La Justicia de EE UU abre la puerta a embargar bienes a España por los laudos de las primas renovables

"¿Acaso España no está intentando saltarse sus obligaciones y compromisos? [...] Ha recibido todas las ventajas de las inversiones realizadas y ahora no quiere cumplir con su parte del trato, con lo acordado al firmar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE)". Así de tajante se mostró una de las juezas que compuso el panel de magistrados de la primera vista oral que afronta España en los tribunales de EE UU por el impago de indemnizaciones millonarias a inversores que se vieron afectados por la retirada retroactiva de las primas a las renovables aprobadas en el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, España se enfrenta a pérdidas de más de 1.636 millones de euros por laudos internacionales basados en el Tratado de la Carta de la Energía. La cantidad total que ha sido reclamada a España amparándose en arbitrajes bajo el Tratado asciende a más de 10.640 millones de euros. En esa cifra se enmarcan los 1.636,45 millones de euros que están pendientes de laudo (fallo que pone fin al procedimiento arbitral). De su lado, hay otros 7.561,64 millones de euros que han sido ganados o ahorrados por España en procedimientos arbitrales y subsiguientes anulaciones, que representa un 84% de la cantidad que estaba en litigio, apuntó el Ejecutivo hace un mes.

La vista oral celebrada el pasado 28 de febrero en la Corte del Distrito de Columbia está vinculada al litigio que mantienen NextEra y 9REN con el Reino de España por el incumplimiento de los arbitrajes que condenan a nuestro país al pago de 290 millones a NextEra y 42 millones a 9REN, cifras a las que hay que sumar más de 6 millones en concepto de intereses de demora y cerca de 15 millones por condenas en costas. Se trata del arbitraje más perjudicial para las cuentas públicas españolas. Mediante este litigio, NextEra y 9REN pretenden registrar los laudos ante los tribunales estadounidenses, lo que abriría la puerta a nuevos embargos de bienes y activos del Reino de España en el extranjero, en el marco del derecho internacional, el Convenio del Ciadi y el Tratado de la Carta de la Energía.

Durante la audiencia, los comentarios de las juezas Pillard, Pan y Rogers fueron particularmente críticos hacia los intentos de España por esquivar el pago de las indemnizaciones fijadas por los árbitros del Ciadi argumentando que pagar las compensaciones supondría incumplir la ley europea. La magistrada Cornelia Pillard destacó que “no parece discutible que España llegó a un acuerdo con los inversores, al ofrecer una serie de incentivos determinados”. Además, cuestionó si "acaso España no está intentando saltarse sus obligaciones y compromisos", recordando que debe más de 1.550 millones de dólares a los más de 25 inversores que han conseguido un laudo a su favor.

"Si todos los países se niegan a cumplir con los procesos del Ciadi, el Ciadi colapsaría. Y si todos los países piden a la justicia de otros países que no cumplan con los procesos del Ciadi, el Ciadi también colapsaría. El propósito del Ciadi es precisamente el de garantizar un arbitraje neutral y ausente de interferencias", recordó la magistrada. Pillard se preguntó si los afectados habrían invertido tanto dinero en España sin la certeza de que contarían con arbitraje neutral para dirimir disputas en caso de que se diesen situaciones de inseguridad jurídica como las que efectivamente sucedieron con la retirada retroactiva de las primas renovables.

Durante la vista, el Reino de España volvió a ampararse en su argumento estrella: la legislación europea no reconoce los arbitrajes internacionales cuando ambos actores son del espacio de la UE y, por lo tanto, pagar las indemnizaciones previstas en los laudos conllevaría un incumplimiento de la normativa europea. Estos laudos y sus consecuencias económicas han sido una de las principales motivaciones que han hecho que el Gobierno de Pedro Sánchez haya solicitado la salida del Tratado, que se firmó en Lisboa en 1994 y del que forman parte varios socios de la UE y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom).

La jueza Judith Rogers consideró incongruente plantear ahora que España no comprendía o validaba las implicaciones de firmar el Tratado de la Carta de la Energía, que obliga a aceptar el resultado de los arbitrajes y que no tiene cláusula de escape. La magistrada subrayó que, si damos por bueno que los países de la UE no sabían que firmando el TCE estarían sujetos a arbitraje, estamos partiendo de que sus políticos actuaron "con ingenuidad o ignorancia, puesto que el tratado claramente establece ese tipo de resolución de disputas". En este sentido, apuntó que "son sorprendentes los argumentos que se están empleando" y criticó a la Abogacía del Estado por "retorcer" las definiciones del TCE, insistiendo en que el Tratado permite claramente el tipo de arbitrajes que han resultado en más de 25 condenas al Reino de España.

Sharon Swingle, representando al Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoció que el Convenio del Ciadi establece un marco claro para los arbitrajes y que no se puede esgrimir la soberanía nacional como excusa para evitar el cumplimiento de los laudos. Recordó también que el artículo 54 del Convenio obliga a todos los países firmantes a reconocer los laudos emitidos por el Banco Mundial como si fueran sentencias de sus propios tribunales, circunstancia que ya se ha producido en Reino Unido y Australia y que próximamente puede darse en Estados Unidos, a raíz de las denuncias interpuestas por NextEra, 9REN y otras empresas afectadas.

El abogado Shay Dvortezky, en representación de NextEra y 9REN, destacó que al ratificar el Ciadi, España reconoció sus obligaciones ante posibles laudos adversos y apuntó que los tratados internacionales son claros en este sentido. Citó asimismo los argumentos de numerosos expertos en arbitraje que han remitido diversos escritos a la justicia estadounidense rechazando los argumentos de España e insistiendo en que el cumplimiento de los acuerdos internacionales es fundamental para garantizar la seguridad jurídica y el cumplimiento de las obligaciones acordadas.