El 2022 del Ingreso Mínimo Vital: “Escrivá no es consciente del dolor que ha provocado”

“El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha sido un despropósito, con un procedimiento inmisericorde para las personas vulnerables y con unos requisitos tremendamente rígidos”, denuncia José Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, en declaraciones a LA RAZÓN. Los solicitantes y los expertos en Trabajo Social no hablan ni de éxito ni de buena gestión. Mientras, la Seguridad Social defiende haber cumplido objetivos y haber desplegado con “gran esfuerzo” la política “más ambiciosa que se ha puesto en marcha en España para acabar con las situaciones de pobreza severa y para lograr la plena integración de las personas que están en exclusión social”. Pero los datos no engañan. Desde su puesta en marcha en junio de 2020 y hasta diciembre de 2022, el Ingreso Mínimo Vital solo ha llegado a 549.670 hogares en los que viven 1.542.675 beneficiarios, frente a los 850.000 hogares y 2,3 millones de beneficiarios que pretendía alcanzar esta ayuda en su primer año de vigencia. Es decir, dos años y medio después, el IMV solo ha llegado al 64,66% de sus beneficiarios potenciales. “El compromiso era llegar a 2,3 millones de beneficiarios el primer año y ya vamos por dos y medio. El ministro Escrivá no es consciente del sufrimiento que habrá provocado”, reprocha José Manuel Ramírez.

En 2020, primer año de la medida, el IMV llegó a 159.482 hogares en los que había 462.508 beneficiarios (20,10% de los beneficiarios potenciales); en 2021 lo cobraron 362.017 hogares y 824.411 beneficiarios (35,84% de los beneficiarios potenciales); y en 2022 se ha dado un salto considerable, llegando al 64,66% (1.542.675) del objetivo final de beneficiarios, de los cuales un 42,7% son menores (659.424) y el 54,4%, mujeres (838.794). Además, 305.460 prestaciones incluían el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI).

A mediados de octubre de 2021, y tras la presentación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dieron a conocer una serie de modificaciones normativas que se incluyeron en el proyecto de ley del IMV aprobado en el Congreso. Entre las mejoras se aprobó un complemento para menores de 100 euros por hogar al mes en el caso de niños hasta 3 años, de 70 euros al mes por cada niño entre 3 y 6 años, y de 50 euros al mes por cada menor de entre 6 y 18 años. Estas mejoras tenían el objetivo de alcanzar los 1,6 millones de perceptores del IMV en 2022, una meta que se puede dar por cumplida si se obvia el incumplimiento del objetivo inicial: llegar a 2,3 millones de beneficiarios en el primer año.

“Se han recibido más de 2 millones de solicitudes y estamos al día”, celebra la Seguridad Social. No obstante, solo se aprueban el 35,6% de las solicitudes que se presentan, expone Ramírez. Según las últimas cifras de la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, únicamente el 13,35% de la población bajo el umbral de la pobreza en España se había beneficiado del Ingreso Mínimo Vital a junio de 2022, cuando lo cobraron 1.176.187 personas. Este porcentaje habrá aumentado ligeramente a cierre de 2022 pero aún deja al borde del precipicio de la exclusión a miles de hogares. En España hay 9 millones de personas que viven en riesgo de pobreza. De estos, un millón sufre pobreza extrema. “Esos millones de personas se encuentran en el precipicio de la exclusión social. Mientras están en la pobreza se les puede salvar con el IMV o las rentas mínimas, pero cuando ya caen a la exclusión el ascensor social ha gripado y no pueden subir para integrarse en la sociedad”, advierte José Manuel Ramírez Navarro.

El presidente de la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ilustra cómo impacta el retraso y las dificultades de acceso al Ingreso Mínimo Vital en un caso real: una pareja que se queda a la vez sin empleo. El hombre trabajaba en un taller mecánico y la mujer en una peluquería. Además, tienen dos niños. Al quedarse desempleados pasan a ser pobres, pero si se les da el IMV a tiempo son capaces de salir adelante. No obstante, se presentan dos problemas. La primera “aberración” es que los ingresos que se computan para conceder la prestación son los del año anterior. Por lo tanto, aunque sea pobre actualmente no lo cobra si el año pasado tenía dinero. La norma requiere además, no solo que alguien sea pobre durante un año, sino que lo sea en el mismo sitio durante seis meses. “Esto hace que más del 10% de solicitudes se denieguen. La gente pobre se mueve, pero para cobrar el el IMV tienes que ser pobre durante seis meses en el mismo sitio”, explica Ramírez. Aunque antes se pedía el padrón histórico familiar durante un año y ahora es a seis meses este requisito sigue impidiendo el acceso al IMV de numerosos potenciales beneficiarios.

“Esta pareja después de dos años sin ingresos fijos fue desahuciada, la mujer se fue a vivir con su madre, el marido se lleva mal con los suegros y se fue a vivir a casa de sus padres y los niños cambiaron de centro educativo. Ahora el marido ha vuelto a relacionarse con sus amigos de toda la vida, ha vivido una segunda juventud y se ha enganchado a las drogas; los hijos tras el cambio de centro tienen problemas de arraigo, uno es absentista y el otro tiene mal comportamiento; y la mujer tiene una depresión de caballo. Eso es exclusión social”, detalla el presidente de la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y profesor de Trabajo Social en la Universidad de Málaga.

La pobreza es un estado de carencia de dinero que se resuelve simplemente con una prestación económica, mientras que la exclusión social es la combinación de muchas vulnerabilidades que imposibilitan salir sin apoyo de esa situación. Por lo tanto, no es lo mismo sacar a esta familia de la pobreza con el IMV que ahora sacarla de la exclusión social. “Si Escrivá viese las colas del hambre se tendría que sentir interpelado y avergonzado de que sean producto de su mala gestión”, denuncia Ramírez.

El Ingreso Mínimo Vital es ingreso, es mínimo, pero no es vital. “Lo que más me preocupa del ministro Escrivá es su tozudez. El proceso podría haber sido muy sencillo si se trabajara de manera coordinada con las comunidades autónomas para gestionar el Ingreso Mínimo Vital y las Rentas Mínimas de Inserción”, apunta Ramírez. Esa coordinación ha fallado y ha generado requerimientos por cobros indebidos. Aunque ambas prestaciones son en principio compatibles, si se estaba cobrando una renta mínima regional y se empieza a percibir el IMV es muy probable que se supere la cantidad de ingresos para cobrar la renta mínima y que esta desaparezca. Pero el proceso no es inmediato, sino que se siguen cobrando ambas prestaciones hasta que la Hacienda pública local detecta cobros indebidos y de repente una familia vulnerable se topa con que debe devolver, por ejemplo, 7.000 euros.

“Todo esto ha tenido un efecto perverso porque lo que han hecho las comunidades autónomas es reducir sus rentas mínimas de inserción con la coartada del IMV y muchas comunidades han hecho caja”, critica Ramírez. En concreto, según datos de la la Asociación Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, las comunidades autónomas. redujeron 247 millones su gasto en rentas mínimas de inserción en 2021 respecto al año anterior (-13,0%), tras la implantación del IMV. Castilla-La Mancha registró el mayor descenso porcentual (-66,7%), seguida de Madrid (-61,7%) y de Castilla y León (-58,2%). No obstante, algunas destinaron este “ahorro” a programas de inclusión social o a otras políticas sociales, como Castilla y León y Madrid, mientras que en otras supuso sin más una reducción de su gasto social.

Hasta noviembre de 2022, el último dato disponible, el gasto en el IMV había alcanzado los 2.300 millones, el 88% de lo presupuestado (2.612 millones de euros). En opinión de José Manuel Ramírez Navarro, “que ante la mayor crisis de los últimos años, tras la pandemia y ahora la guerra de Ucrania, el Ministerio de Seguridad Social devolviese el año pasado mil millones de euros por falta de ejecución de gasto y que este año también le vayan a sobrar varios millones es de ser un mal gestor”. Las dificultades de acceso, la descoordinación con las comunidades, la lentitud en el pago y el incumplimiento de objetivos evidencian el fracaso de la medida y un excesivo control al pobre en el peor momento posible.