El Gobierno prepara un plan económico sin recorte del gasto público y fiado a los ingresos

Con el Gobierno ya en marcha tras haber obtenido Pedro Sánchez su discutida y polémica mayoría absoluta, gracias a sus pactos con nacionalistas e independentistas, salpicada de acusaciones de golpe de Estado, repleta de manifiestos y comunicados de organizaciones públicas y privadas en contra de la Ley de Amnistía o de los beneficios fiscales para Cataluña, y con una sociedad absolutamente polarizada, el presidente sentó en su discurso de legislatura las bases de los que serán los próximos cuatro años, con un perfil más político, feminista y económico que en la anterior. Lo primero y lo segundo se irán viendo con el paso de los meses, pero para la agenda económica no hay tiempo que perder.

Por ello, Sánchez ha decidido dar total protagonismo al área económica del Gobierno, para lo que ha apostado por cuatro vicepresidencias –elevando a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, al nivel de Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera– y diez ministerios del ramo –de los 22 que conforman su Ejecutivo–, tras separar Transporte y Vivienda, y dar entidad propia a Transformación Digital, hasta ahora unido a Asuntos Económicos.

Hacienda y Función Pública

Ante la más que probable salida de Calviño hacia la presidencia del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Sánchez ha querido dar más poder a Montero, cuya primera tarea será preparar el proyecto de Presupuestos General del Estado (PGE) para 2024, con un techo de gasto que se prevé volverá a ser de récord y que debería estar listo antes del primer trimestre del próximo año. Estas Cuentas deberían tener en cuenta las advertencias llegadas desde Bruselas de reducción del gasto tras la recuperación de las reglas fiscales para el próximo ejercicio y las señales de ralentización económica que ya asoman en el horizonte. Sin embargo, Montero no parece darse por aludida y ya ha confirmado que para absorber la senda descendente del déficit y deuda se utilizará el crecimiento económico. Es decir, que fía todo el ajuste a la mejora de los ingresos.

A lo único que ha accedido la ministra ha sido a «priorizar muy bien las partidas» y a «eliminar gastos ineficientes», porque ya anunció que se prorrogarán la mayoría de las medidas anticrisis, lo que disparará de nuevo el gasto público. Según dijo, para su aplicación se monitorizará el comportamiento tanto el crecimiento como la inflación para decidir qué medidas se prorrogan –algunas ya se han anunciado, cómo las ventajas fiscales en luz y gas, las ayudas al alquiler y al transporte o la rebaja del IVA– cuando esté cerca su caducidad a final de año.

Pero como reconoció la propia ministra esta misma semana, su único plan es aprovechar la subida de los ingresos «para atender las necesidades emergentes que puedan surgir, porque España está a la cabeza del crecimiento de los países de la eurozona y esto significa que para el año que viene contamos con una economía fuerte, una economía sólida que nos va a proporcionar mayores ingresos y esto es lo importante a la hora de formular los Presupuestos». Por tanto, la exigencia de la Comisión Europea de bajar el déficit al 3% del PIB en 2024 se liga únicamente al crecimiento económico y al aumento de los ingresos, no al recorte del gasto.

En sus manos quedan también tres de las tareas pendientes de la pasada legislatura: una reforma fiscal en profundidad, la reforma del sistema de financiación autonómica y la pacificación del funcionariado tras la aprobación de la ley de Función Pública.

Economía y Comercio

Hasta ahora, la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, había ejercido de contrapeso para sostener el gasto, pero su interinidad en el Ejecutivo si logra la presidencia del BEI puede dejar carta blanca al gasto. Su hoja de ruta pasa por sostener el crecimiento económico, que se está frenando por el impacto de la subida de los tipos de interés y el debilitamiento de las exportaciones, en un contexto de inflación todavía elevada. Su palabra puede decidir aprobar o no las ayudas frente a la crisis si éstas pueden obstaculizar la reducción del déficit, la deuda y otro de sus objetivos primordiales, «alcanzar el pleno empleo». Para lograrlo se apoyará sobre el maná de los fondos europeos, en la solidez del superávit de la balanza de pagos por cuenta corriente –del 3% del PIB– y en el desapalancamiento de familias y empresas.

Transición Ecológica

Teresa Ribera deberá decidir antes de que finalice el año si mantiene las medidas para paliar el efecto de la subida de los precios energéticos y seguir con el intervencionismo del sistema. También ha anunciado que pretende recuperar la Comisión Nacional de Energía (CNE) y que ya tiene preparada la nueva tarifa regulada de la electricidad, conocida como PVP, que entrará en vigor a partir del 1 de enero. Aunque a partir del próximo año España ya no ostentará la presidencia europea, Ribera insistirá en su intención de modificar el diseño del mercado eléctrico europeo, además de que tendrá la obligación de cumplir el pacto firmado entre PSOE y Sumar, que pretende hacer permanente el gravamen especial a los beneficios extraordinarios de las energéticas.

Seguridad Social

Al frente de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz afrontará el impulso final a la reforma de las pensiones, y al desarrollo de la jubilación parcial, el contrato relevo o la extensión del permiso de nacimiento hasta las 20 semanas. También deberá modificar el recientemente creado permiso parental de cuidados, para que al menos cuatro semanas por hijo/a sean remuneradas a partir de agosto de 2024. Junto a esto, habrá de dar cumplimiento a la senda de subidas fijada en la reforma para las pensiones mínimas y no contributivas hasta que converjan con el 60% de la renta media de un hogar con dos adultos en 2027.

Transformación digital

Pendiente de la posible salida de Calviño al BEI estará José Luis Escrivá, que accedió a dar un paso atrás en sus responsabilidades al frente de Seguridad Social con el convencimiento de que dará el salto al Ministerio de Asuntos Económicos cuando quede vacante. Mientras tanto, deberá culminar la Agenda España Digital 2026, extender la cobertura de banda ancha a 100 Mbps y completar los despliegues 5G, además de gestionar proyectos multimillonarios por los fondos europeos en microelectrónica y semicondutores y la estrategia nacional de Inteligencia Artificial.

Resto

Vivienda recupera entidad propia con Isabel Rodríguez al frente, que deberá desarrollar la Ley de Vivienda, con tareas pendientes como la definición de un índice de precios para regular los alquileres y los alojamientos turísticos y los mecanismos para ampliar el parque público, entre otras medidas.

Óscar Puente debutará al frente del desgajado Ministerio de Transportes y deberá lidiar con el traspaso de Rodalies a la Generalitat y la aprobación de la ley de movilidad sostenible.

Con un turismo esencial en la recuperación económica, el debutante Jordi Hereu afronta la aprobación de una Ley de Industria que sustituya a la vigente de 1992, tarea que quedó en el tintero en la anterior legislatura y que es una demanda del sector y de los sindicatos. También tiene en cartera la electrificación del parque automovilístico español.

Finalmente, Luis Planas es uno de los fijos en los equipos de Pedro Sánchez. En su tercera legislatura, el ministro de Agricultura seguirá gestionando un sector tensionado al máximo por la subida de sus costes de producción, la inflación, la falta de relevo generacional, la sequía y la consiguiente incidencia del cambio climático o las políticas comunitarias centradas en la sostenibilidad. Asimismo, tendrá que lograr el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena y bregar en los pasillos de Bruselas con informes fundamentales como la edición genética o el uso de fitosanitarios.