Cuenta atrás para amortiguar a los hogares el peso de la meteórica subida de las hipotecas

El Gobierno y la banca negocian ya contra reloj para alcanzar un acuerdo sobre las medidas con las que se pretende amortiguar el primer impacto en la actualización de las cuotas hipotecarias en los hogares ante el meteórico alza del euríbor como consecuencia de la política de encarecer el coste del dinero por parte del Banco Central Europeo (BCE) para combatir la inflación.

La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, pretende que el Consejo de Ministros apruebe este martes un abanico de medidas de choque que consigan aliviar el encarecimiento de las hipotecas para lo cual se sigue negociando tanto a nivel técnico como entre la cúpula bancaria española y representantes económicos del Ejecutivo. Sin embargo, aún no se ha obtenido un compromiso cerrado pese a que ya hay acuerdo sobre buena parte de los puntos más relevantes que deberían ser sancionados mediante un real decreto ley o por una modificación del Código de Buenas Prácticas.

La principal condición para acogerse al nuevo Código de Buenas Prácticas, sobre la que en principio hay acuerdo, será que los ingresos del domicilio no superen los 24.318 euros al año, una cifra de ingresos netos que equivale a tres veces el Iprem, el indicador público de renta de efectos múltiples en 14 pagas.

Lo que aún se debate es el límite de alcance de las medidas sobre la clase media a partir del 1 de enero de 2023, más allá de las ofertas que negocie cada hipotecado con su entidad. Entre las opciones que se evalúan están que los bancos congelen las cuotas durante un año, que permitan alargar el plazo de las hipotecas si se encarecen más de un 30% y consumen al menos el 40% de los ingresos de la familia, además de facilitar el cambio a préstamos a tipo fijo mediante una novación o cambio de las condiciones, una subrogación o traspaso a otra entidad, o una nueva hipoteca.

La prolongación del plazo del préstamo se aplicaría sobre hipotecas a tipo variable firmadas a partir de 2012 para una primera vivienda.

La banca insiste en que las soluciones que promueve el Ejecutivo tienen que ser “temporales, para resolver un problema coyuntural, derivado de la subida de los tipos y la inflación”.