El activismo anti-empresa del Ministerio de Sanidad de Mónica García: ahora contra el tabaco y los consumidores

Es incuestionable que el ministerio de Sanidad lleva años con un historial deficiente en cuanto a la defensa de los intereses de los ciudadanos y de la salud pública. Parece, más bien, que se dedica al activismo anti-empresa.

Desde la más que desastrosa gestión de la pandemia, en la que se mintió sobre el comité de expertos, sobre las pruebas realizadas, sobre la idoneidad de las mascarillas y tantos otros factores, hasta el penoso episodio de sabotear MUFACE o sus erráticas decisiones sobre las medidas en el sector del tabaco, los ejemplos son innumerables.

Tenemos la primera ministra de Sanidad de la historia, Mónica García, que ha saboteado un hospital público por intereses partidistas, que afirmó que regalar mascarillas en la pandemia era un «acto magnánimo de prepotencia» y acaba de firmar un documento oficial defendiendo el uso de 233 millones de mascarillas caducadas porque «el hecho de que un producto sanitario esté caducado no significa que no pueda utilizarse».

En muchas de las decisiones del Ministerio de Sanidad se esconde más una animadversión a la libre empresa y a la competencia que una verdadera defensa de la salud pública.

Un caso evidente acaba de darse sin mucha repercusión mediática. La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha publicado un dictamen en el que recuerda que la protección de la salud no tiene por qué estar reñida con la existencia de una regulación eficiente que promueva la competencia en el sector del tabaco.

Además, recuerda que la competencia es un catalizador de reducciones de precios, mejoras de calidad e innovación que ayudan a poner en el mercado productos menos dañinos para los consumidores.

Todos estamos de acuerdo en defender la salud pública y evitar los efectos nocivos del tabaquismo. Todos entendemos que se debe hacer frente desde la prevención y la información, no la prohibición, que solo genera un mercado pirata paralelo y sin garantías.

Sin embargo, el mismo Gobierno que lanza constantes medidas de intervención, parece más orientado a eliminar la competencia y libre empresa que son más eficaces a la hora de reducir los efectos dañinos para la salud, que a defender la salud pública.

La CNMC comparte la necesidad de atacar los principales problemas de salud pública y prevenir el tabaquismo, pero cuestiona con contundencia las medidas regulatorias planteadas en el real decreto del Ministerio Sanidad, alegando que es absolutamente necesario hacerlo por la vía legislativa adecuada, argumentando y justificando las medidas propuestas con evidencia científica y evaluando su impacto en la libre competencia.

Además, no podemos olvidar que una medida precipitada e ideológica puede pisar la regulación de la Unión Europea.

Un ejemplo es el argumento que justifica el etiquetado genérico. El ministerio simplemente afirma que es una medida ya utilizada por otros países. Lo que no dice es que ha sido un fracaso a la hora de defender la salud pública. Los resultados observados en distintos países, y en particular un estudio de la Universidad RMIT de Melbourne, fueron descritos como «cinco años de fracaso», revelando que el número de fumadores no había bajado, sino aumentado, y además el consumo de peores calidades más dañinas para la salud. Estudios similares alertan del aumento de venta pirateada y efectos limitados en el consumo.

La CNMC indica que los argumentos no acreditan con evidencia empírica su correcta adaptación a los principios de buena regulación. Además, se eliminaría una de las pocas señales de competencia que quedan en un mercado masivamente intervenido.

Lo mismo ocurre con la prohibición de comercialización de bolsas de nicotina con más de 0,99 mg por unidad cuando sí puede comercializarse en otros países de la Unión Europea.

Imaginen por qué es este informe tan importante. La CNMC suele dictaminar de manera muy diplomática, el sector ya está intervenido como pocos, y la experiencia europea con medidas contraproducentes es muy relevante. Se percibe un claro sesgo político y contrario a la libre empresa del ministerio, además de una extraña prisa.

¿Cuál es el objetivo? Al lector observador no se le escapará que las medidas anunciadas son cosméticas, políticas, anti-competencia y, lo más alucinante, contraproducentes.

Al eliminar uno de los pocos atisbos de mercado libre competitivo en un sector completamente intervenido, se ponen en peligro los intereses de los consumidores y los incentivos para innovar y reducir los riesgos sanitarios. Es decir, una medida de un Ministerio de Sanidad que, en realidad, empeora la situación de la salud pública.