La Comisión Europea investigará si las aseguradoras “abusan” de los talleres mecánicos

Los talleres de reparación de vehículos han conseguido que Europa investigue si las compañías aseguradoras llevan a cabo prácticas abusivas que les ocasionan “graves perjuicios económicos”. La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea que lleva a cabo una investigación preliminar de la denuncia efectuada por la Confederación española de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines (Cetraa), que representa a 25.000 empresas del sector, Conepa (que agrupa a 18 asociaciones de profesionales españoles de la automoción), Fagenauto (que agrupa a 1.684 pymes y más de 3.000 autónomos ) y Ganvam (que representa a empresas de venta de vehículos, reparación y recambios del automóvil).

Así lo ha confirmado la eurodiputada Dolors Montserrat, presidenta de la Comisión de Peticiones, a la representación jurídica de las empresas demandantes, en una misiva en la que asegura que el asunto “entra dentro de los ámbitos de actuación de la Unión Europea”, por lo que, además de instar a la Comisión Europea a investigarlo, se ha trasladado también su denuncia a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (IMCO) del Parlamento Europeo.

Las asociaciones de talleres de reparación de vehículos presentaron el pasado julio una demanda ante el Parlamento europeo “por las malas prácticas y abusos que cometen las compañías aseguradoras en España”, que según denunciaban “causan graves perjuicios económicos a los talleres de reparación de automóviles” mientras “el Estado español consiente mediante el incumplimiento de cuatro directivas comunitarias y varios artículos del tratado de Funcionamiento de la UE”.

Cuestiona la labor de los peritos

Entre esas supuestas malas prácticas señaladas por la defensa de los denunciantes, que ejerce el despacho Navas&Cusí, se hace alusión a que las aseguradoras “fijan los precios sin respetar el establecido por el taller y el importe a abonar por el siniestro” y sin que se reconozcan “las horas de trabajo que emplea el taller en la reparación del daño”. Estas prácticas, se quejan, vulneran el artículo 101.1. a) del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), que prohíbe las prácticas que impiden la libre competencia dentro del mercado interior (fijando los precios de compra o de venta).

Además, protestaban, los peritos de las aseguradoras “tasan el tiempo y el coste de los materiales de las reparaciones en detrimento del taller”, una práctica que consideran “desleal y agresiva” según el artículo 8 de la Directiva 2005/29/CE (relativa a las prácticas comerciales abusivas).

Las patronales del sector consideran que esa supuesta fijación de precios de forma unilateral es patente “por el hecho de que el importe del módulo (precio de referencia con el que se compensan y liquidan los saldos entre aseguradoras) se fija anualmente y es independiente del coste real de los daños del vehículo”.

Con este sistema, aseguran, “la aseguradora del vehículo culpable pagará el módulo al mismo precio y la otra compañía tratará de reducir el coste de la reparación frente al precio del módulo, incrementando su beneficio y perjudicando la retribución del taller”. La compañía del asegurado que ha sufrido el daño y que va a realizar y asumir la reparación´-añaden- “tienen interés en tasar dicho daño en el menor coste posible”. Es decir, subrayan, “hay un acuerdo tácito entre compañías porque todas participan del mismo interés”.

Desprotección del consumidor

Asimismo, cuestionan la objetividad de los peritos “a la hora de evaluar los daños y fijar el precio/hora de la reparación” por su “dependencia económica” de las aseguradores. “Siguen el mandato y actúan en beneficio de la aseguradora. Existe, pues, una dependencia vertical y, por ello, abuso de derecho, en perjuicio del consumidor y del taller”, mantienen.

Algo que, señalan, incumple el artículo 17.3 de la Directiva 2016/97 sobre distribución de seguros, que ordena que los estados “garanticen que los distribuidores de seguros no sean remunerados ni evalúen el rendimiento de sus empleados de un modo que entre en conflicto con su obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes”, algo que “no garantiza España en el seguro de automóviles, desprotegiendo al consumidor y vulnerando la libre competencia entre talleres”.

En esa demanda también se hace referencia a que algunas aseguradoras “imponen a los talleres los proveedores de recambios o el tipo de recambio a instalar”, lo que según su criterio vulnera la Directiva 2006/123/CE (relativa a los servicios en el mercado interior).

“Hay compañías que comercializan pólizas que impiden a los clientes elegir libremente el taller para reparar su vehículo, restringiendo la libre competencia y la libertad de elección del consumidor”, se quejan. Y denuncian que está práctica vulnera la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, siendo especialmente abusiva en el caso de los accidentes imputables a terceros. Igualmente, añaden, ese carácter abusivo “se extiende a la cláusula restrictiva a la libre elección, que no se destaca en el texto del contrato del seguro ni se firma separadamente”.

Por último, denuncian que algunas entidades “apremian al cliente para que lleve su vehículo a determinados talleres seleccionados, distorsionando el mercado al limitar y restringir la libre elección de taller por el consumidor”.