Fomento se pone de perfil pese a no haber solventado el conflicto

Derivó el problema a las autonomías con un decreto-ley que no convenció a nadie.

El conflicto entre el taxi y los VTC no es nuevo. Hunde sus raíces en 2009, cuando la Ley Omnibus liberalizó el sector. Sin embargo, permaneció muchos años larvado, hasta que la evolución tecnológica, la irrupción de aplicaciones como Uber o Cabify y la llegada al mercado de miles de licencias VTC vía tribunales lo hizo estallar. Y aunque gobiernos tanto del PP como del PSOE trataron de ponerle fin, ninguno lo logró. Y en estas llegó José Luis Ábalos al Ministerio de Fomento. El hombre fuerte de Pedro Sánchez prometió una solución definitiva que terminó por ser sencillamente un despeje del problema hacia las autonomías.

Con el argumento de que las más competentes para resolver la problemática del transporte urbano eran las administraciones regionales y locales por su cercanía, Ábalos redactó un decreto-ley –convalidado en octubre por el Congreso, aunque esté en trámite como proyecto de ley– que, a grandes rasgos, exime a Fomento de legislar. Más allá de establecer un periodo transitorio de cuatro años durante el cual las VTC podrán operar en las mismas condiciones que hasta ahora, el decreto faculta a las autonomías para controlar todos los aspectos del sector: horarios, tarifas... «Las bases están puestas y la transferencia es autonómica», ha dicho esta misma semana Ábalos.

Las autonomías mostraron desde el primer momento sus reticencias a tener que regular el sector. Entendían que lo que había hecho Fomento había sido sencillamente pasarles la «patata caliente». Sobre todo, porque hay puntos oscuros que les preocupan. El más importante, el judicial. El decreto establece que dentro de cuatro años las autonomías, o los ayuntamientos por delegación, podrán imponer una segunda licencia municipal a los VTC. Los que no la tengan, no podrán operar en las ciudades. Como el ministerio entiende que echarles de las ciudades penalizará a muchas empresas, les ofrece la prórroga de cuatro años a modo indemnizatorio. Estima que, en ese tiempo, podrán recuperar su inversión y dejar el sector. Pero los VTC lo ven de otro modo. Dicen que a los vehículos que se les deje sin licencia municipal se les está expropiando un uso de su permiso que debe ser indemnizado con dinero, no con tiempo. Sus cálculos apuntan a indemnizaciones de unos 4.000 millones y ya han advertido de que demandarán a la comunidad que legisle contra sus intereses. Y aunque Fomento dice que si hubiera que pagar alguna compensación saldría de las arcas del Estado, el decreto no recoge este punto.