La conectividad aérea de las islas, otra vez en un brete por el veto del PSOE y Sumar a incrementar los pagos a las aerolíneas por las ayudas a residentes

Las mayorías enfrentadas que el PP tiene en el Senado y el PSOE tiene en el Congreso de los Diputados con sus socios vuelven a poner en un brete la conectividad aérea de las islas, Ceuta y Melilla. La Mesa del Congreso, con los votos de PSOE y Sumar, ha decidido vetar hoy martes una enmienda que el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, había aprobado a la Ley de Navegación Aérea, en contra del criterio del Gobierno, para conceder 1.200 millones de euros a las aerolíneas por los descuentos ofrecidos a los residentes insulares.

De esta forma, el Ejecutivo entregará a las compañías 319 millones de euros que las compañías aéreas consideran insuficientes para cubrir el coste de las subvenciones para estos residentes. La patronal del sector, ALA, ha denunciado de hecho que algunos de las aerolíneas que cubren estas rutas sufren una "situación de asfixia" en sus cuentas que urge arreglar y que, lamentan, irá a más con este veto del Congreso.

Para facilitar el acceso al transporte aéreo, los residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla tienen reconocida una subvención de hasta el 75% en las tarifas de los servicios aéreos regulares que unen estos territorios con el resto de la península, así como en los desplazamientos interislas. Se trata de una subvención reconocida y dependiente del Ejecutivo que se financia con cargo a los Presupuestos y que adelantan las aerolíneas. El problema, según ha denunciado ALA, es que al haberse prorrogado los presupuestos en los últimos años, la cantidad prevista para esta partida no alcanza el gasto total que comportan. Según sus cálculos, el Estado les adeuda 425 millones de euros correspondientes al pasado ejercicio, si bien Transportes rebajó esa cantidad hasta los 300 millones de euros, muy cerca de lo reconocido en este pago extraordinario.

Viabilidad

Los pagos pendientes son fuente de enorme preocupación entre las líneas aéreas debido a que, según aseguran, están comprometiendo su sostenibilidad financiera. Hasta el punto de que llegaron a advertir de que, si la situación no se resolvía, podría hacer inviable la operación de algunas de estas rutas, afectando gravemente a la conectividad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y, por tanto, a su desarrollo económico y generación de empleo.

Tras la denuncia pública de las compañías, el Gobierno anunció que tomaría medidas que se sustanciaron en la partida de 319 millones de euros incluida en la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea.

El problema es que, según las aerolíneas, esos 319 millones van a cubrir parte de la deuda de 2024 y que lo presupuestado para 2025, 560 millones, se ha destinado prácticamente a cubrir también la deuda de 2024. Y lo que temen es que, a finales de 2025, la bola de la deuda haya crecido hasta los 1.000 millones de euros.

Por eso, desde ALA consideraban que la enmienda ahora votada resolvía de una vez un problema que ahora seguirá rodando.