cargas tributarias recaigan sobre el trabajo y las familias y sobre la propiedad y el capital.

España no es ningún oasis impositivo. La presión fiscal española está solo un poco por debajo de la media de la Unión Europea y en 2022 es posible que la supere y, en cualquier caso, ocupa el puesto 13 de 27 en la UE. En total, las Administraciones Públicas ingresaron en 2020 en concepto de impuestos de todo tipo la cantidad fabulosa de 413.219 millones de euros, cifra solo superada por Alemania, Francia e Italia, algo que se explica por el tamaño de sus economías.

Gastar 200.000 millones más de lo que ingresa

El problema es que España también gastó 120.000 millones más de los que ingresó, un desfase que en 2021 descendió a 80.000 millones. Este año volverá a bajar porque, gracias a la inflación y a que el Gobierno se niega a deflactar –actualizar– las tarifas, los ingresos impositivos serán mayores y todavía más cuando se aplique la reforma de la ministra Montero, que no solo no baja impuestos, sino que los sube. Castiga con saña a los «ricos» que poseen más de tres millones de patrimonio, pero también a los menos ricos que ganan más de 21.000 euros al año. Para los primeros, España es un infierno fiscal; para los segundos, un purgatorio.