Parece como si José Luis Escrivá estuviera tentado a ejercer el papel de gobernador independiente del Banco de España, lo que sería una gran noticia. Después de su total identificación con el Gobierno en la mayor parte de los planteamientos económicos, esta semana ha hecho una crítica mínima al alertar del hecho de que el gasto público se ha disparado al 6%, amenazando el tope prometido a la Unión Europea, que es del 3,4%. Malo porque, habiendo subido la recaudación al 6,6%, se podría utilizar tal incremento de ingresos vía impuestos para reducir la deuda y el déficit, al tiempo que para controlar el gasto. No es así, y Escrivá parece que se empieza a poner serio, lo que es una excelente noticia. Sin techo de gasto ni presupuestos, el nivel de dispendio de las administraciones es mayor en 2025 que en ejercicios precedentes, algo que ha subrayado también la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Cristina Herrero. No entiende la AIReF cómo a estas alturas del año no contemos ni tan siquiera con un borrador de las cuentas del Estado para 2026, y menos aún, sin tope de gasto. La situación es una dejadez alarmante, aunque alarma aún más el hecho de que se considere normal que un año tras otro estemos con las cuentas prorrogadas. La obligación de los políticos es cumplir con las funciones de gestión que les son inherentes. Si alguien es incapaz de gestionar, debe dimitir. Y si no dimite e incumple con sus obligaciones, debería existir un procedimiento para removerlo automáticamente del cargo. Pero en España todo vale.