El Tribunal de Cuentas desconfía de casi 279.000 ERTE del Covid que afectan a 1,7 millones de trabajadores

El Tribunal de Cuentas ha detectado algunas "deficiencias" en la gestión de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor de la pandemia, entre las que se incluyen "resoluciones contradictorias, incongruentes y duplicadas" o, incluso, autorizadas por órganos que no eran competentes, como es el caso de Tragsatec.

En concreto, la Tesorería General de la Seguridad Social ha verificado indicios de incumplimiento en la exoneración de cotizaciones que podrían afectar a 278.757 empresas y 1,7 millones de trabajadores, en la mayor parte de los casos por diferencias en los días cotizados o por el reparto de beneficios, algo que no podían realizar.

El informe del Tribunal de Cuentas presentado este martes fiscaliza el enorme volumen de ERTE por fuerza mayor gestionados en marzo de 2020, al irrumpir la pandemia, y hasta marzo de 2022, pasando de 96 a 5.000 expedientes anuales.

Además, como consecuencia de la restricción de los controles para dar prioridad a la protección y a la concesión de ayudas sin haber confirmado el cumplimiento de requisitos, aún existen 10.896 beneficiarios (un 0,25% del total) cuya inactividad no fue comunicada por las empresas a la Seguridad Social, con un importe de las nóminas de 24,6 millones.

Los ERTE-Covid permitieron a miles de empresas suspender temporalmente contratos sin incurrir en despidos, mientras el Estado asumía el coste de las prestaciones por desempleo y exoneraba las cotizaciones sociales.

Asimismo, el informe revela que el 38% de personas que se acogió a esta fórmula en la pandemia no había retornado a su centro de trabajo a 31 de marzo de 2022, fecha en la que finalizaron las ayudas extraordinarias concedidas por el Gobierno para contener las consecuencias laborales de la crisis sanitaria.

El Tribunal de Cuentas apunta que una vez finalizadas estas ayudas, seguían inactivas 411.310 empresas acogidas inicialmente a los ERTE, y solo el 62,21% de las personas trabajadoras había retornado a su mismo centro de trabajo.

Este elevado número de empresas inactivas, que no disueltas, determina que el sistema de protección habilitado por el Gobierno "no fue suficiente".

A su vez, el instituto fiscalizador apunta que a 31 de diciembre de 2022, no se había recuperado el volumen de personal preexistente al inicio de la pandemia, existiendo un déficit del 6,48% con respecto al 1 de marzo de 2020.