El Gobierno quiere aflorar 200.000 «empleos» ocultos a base de deducciones

Estudia incentivar mediante cotizaciones reducidas las actividades extra que declaren los trabajadores ya inscritos en el Régimen General.

En España hay cerca de 500.000 «empleos» que no cotizan a la Seguridad Social. Se trata de actividades a jornada parcial –como las clases particulares, asesorías o consultas médicas, por ejemplo– o continua pero con un fuerte componente de pago en efectivo –jardineros o mantenimiento de piscinas–. Una economía sumergida para la que aún no resulta atractivo salir a la superficie y que mueve millones de euros cuyas cotizaciones se pierden para el sistema.

Para lograrlo, el Gobierno estudia una propuesta de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que pretende aflorar entre 150.000 y 200.000 actividades no declaradas, ofreciendo cotizaciones muy reducidas para todo autónomo que cotice por ocho horas en el Régimen General y que tenga pluriactividad, otros «trabajillos» por los que no cotiza. «Quien recibe 600 euros en clases particulares o «colaboraciones» no está dispuesto a pagar 267 euros de cotización para regularizar esas actividades, así que mantiene esos cobros en B», explica Lorenzo Amor, presidente de ATA.

La intención es permitir la cotización por el tiempo real de actividad profesional a aquellos trabajadores que ya coticen a jornada completa en el Régimen General y que ahora están obligados a cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) a tiempo completo cuando realizan una actividad económica alternativa. Esto facilitaría el control de las actividades no declaradas y que suponen una grave competencia desleal hacia los autónomos que sí las declaran. Tanto ATA como la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos (UPTA) y la Federación Española de Autónomos (CEAT) acordaron un sistema de cotización «reducido» y «progresivo» por tramos de dos horas, tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), de 655,20 euros en 2016, y una cotización del 26,5%.

Esta cotización es el resultado de excluir la tasa por contingencias comunes y la de contingencias profesionales que ya se cotizan por el Régimen General. Así, se cotizarían 46 euros por dos horas, 92 euros por cuatro horas y así progresivamente. Los autónomos tampoco descartan una «tarifa plana» para esas actividades de entre 50 y 100 euros como tope.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), hay declarados más de 130.000 autónomos cotizantes al RETA afectados por la pluriactividad. ATA calcula que con esta medida, a efectos estadísticos, podrían aflorar un mínimo de 50.000 cotizantes asalariados que en estos momentos no declaran ni cotizan por trabajos por cuenta propia realizados en sus horas libres y que acumulan entre 150.000 y 200.000 actividades profesionales. Entre ellos se encuentran profesores particulares, asesores, contables o periodistas.

Los autónomos también proponen que en estos casos de pluriactividad se posibilite la acumulación de cotizaciones y periodos para sumar las realizadas a los diferentes regímenes, a fin de conseguir cubrir el periodo mínimo requerido mediante la acumulación a los días cotizados en el Régimen General, de los periodos (por horas) cotizados en el RETA y obtener una mejora en su futura pensión al aumentar sus aportaciones a la Seguridad Social. Desde la entrada en vigor de la ley de emprendedores, aprobada por el Congreso en septiembre de 2013, existen bonificaciones para los autónomos en situación de pluriactividad. En 2016, los autónomos en esta situación pueden reducir su base de cotización hasta los 133,52 euros mensuales durante los primeros dieciocho meses de alta y hasta los 200,28 euros mensuales durante los segundos dieciocho meses de alta. En el caso de que la pluriactividad sea a tiempo parcial, las bonificaciones se reducirían al 75% y 85%, respectivamente, con una base mínima de 751,80 euros.

No obstante, si así lo desearan, podrán optar por una base de cotización superior hasta llegar a las bases máximas de cotización. Hasta ahora los requisitos exigen darse de alta por primera vez en el RETA y la Seguridad Social obliga a elegir entre estas bonificaciones por pluriactividad o cualquier otra, como la tarifa plana de 50 euros.

Por otro lado, la pensión media de jubilación de los trabajadores autónomos roza los 700 euros, unos 500 euros menos que la media de los trabajadores. Esto refleja la tendencia a cotizar por las bases mínimas (el 84% lo hace), ya que los autónomos pueden elegir su base de cotización entre la mínima y la máxima que establece la Seguridad Social para el RETA, en un rango de entre 893 euros y 3.642 euros. Sin embargo, hay una excepción. Los autónomos con más de 47 años tienen un tope más bajo de cotización: 1.964,70 euros. Más de un millón de autónomos, de los tres que hay actualmente en nuestro país, tiene más de 47 años.

Este límite se estableció para evitar la práctica que consistía en cotizar por la base mínima durante casi toda la vida laboral y elevar la base de cotización al máximo cuando se cumplían 50 años, a falta de quince años para jubilarse. Como con la ley anterior sólo se tenía en cuenta lo cotizado en los quince últimos años para calcular la pensión, la cuantía que se obtenía para la jubilación era la más elevada posible.Los autónomos reclaman que se elimine ese tope para aumentar los ingresos del RETA, que acumula un déficit de 7.000 millones de euros. Sin embargo, su supresión tendría un doble efecto que quizá no admita la Seguridad Social: generará más ingresos, pero también pensiones mucho más elevadas.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, sugirió esta semana que los autónomos deben concienciarse para cotizar más al sistema. En 2015, el RETA recibió unos ingresos por cotizaciones de 10.700 millones de euros, mientras que cobraron 17.360 millones en pensiones. Esto arrojó un déficit el pasado año de 6.763,91 millones. Según la Seguridad Social, cuatro de cada diez autónomos reciben un complemento para alcanzar la pensión mínima contributiva que garantiza la ley.

Sin embargo, ATA achaca ese agujero de casi 7.000 millones a la integración en 2008 del Régimen Especial Agrario en el RETA, «que aportó apenas un 7,7% de los ingresos y supuso un aumento del gasto en pensiones de casi un 80%». Según la asociación presidida por Lorenzo Amor, hoy las cotizaciones de los agricultores suponen un 6% del régimen especial (hay 190.000 agricultores cotizantes) mientras que sus prestaciones representan el 40% (hay 830.000 agricultores pensionistas). Esas aportaciones representan 684 millones de euros por los 6.972 millones de gasto, cifra que coincide con el agujero del RETA.