La declaración de más zonas tensionadas pone en peligro un 25% de los trabajos del sector inmobiliario

La Ley de Vivienda fue aprobada el pasado mes de mayo por el Gobierno para "aumentar la oferta de vivienda a precios asequibles, evitar que se den situaciones de tensión en el mercado del alquiler y apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda", tal y como explican en la web de La Moncloa.

La normativa estableció un índice de precios de referencia para limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, es decir, en aquellas áreas del territorio español en las que el pago de la vivienda representa más del 30% del ingreso de los hogares; o en las que los precios han subido más de tres puntos porcentuales por encima del IPC en los últimos cinco años.

Aunque esta norma supone una oportunidad para todos los inquilinos, especialmente para aquellos que tienen mayores dificultades económicas, esta también tendrá efectos adversos. Y es que la Ley de Vivienda podría poner en peligro hasta un 25% de los puestos de trabajo del sector inmobiliario en nuestro país, que, según la Encuesta de Población Activa (EPA), fueron 172.600 personas a cierre de 2023, tal y como explican desde la empresa Alquiler Seguro.

De esta forma, aseguran que la incertidumbre generada por estas medidas está provocando una contracción de la oferta, lo que contribuye a precarizar "aún más" el mercado del alquiler: "el incremento de los costes y la reducción de la facturación podrían acarrear la pérdida de puestos de trabajo y el empeoramiento de las condiciones laborales. Los profesionales del sector inmobiliario forman uno de los colectivos que más está sufriendo los estragos de la nueva Ley de Vivienda".

Cataluña es la única comunidad que ha establecido el índice de precios de referencia para frenar los alquileres en 140 municipios donde vive el 80% de la población. Por tanto, desde esta compañía explican que en esta autonomía ya se están notando los problemas que conlleva esta nueva situación, dado que esta es una estrategia "errónea" que destruye la oferta, perjudica a los inquilinos y acentúa la gentrificación de las grandes ciudades.

"Si bien la voluntad manifiesta es la de conseguir que los precios bajen, el alto grado intervencionista de esta regulación desemboca en una contracción de la oferta que provoca una tensión aún mayor en el mercado. Tanto es así, que hasta un 30% de los propietarios se plantean alguno de los modelos alternativos al alquiler residencial. Sin embargo, los inconvenientes con los que ahora tienen que lidiar desde el ámbito profesional de este sector no son una cuestión menor", afirma el presidente de Alquiler Seguro, Antonio Carroza.

Mayores dificultades en el sector

Ademas de la pérdida de empleo, la aplicación de estas medidas conlleva otras consecuencias negativas para el sector inmobiliario:

• Aumento de los costes de asesoría jurídica debido al alto volumen de consultas que deben realizar las empresas afectadas.
• Incremento en los tiempos de formalización de los contratos de alquiler por actualización. De esta forma, se crea un mayor coste indirecto y una mayor complejidad de los trámites para alquilar.
• Cancelación de proyectos de expansión y nuevas aperturas por el "alto riego y las escasas certezas".
• Incremento en los costes de publicidad por la constante renovación de los anuncios. "En esta misma línea, se generan sobrecostes derivados de actualizar la programación en CRM, de la necesidad de renovar equipos o de formar a los trabajadores", sentencia esta compañía.