La España que trabaja pero sigue siendo pobre

La pobreza en España ya no solo se esconde en los márgenes: está en el centro, disfrazada de normalidad, entre familias que trabajan y aún así no pueden pagar el alquiler o la hipoteca, hacer frente a las facturas y llenar la nevera. Aunque un menor aumento del coste de la vida frente a años anteriores y una mejora del acceso a financiación dieron lugar a un incremento de la renta de los hogares y de las condiciones de vida de la población, la desigualdad y el riesgo de pobreza no disminuyeron en la misma medida que creció el PIB y el empleo. «El crecimiento económico por sí solo ya no trae prosperidad para todos», sentencia el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Antón Costas, en la presentación de la «Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral» de España en 2024.

El informe destaca que más de una cuarta parte de la población (25,8%) se encontraba en situación de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) en 2024, una tasa que, pese a haber descendido respecto al 26,5% registrado en 2023 sigue siendo preocupantemente alta y refleja la persistencia de desigualdades sociales y económicas en el país. Asimismo, dentro de este colectivo se incluye a un 16,3% de la población ocupada, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Es decir, uno de cada seis trabajadores estaba en riesgo de pobreza el año pasado, una situación conocida como pobreza laboral, que sigue en tasas altas, aunque por debajo del 18% que llegó a tocar en pandemia. Este dato evidencia que, ante el encarecimiento de la vida, el salario ya no es garantía de solvencia económica. Esta realidad la confirman otras estadísticas como la Memoria Confederal de Cáritas de 2023 (la última), en la que denuncia que la mitad de las personas que atendió ese año tenían empleo.

El año pasado más de la mitad de los hogares (53,1%) llegaban a fin de mes de manera ajustada y casi uno de cada 10 lo hacía con grandes dificultades. Además, aunque disminuyeron las situaciones de pobreza más severa, más de medio millón de hogares carecían de ingresos de origen laboral «lo que confirma la persistencia de situaciones de precariedad estructural que reclaman mayor atención», subraya el Consejo Económico y Social. En detalle, el mayor riesgo de pobreza afecta a las personas desempleadas, las de origen extranjero y a los hogares con menores a cargo, particularmente a los monoparentales.

No obstante, uno de los datos que más preocupa al Consejo es la tasa de pobreza infantil (menores de 16 años), que en España se sitúa muy por encima del promedio europeo: un 34,7% frente al 24,8%, pese a que la renta disponible por hogar en España aumentó un 8,2%. Es decir, casi tres millones de los 7,5 millones menores de 16 años que hay en nuestro país atravesó una situación de vulnerabilidad el año pasado. Además, los menores de 16 años fueron la única franja de edad en la que creció el riesgo de pobreza frente a años anteriores, cuatro décimas respecto a 2023 y la tasa AROPE más alta para este sector de edad desde que hay registros. El problema de la pobreza infantil sube al 50,3% para los hogares monoparentales con mujeres al frente y al 54,1% para la población inmigrante extracomunitaria.

En esta línea, Eurostat corroboró esta semana que España fue en 2024 el segundo país de la Unión Europea (UE), solo por detrás de Bulgaria, con un mayor porcentaje de niños en riesgo de exclusión social, un 34,6%, y con una tasa superior a la registrada en 2023 y 2022. «La persistencia de estas brechas sociales no se corresponde con los niveles de desarrollo del país ni con los principios sociales del marco comunitario», denuncia el Consejo Económica y Social, que reclama impulsar políticas orientadas a corregir estas desigualdades, tal y como recomienda la Comisión Europea.

No poder acceder a una vivienda en propiedad es un factor clave en las estadísticas de pobreza, sobre todo en las de pobreza infantil. Según el Consejo, las desigualdades sociales, económicas y de género se agravan entre quienes viven de alquiler frente a quienes han accedido a la propiedad. El aumento del riesgo de pobreza energética, que afectaba ya en 2023 al 20,7% de la población, es un claro exponente de esas desigualdades.

La vivienda social sería el salvavidas de estos hogares, pero en España el porcentaje de vivienda protegida en el parque total apenas es del 3,3%, frente al 9,3% de media en Europa. Esto se traduce en que España necesitaría aumentar ese parque en unas 850.000 viviendas para ofrecer una cobertura similar a la de sus iguales europeos.

La vivienda no solo es un problema de los hogares más necesitados, sino del conjunto de la población. Es un enorme «agujero negro» que se está tragando buena parte de los beneficios de la economía y del mercado de trabajo y bloquea el progreso social, especialmente entre los sectores más vulnerables , denuncia el presidente del CES.

El Consejo define el acceso a la vivienda como uno de los principales problemas sociales reportados por la población española en 2024 por el desajuste entre una demanda creciente y una oferta menguante que no ha conseguido solventar la Ley de Vivienda, que se ha caracterizado por su despliegue desigual entre territorios. Entre los jóvenes, el 90% considera que el elevado coste del alquiler es la principal barrera para independizarse. En consecuencia, la edad de emancipación alcanzó los 30 años en 2024, frente a una media europea de 26,2 años.

En materia de prestaciones para atajar la pobreza, también hay ineficiencias. El 73% de las familias elegibles para recibir el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) no lo recibe y ocurre lo mismo con el 56% de los hogares que podrían cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y no lo hacen. Las dificultades de acceso a información, el desconocimiento del lenguaje administrativo o el temor a tener que devolver pagos indebidos son los principales motivos detrás de esta falta de cobertura.

Paro y sueldos estancados

Estas deficiencias en la protección social se suman a un mercado laboral que sigue presentando importantes debilidades estructurales. En 2024, España cerró con una tasa de paro general del 10,6% y un paro juvenil del 25,2%, a la cabeza, en ambos casos del desempleo europeo. «La tasa de paro joven y el paro de larga y muy larga duración entre los mayores de 55 años, así como el mayor paro femenino en casi todas las edades mostraron todavía resultados elevados, lejos de los valores que serían deseables después de siete años (descontando la pandemia) de creación sostenida de empleo», critica el CES.

Los bolsillos de los hogares españoles no solo los lastra el persistente paro sino también unos salarios que se han quedado atrás en la carrera frente a los precios. Los incrementos salariales pactados en la negociación colectiva durante 2023 y 2024 –del 3,7% y el 3,3% respectivamente, según datos provisionales– se ajustaron en líneas generales a las directrices del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), lo que permitió una leve mejora del poder de compra frente a los retrocesos sufridos en 2021 y, especialmente, en 2022. Sin embargo, esta mejora resulta insuficiente a largo plazo: en la última década, el incremento salarial real acumulado sigue siendo negativo, con una caída del 0,41%. En otras palabras, los salarios suben, pero los bolsillos no lo notan.