Díaz redobla su ofensiva contra los empresarios y pone a Telefónica en su punto de mira por el ERE

Yolanda Díaz ha encontrado en el ERE de Telefónica la nueva excusa perfecta para expandir sus  aspiraciones intervencionistas sobre el tejido empresarial español. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha querido tomar partido en la negociación entre la compañía y los empleados sobre los 3.959 despidos y prejubilaciones (inicialmente 5.124) que acometerá la operadora de telecomunicaciones en sus tres grandes filiales en España: Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. El partido que lidera, Sumar, ha cargado contra las empresas que destruyen empleo a la vez que reciben ayudas públicas, unos reproches casi idénticos a los que ya utilizó la titular de Trabajo para rechazar el «inaceptable» cambio de sede de Ferrovial a Países Bajos y afear a Repsol su amenaza de trasladar inversiones fuera de España ante la prórroga del impuesto a especial a las energéticas.

En esta ocasión, Sumar ha puesto a disposición de los sindicatos «toda su capacidad política» y de interlocución con la patronal para conseguir el «mejor» de los acuerdos en los expedientes de regulación de empleo que Telefónica después de que CC OO y UGT criticasen las condiciones con las que se presentó Telefónica a la mesa de negociación del ERE.

Tanto CC OO como UGT hacen hincapié en que la negociación del ERE va de la mano de la del nuevo convenio colectivo de empresas vinculadas (CEV), dado que el actual es una prórroga del anterior y expira el 31 de diciembre. En esta materia también ha habido choques entre los sindicatos y la compañía.

CC OO apuesta por mejorar el teletrabajo, la reducción de jornada, la subida salarial con cláusula de revisión en base al Índice de Precios de Consumo (IPC) o la necesidad de integrar en Telefónica de España nuevas jurídicas filiales, como es el caso de Telyco (Tiendas Movistar) en el convenio colectivo, algo que Telefónica no tiene en mente.

UGT es más contundente y se niega a aceptar la «posibilidad de introducir salidas forzosas». Además, reclama que, si se produce una extinción de puestos, también debe extenderse a los cargos directivos. Respecto a la movilidad geográfica, para los sindicatos es «piedra angular» en la negociación, estableciendo que, con la desaparición de la garantía de no movilidad forzosa interprovincial e interinsular, «no hay posibilidad de acuerdo».

En este contexto, Sumar lamentó que «empresas que reciben ayudas públicas opten por vías de destrucción de empleo en vez de por la formación de las personas trabajadoras y reformulación de los puestos de trabajo», según informó el grupo parlamentario a Europa Press. El partido de Díaz asegura que ha analizado tanto la situación del proceso de ERE actual como, «muy particularmente, las amenazas para un sector estratégico, el de las telecomunicaciones, que genera sólo contando las tres grandes empresas, más de 70.000 empleos directos».

Nuevo ciclo intervencionista

Sumar explicó que, en términos globales, la reunión mantenida el martes con los sindicatos para conocer los entresijos de las negociaciones con Telefónica le permitió constatar que el sector de las telecomunicaciones «está necesitado de políticas públicas que permitan una soberanía tecnológica en Europa, que además resulta clave para proteger el empleo digital y unas condiciones de trabajo dignas para la clase trabajadora».

Anteriormente, Díaz también se escudó en el patriotismo económico y la defensa de los intereses de los españoles para instigar la entrada del Estado español en el capital de Telefónica, compañía presidida por José María Álvarez-Pallete, después de que Saudi Telecom Company (STC), grupo controlado por el Gobierno saudí, se hiciese el 9,9% del capital de Telefónica por un importe de 2.100 millones de euros.

La ministra de Trabajo se empeña en retener la fuerza empresarial española mientras empuja las salidas con constantes amenazas, subidas fiscales, inseguridad jurídica y acusaciones de obtener beneficios «indecentes». El interés de Díaz por la españolidad de Telefónica y el volumen de su plantilla son nuevas señales claras de la línea intervencionista que marcará la nueva legislatura del Gobierno de coalición.