El falso superávit de la Seguridad Social: un agujero de 39.000 millones que paga el Estado

La Seguridad Social maquilla sus cifras con un supuesto saldo positivo que, en realidad, oculta un agujero este año de casi 39.000 millones. Según consta en su contabilidad, oficialmente ha obtenido un superávit de 1.207 millones de euros en los nueve primeros meses del año, el equivalente al 0,1% del PIB, tras ingresar en este periodo 150.407 millones de euros, un 11,3% más, frente a unos gastos por valor de 149.200 millones, que han aumentado un 9,8% interanual. Este saldo positivo de la Seguridad Social -que dejaría atrás el déficit de 740 millones del mismo periodo de 2022- se ha producido por dos razones.

La primera, por el récord de ingresos por cotizaciones en el sistema de 114.711 millones, un 9,9% más. Si se comparan estos ingresos con los previos a las pandemia -en 2019-, el aumento de la recaudación por este concepto se dispara un 24%, con 22.104 millones más que entonces. Esta subida de los ingresos por cotizaciones se vio impulsada por las cuotas de los ocupados, que se incrementaron entre enero y septiembre un 10,3% interanual, hasta los 108.315 millones, mientras que las efectuadas por los desempleados aumentaron hasta los 6.396 millones, un 2,7%.

La segunda razón tiene que ver con las transferencias del Estado para tapar el agujero que el organismo es incapaz de generar por sí mismo. La Seguridad Social reconoce que ascendieron a 33.435 millones de euros en los nueve primeros meses del año, con un repunte interanual del 12,5%. La partida más significativa corresponde a las transferencias recibidas del Estado y Organismos Autónomos, que aumentó un 15,3%, hasta los 30.110 millones de euros. Pero la realidad es que la cifra total aportada por el Estado roza los 39.000 millones de euros, según consta en el presupuesto de la entidad, de los que casi 20.000 millones están dedicados a cumplir con la recomendación del Pacto de Toledo, y el resto para el pago de complementos a mínimos, pensiones no contributivas, el Ingreso Mínimo Vital, prestaciones de protección familiar o dependencia y otro tipo de ayudas.

En esta tesitura, el país tendrá que hacer frente al próximo ejercicio con unos Presupuestos Generales prorrogados y sin un nuevo techo de gasto justo cuando entran en vigor las nuevas reglas fiscales impuestas por Bruselas. Así, la Seguridad Social, incapaz de autofinanciarse, tendrá que volver a recibir una fuerte inyección de dinero a través de nuevas transferencias, que para el próximo año serán aún mayores que en este. Sólo en pensiones, la inyección de fondos alcanzarán los 39.000 millones de euros. Todo pese a que las previsiones son que la inflación sea inferior a la de 2023, por lo que la revalorización de las pensiones exigirá menos recursos que este año, cuando se aprobó un 8,5% de acuerdo con el IPC.

En los años 2021 y 2020, estos préstamos estatales apenas superaron los 13.000 millones de euros y si se echa la vista un poco más atrás. Estas aportaciones del Estado se han cuadruplicado en las últimas dos décadas: en 2012 se situaron en 9.182 millones, según la liquidación definitiva, y fueron aumentando hasta los 15.687 millones de euros anuales en 2019, cuando todavía suponían menos de la mitad que ahora.

El Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la concesión de un nuevo préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por un importe de 10.003 millones de euros, para hacer frente a la paga extraordinaria de los pensionistas de noviembre, que sumada a la que se pagó el pasado mes de junio el coste final será superior a los 22.000 millones de euros. Por lo menos, al estar consignado en la disposición adicional tercera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023, no devengará intereses.

La mayor partida del gasto de la Seguridad Social corresponde a pensiones y prestaciones contributivas, con un aumento del 9,5%, hasta 128.314 millones, Según detalla el Ministerio, el gasto se incrementó un 10,8%, hasta los 114.625 millones, debido al aumento del número de pensionistas, un 1,2%, por la elevación de la pensión media, un 9,5%, así como a la revalorización general del 8,5% de las pensiones contributivas en el ejercicio 2023.

El déficit que acumula la Seguridad Social supera ya los 106.000 millones de euros. Sin tener en cuenta las transferencias del Estado y con el régimen de las Clases Pasivas incluido, este agujero ha aumentado en 61.000 millones de euros desde 2005, apuntan desde Fedea, el equivalente a cinco puntos del PIB. El año que viene, con las cuentas prorrogadas, el Gobierno tendrá que volver a tirar del Tesoro para sostener el sistema de pensiones, pero tendrá que hacerse con cargo a préstamos que aplican intereses de mercado "que pueden llegar a máximos históricos".