La mayoría de las pequeñas empresas españolas «no tiene margen de beneficios para subir los salarios de sus trabajadores, tiene una rentabilidad muy limitada, baja productividad y escasa capacidad de inversión». Las conclusiones del informe «¿Las empresas españolas ganan dinero suficiente para subir los salarios?, elaborado por el Consejo General de los Gestores Administrativos junto al economista Javier Santacruz Cano son elocuentes: la mayoría del tejido empresarial español –formado en más de un 90% por micro y pequeñas empresas– opera con «una rentabilidad estructuralmente baja y sin capacidad de absorber nuevas cargas sin comprometer su viabilidad».

El informe también pone el foco en «la caída sostenida de la productividad por trabajador desde 2008 y el deterioro del volumen de ventas por empleado en los últimos seis trimestres, especialmente entre las empresas más vulnerables». Esta fragilidad estructural, unida al incremento de costes laborales y financieros, y a una creciente presión fiscal, «deja a miles de negocios en una posición límite. La rentabilidad no es un lujo, sino una condición básica para sostener el empleo, la inversión y la cohesión social. Exigir más sin reconocer esta realidad es condenar al tejido productivo a una lenta asfixia», apunta Santacruz.

La ecuación de baja productividad por trabajador y unos costes laborales en aumento provoca que «muchas empresas sobreviven, pero no crecen, no invierten y, en muchos casos, ni siquiera compensan el coste de su deuda. En el segmento más vulnerable, el volumen de ventas por empleado ha caído durante seis trimestres consecutivos». Además, el resultado bruto de explotación (EBE) –que mide la renta generada por la actividad empresarial antes de impuestos e intereses– apenas ha crecido un 2,46% en los últimos 30 años, muy por debajo del crecimiento del PIB nominal, lo que indica que «las empresas han sido menos capaces de apropiarse del valor añadido que generan». Para Santacruz, más preocupante aún es que, desde 2008, se observa «una divergencia negativa entre salarios y productividad», ya que los salarios han crecido por encima del valor añadido por trabajador, lo que sugiere una presión constante sobre los márgenes. Una situación que se agrava entre las microempresas, que presentan tasas de fracaso empresarial cercanas al 37%, con «graves problemas de rentabilidad, acceso a financiación y capacidad de inversión.

Los sectores con mayor presencia de microempresas –como el comercio, la hostelería o el transporte– son precisamente los que tienen «los márgenes operativos más bajos y la mayor presión fiscal proporcional. De hecho, el volumen de ventas por trabajador ha caído durante seis trimestres consecutivos.

El estudio desmonta una máxima defendida por los dos partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, que «las empresas están ganando mucho dinero y pueden pagar más». nada más lejos. El retorno sobre los activos (ROA) «está por debajo del coste medio de la deuda», lo que significa que, en términos financieros, «pedir prestado no compensa en términos de rentabilidad empresarial. Muchas empresas sobreviven, pero no pueden crecer, invertir ni mejorar las condiciones de sus trabajadores sin asumir un riesgo desproporcionado».

El comportamiento más negativo lo registra el resultado neto de las pymes, el cual se encuentra en mínimos históricos. En las últimas tres décadas, el resultado neto ha caído en media anual acumulativa un 2,63%. Pero si se toma como referencia el dato prepandemia, la caída es del 23,5%.

El propio Banco de España confirma que el salario medio ha crecido muy por encima del valor añadido bruto medio por trabajador (VAB) en los últimos 15 años. Los salarios han crecido muy poco (un 15,35% entre 2007 y 2023), pero el VAB por trabajador ha caído un 0,72%. Para Santacruz, esto demuestra «con claridad que la política salarial debe adaptarse al contexto productivo real».

A ello se suma una deficiencia estructural del sistema estadístico español al no segmentar adecuadamente por tamaño real de empresa, «lo que genera una imagen distorsionada que homogeneiza situaciones muy distintas. Esta falta de precisión dificulta el diseño de políticas públicas eficaces y acaba penalizando a las empresas más pequeñas, que son precisamente las más frágiles y las que generan más empleo relativo», incide Santacruz.

«Nosotros no negamos la necesidad de mejora social. Lo que decimos es que no puede haber justicia social sin viabilidad económica. Las empresas no pueden dar lo que no tienen», afirma Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente del Consejo de Gestores. «Y si no creamos las condiciones para que sean rentables, productivas y competitivas, no solo no habrá subidas salariales: no habrá empresas». Santiago advierte de que el debate político y mediático se aleja cada vez más de la realidad: «Hay una distancia inmensa entre los titulares y los datos. Por eso hemos querido aportar evidencia. Porque cuando se legisla sin mirar el margen real de las empresas, se condena a muchas de ellas a desaparecer. La rentabilidad es hoy el gran ausente del discurso público, y sin rentabilidad no hay tejido productivo sostenible".