El PP insta al Congreso a tumbar el nuevo mapa de autobuses estatales de Puente para no dejar sin servicio a 3,2 millones de personas

El PP vuelve a la carga para tratar de frenar el nuevo mapa concesional estatal de los servicios de transporte público regular de viajeros por carretera. El principal partido de la oposición defenderá mañana una Proposición no de Ley en el Congreso en la que exige al Ministerio de Transportes de Óscar Puente elaborar, en conjunto con las comunidades autónomas, un nuevo mapa y retirar el que hay ahora mismo sobre la mesa.

En concreto, el nuevo mapa elimina 456 rutas, un 47,2% del total, y alrededor de 9.305 paradas, lo que supone que habrá 1.417 municipios sin parada con una población de 3,2 millones de habitantes. El objetivo del Gobierno con este nuevo mapa concesional es simplificar la estructura estatal de autobuses, de forma que una ruta de largo recorrido no pare en pueblos o ciudades pequeñas para que sea más eficiente y repercuta en un mayor ahorro de tiempo y dinero. Según sus cálculos, las tarifas podrían reducirse hasta en un 20%.

Para responder a la demanda de los usuarios que se suben al autobús en las paradas intermedias de esos pueblos o ciudades pequeñas, el Gobierno pretende que sean las comunidades las que presten los servicios autonómicos necesarios para conectar esas paradas con ciudades más grandes, donde sí pararán las rutas estatales. Para ello, el Estado transferirá 40 millones de euros a las autonomías, 25 en compensaciones y otros 15 que estiman de los ingresos una vez empiecen a prestarlos.

Cambios

Para el PP, los criterios que ha tenido en cuenta el Ejecutivo para la elaboración del nuevo mapa "no atienden a las necesidades de toda la población del territorio nacional, y chocan de lleno con la realidad de territorios con amplia dispersión y afectados por el reto demográfico". El Gobierno, asegura el partido de Núñez Feijoo, pretende que las comunidades autónomas asuman los servicios que suprime el Estado y que se incluyan en los mapas autonómicos "sin haber evaluado ni consensuado las interferencias que arrojan a las comunidades autónomas y sin el compromiso de financiación por parte del Gobierno a las comunidades autónomas". Según sus cálculos, el coste mínimo de los servicios que pretende dejar de prestar el Estado es de 110 millones, frente a los 40 millones que ofrece de compensación. Todo ello, añade, "teniendo en cuenta que el ministerio se reserva la prestación de los servicios de transporte con más viajeros y con más ingresos por la venta de billetes, y por tanto los que son rentables, y sin embargo traslada a las comunidades autónomas los servicios con menos viajeros y por tanto deficitarios desde el punto de vista de su financiación".

En este contexto, el grupo parlamentario insta al Ejecutivo a retirar el borrador del nuevo mapa concesional y a elaborar una nueva propuesta. Además de pedir que esta nueva propuesta se elabore con las comunidades autónomas, el PP pide que en el caso de que se quisiera transferir tráficos a las autonomías, se acuerde previamente con cada una de ellas la modificación del nuevo mapa concesional, reformulando su planteamiento, teniendo en cuenta las particularidades y la realidad de los distintos territorios.

Por último, el Grupo Popular exige un marco "estable y permanente" de financiación para las comunidades autónomas que garantice a estas cubrir el coste de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros por carretera que dejen de prestar a la Administración General del Estado según acuerdo previo entre las partes.