Bruselas cuestiona que las energéticas obtengan ya los beneficios extraordinarios por los que Sánchez les cobra un impuesto

Las compañías energéticas españolas han encontrado un aliado de peso en su cruzada contra el impuesto extraordinario al sector que el Gobierno pretende prorrogar: la Comisión Europea. En un informe para analizar la intervención de emergencia para hacer frente a los altos precios de la energía que se adoptó por Bruselas hace un año a través de una contribución solidaria de estas empresas del sector, el Ejecutivo comunitario pone en duda la propia existencia en este momento del motivo que dio origen a la tasa, los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas.

El documento asegura que "un vistazo a la evolución de los mercados de las energías fósiles muestra que la situación es muy diferente de la que existía cuando el Reglamento del Consejo entró en vigor en octubre de 2022. El descenso de los precios de la energía a lo largo de 2023 y un entorno económico más incierto, así como el aumento de los costes de capital, han llevado a las empresas de los sectores del petróleo, el gas y el carbón a registrar una disminución de sus beneficios en comparación con los beneficios extraordinarios excedentarios de 2022".

En el documento, la Comisión expone que el repunte de los precios de la energía en 2022, tras el impacto por la guerra de Ucrania tras la invasión rusa, presentó un entorno empresarial "único y favorable" para las empresas de combustibles fósiles, "a pesar de la incertidumbre reinante". Como resultado, la crisis energética de 2022 ofreció "un telón de fondo perfecto para la creación de beneficios inesperados en toda la cadena de valor, superando significativamente las condiciones del mercado de la era anterior a la crisis", ya que algunas empresas estaban mejor posicionadas que otras para aprovechar su estrategia de cobertura y contratos a largo plazo "para asegurar condiciones favorables en medio de la volatilidad".

Entorno muy cambiado

Sin embargo, la Comisión prosigue que "con el descenso gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023 (que se mantienen por encima de los niveles históricos), el entorno para generar beneficios inesperados se ha atemperado en comparación con las extraordinarias condiciones del año anterior 2022, ya que las empresas tienen que componerse con un entorno económico más incierto y unos costes de capital crecientes".

Hace más de un año, en medio de la tormenta perfecta para los precios de la energía, la Comisión propuso acabar de forma temporal con los beneficios extraordinarios de las energéticas con un paquete de medidas enfocadas tanto al sector eléctrico como al de petróleo, gas y carbón. Para ello, Bruselas impuso un impuesto mínimo del 33% sobre los beneficios excesivos generados por las actividades de los sectores del petróleo, el carbón y las refinerías, que serían redirigidos a los consumidores y las empresas más afectadas. Para ello, se recaudaría sobre los ingresos de 2022 que superaran un incremento del 20% sobre la media de los beneficios de los tres años anteriores y serían redirigidos a los consumidores de energía.

En el caso de España, para las energéticas, se fijó un impuesto especial que grava con el 1,2% de la facturación obtenida en aquellas empresas con ingresos superiores a 1.000 millones euros excluyendo los negocios regulados y actividades fuera de España y extra peninsulares. Pero la medida, que en un principio se anunció temporal, quiere ser prolongada en el tiempo por el Gobierno. Así lo acordaron PSOE y Sumar en el pacto para reeditar su coalición de la pasada legislatura.

El sector ha advertido de que mantener el impuesto pone en riesgo inversiones por valor de 16.500 millones

El movimiento de ambos partidos de izquierdas ha tenido una fuerte contestación de las compañías del sector. Desde la patronal de las compañías energéticas, AOP, han advertido de que mantener el tributo pone en riesgo 16.500 millones de euros en inversiones para la transición energética. El sector del refino asegura que hacen falta más inversiones para cumplir con la necesidad de acelerar la transición energética que recoge la actual revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Este borrador del PNIEC 2023-2030 eleva las inversiones necesarias previstas a 294.000 millones, de las que el 85% deben provenir del sector privado. Si se mantiene este gravamen, "las inversiones estarían expuestas a una incertidumbre fiscal y regulatoria. Las compañías a las que AOP representa tienen proyectadas, hasta 2030, inversiones superiores a los 16.500 millones de euros, que se verían en una clara desventaja competitiva frente a industrias importadoras -que no crean empleo- y frente a otros países sin objetivos climáticos, penalizando la industria en España, que dedica recursos a su transformación y a la descarbonización", asegura la asociación.

Entre las compañías que se han mostrado más contundentes en su respuesta contra el impuesto está Repsol, que ya ha avanzado que, de perseverar el Ejecutivo en su intención de prorrogar el impuesto, sopesarán realizar inversiones por valor de unos 1.500 millones de euros fuera de España. Esta misma semana, su presidente, Antonio Brufau, ha insistido en que si el Gobierno insiste en su política, estos fondos pueden acabar en Francia o Portugal.

Otra competidora directa de Repsol como Cepsa perdió 116 millones de euros en los nueve primeros meses del año debido al impuesto, según destacó en su presentación de resultados. La compañía considera que el impuesto es "desproporcionado" y que está "mal diseñado".

 También Endesa ha mostrado públicamente su rechazo a una medida que considera "discriminatoria e injustificada"en palabras de su consejero delegado, José Bogas. "En este caso, decimos que es discriminatorio para las eléctricas españolas, ya que disminuye nuestra capacidad de inversión respecto a otros actores europeos. Tenemos una desventaja competitiva en términos del mercado europeo, y esto no tiene sentido", dijo. "Seguiremos apelando y veremos qué pasa", añadió al respecto de los recursos que han presentado ante los tribunales contra la medida.

Iberdrola es otra de las compañías que ha llevado el impuesto a los tribunales. El pasado mes de febrero, su presidente, Ignacio Galán, anunció la interposición de un recurso. "Hemos recurrido estas bases por ser discriminatorio por sectores y por empresas. Sin embargo, no esperamos una decisión judicial este año", aseguró entonces. La energética calcula que al tributo le costará unos 200 millones de euros a la compañía.

Frente a esta catarata de ataques del sector, desde el Gobierno, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó semanas atrás que "por supuesto que hay margen" para que las entidades financieras y energéticas, que están presentando resultados "milmillonarios" estos días, realicen una mayor aportación fiscal a la que efectúan actualmente.