Cuatro años después del estallido del “Dieselgate” ayer arrancó en la Audiencia de Braunschweig (Alemania) el macrojuicio contra el fabricante de automóviles Volkswagen. Medio millón de demandantes europeos, entre los que hay miles de españoles, buscan una compensación por la manipulación de las emisiones contaminantes en sus motores que, hasta el momento, le ha costado a Volkswagen unos 30.000 millones de euros en concepto de conciliaciones, reparaciones y abogados.

La que ya se considera la mayor demanda colectiva de la historia en Alemania y la primera de este tipo en el país, tiene visos de convertirse en un proceso que podría alargarse durante años. Así, en la primera sesión, Volkswagen desestimó la propuesta de Michael Neef, el juez encargado del caso, que su sugirió un acuerdo entre las partes ya que, según la automotriz, “no hay daños” y que, por ello, el requerimiento “no tiene fundamento”.

Los demandantes, que incluyen a la Asociación Alemana de Organizaciones de Consumidores (VZBV) y al club de automovilistas ADAC, reclaman una compensación económica para sus clientes, que han visto cómo sus vehículos han perdido valor a causa del escándalo. Acusan, así, al fabricante de haberlos perjudicado de forma deliberada.

Los jueces deberán abordar a partir de ahora un total de 50 puntos, pero la cuestión principal será determinar si Volkswagen “provocó un prejuicio” y “actuó de manera contraria a la ética”. El presidente de la VZBV, Klaus Müller, se mostró optimista y aseguró que “es posible que el dinero fluya rápidamente” a pesar de que la empresa se ha negado a llegar a un acuerdo prejudicial. Neef reiteró que “posiblemente la demanda colectiva no será de utilidad para los usuarios con residencia en el extranjero” ya que para estos afectados, “habrá que aplicar, si procede, derecho material extranjero” para responder a sus solicitudes de indemnización.

Volkswagen, por su parte, anunció que aportará un peritaje de la auditora Deloitte que estima que le podría librar del pago de indemnizaciones a los consumidores. Según este informe, el valor residual de los modelos investigados no bajó al conocerse la manipulación en septiembre de 2015, sino a partir del tercer trimestre de 2017, tras publicarse informaciones sobre la posible prohibición de circulación para algunos vehículos diésel en Alemania, lo que pondría en duda el argumento de la acusación.

El caso ha supuesto un varapalo para el sector a nivel comunitario y uno de los motivos de su declive en bolsa a lo largo de los últimos años, junto con la regulación cada vez más estricta en materia medioambiental.