Alquiler Seguro, sobre el expediente de Consumo por sus presuntos cobros ilegales a inquilinos: "Cumplimos la norma. Todos los servicios son voluntarios"

"Desde Alquiler Seguro queremos decir que cumplimos la norma a rajatabla y lo llevamos haciendo desde hace 17 años. Si hay algún protocolo de los cuales tenemos auditados que deberíamos analizar por la interpretación de Consumo estaremos abiertos a hacerlo, siempre con ánimo de mejora", ha apuntado David Caraballo, CEO de Alquiler Seguro, en declaraciones a medios tras darse a conocer este jueves que Consumo ha abierto expediente sancionador a la compañía por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler. El CEO de la plataforma investigada señala que el proceso está en una fase muy inicial y que necesitan analizar el expediente para conocer los supuestos a los que hace referencia, pero ha atribuido a un posible problema de "interpretación" el expediente de Consumo. Caraballo ha insistido en que son "muy escrupulosos con la norma" y que colaboraran con la Administración para llegar a un acuerdo que evite la sanción.

Aunque el Ministerio no ha desvelado el nombre de la compañía, Facua ha confirmado que se trata de Alquiler Seguro, plataforma a la que denunció ante Consumo junto con la OCU y el Sindicato de Inquilinas-CECU, y que el motivo de la apertura del expediente se debe al presunto cobro comisiones por la gestión del alquiler, una práctica prohibida la Ley de Vivienda, así como por obligar a contratar un seguro o servicios no deseados.

En concreto, Facua denunció a Alquiler Seguro en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonarles el equivalente a un mes de renta más el 21% de IVA, cobro que justificaban en la prestación de un "servicio de atención al arrendatario". La compañía aseguró a la asociación que, tras la denuncia, dejó de imponer la contratación del servicio y que, una vez visitado el inmueble, facilita a los usuarios que no quieren contratarlo los datos de contacto del propietario de la vivienda. Sin embargo, la Dirección General deConsumo habría constatado en los últimos meses una serie de irregularidades que la han llevado a incoar el expediente sancionador a la empresa.

El CEO de la plataforma de alquiler asegura que "ahora mismo los gastos por la gestión inmobiliaria o formalización del contrato" corren a cargo del propietario. El inquilino solo está obligado a pagar la fianza y un depósito adicional a modo de garantía que se devuelve al final del contrato si no se ha producido ninguna incidencia. La fianza la custodia el propietario y el depósito está en manos de Alquiler Seguro. Los clientes, además, pueden contratar otros servicios como ayuda jurídica o una cobertura para gestionar incidencias del inmueble, pero "todos son voluntarios", ha asegurado Caraballo. Alquiler Seguro insiste en que todas sus condiciones y contratos son públicos en la web de la plataforma, aunque reconoce que estos han cambiado varias veces desde 2023. Por ello, se muestran "abiertos totalmente a cualquier propuesta que haya de mejora o de clarificar el servicio para mejorar la protección tanto a propietarios como a inquilinos", pero señala que "a veces es una cuestión de interpretación". La empresa está en trámites de alegación para estudiar todos los requerimientos de la Administración.

Este nuevo procedimiento de sanción que abre Consumo a través de su dirección general parte de la investigación que se inició el pasado mes de octubre de 2024 desde el Ministerio que lidera Pablo Bustinduy. Esta investigación sigue en marcha respecto a otras inmobiliarias que también podrían haber cometido estas u otras prácticas, según ha aclarado el Ministerio.

A este respecto, desde Consumo se señala que la "Ley 12/2023 de 24 de mayo por el derecho a la vivienda" prohíbe expresamente trasladar a los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato. Asimismo, se indica que estas cláusulas o prácticas podrían ser constitutivas de infracciones que, según la Ley de Defensa de los Consumidores, podrían calificarse como graves, y ser sancionadas con multas de hasta 100.000 euros pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre cuatro y seis veces el beneficio ilícito obtenido; o muy graves, y ser sancionadas con multas de hasta un millón de euros, pudiéndose sobrepasar esas cantidades hasta alcanzar entre seis y ocho veces el beneficio ilícito obtenido.

Fin a la impunidad

Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid, su portavoz Valeria Racu, ha asegurado que el cobro de honorarios y la retención de fianzas a los arrendatarios son algunas de las "ilegalidades" cometidas por Alquiler Seguro y ha celebrado el "fin de la impunidad" de estas empresas. Según ha explicado, aunque estas "presumen" de que el pago por algunos servicios es "voluntario", lo cierto es que "obligan al inquilino a firmar cláusulas abusivas, porque no se pueden negociar".

Bustinduy ha animado "a que toda la gente denuncie cuando, intentando buscar un piso, les quieran imponer el cobro de honorarios y servicios no solicitados, porque ningún modelo de negocio puede estar por encima del derecho a la vivienda". En declaraciones en Barcelona, ha instado además a transmitir estas denuncias al Sindicato de Inquilinos, a las organizaciones de consumidores y a las autoridades de consumo municipales y autonómicas.