No remunerar el permiso parental de cuidados hasta los 8 años le ha salido muy caro al Gobierno. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado este viernes a España a pagar una multa de 6,8 millones de euros por no trasponer a tiempo la directiva europea que garantiza el derecho a permisos parentales retribuidos. El Gobierno ya ha confirmado que pagará la cantidad impuesta a la Comisión Europea. Además, el TJUE ha amenazado con una multa coercitiva diaria de 19.700 euros en caso de que el incumplimiento declarado persista en la fecha de pronunciamiento de la sentencia, unas cantidades que el Gobierno asegura que esquivará al haber entrado este jueves en vigor los nuevos permisos parentales. También le condena a cargar las costas judiciales propias y las de la Comisión Europea.

La sentencia estima el recurso planteado por la Comisión Europea en enero de 2024 contra España por incumplir los plazos para adaptar su legislación a la directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y laboral, que entró en vigor en julio de 2019. No obstante, la multa es ligeramente más leve que la sanción que pedía el Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea le reclamaba al Estado español el pago de una multa diaria de 9.760 euros desde el 3 de agosto de 2022, fecha en la que venció el primer plazo para adaptar su legislación a la directiva europea. Además, pedía sumar una sanción mínima de 6,8 millones de euros, así como una multa coercitiva de 43.920 euros diarios desde la sentencia hasta que se notifiquen plenamente las medidas de transposición.

Esta condena llega apenas tres días después de que el Consejo de Ministros aprobara una ampliación del permiso por nacimiento de 16 a 19 semanas (con entrada en vigor el jueves), permitiendo que las dos últimas se disfruten hasta los ocho años del menor, lo que supone añadir dos semanas retribuidas a las ocho semanas no pagadas del permiso de cuidados hasta que el menor cumpla los ocho años.

La directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y laboral entró en vigor en julio de 2019 pero dio más tiempo a los gobiernos para su aplicación. En concreto, la norma establecía que todos los países de la Unión Europea debían garantizar un permiso parental mínimo de cuatro meses para cada progenitor. Para ello, fijaba dos fechas límite para adaptar las leyes nacionales a esta norma. La primera vencía el 2 de agosto de 2022, e incluía requisitos como conceder al menos seis semanas de permiso retribuido y asegurar que cada padre o madre pudiera disfrutar de al menos dos meses de permiso no transferible al otro progenitor. La segunda fase, que culminaba dos años después, exigía entre otras cosas ampliar la compensación económica para llegar a un total de ocho semanas remuneradas de permiso parental. De estas, el Ejecutivo de coalición se comprometió a remunerar al menos cuatro.

España no cumplió con el primer plazo. Aunque el Gobierno introdujo algunos cambios, no bastaron. La Comisión Europea abrió entonces -septiembre de 2022- un procedimiento de infracción que, tras sucesivas advertencias y retrasos, acabó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El motivo: no haber integrado plenamente la directiva de conciliación en su legislación. Aunque España prometió en noviembre de ese año hacerlo mediante una ley y un real decreto, la falta de avances concretos llevó a Bruselas a pasar a la siguiente fase del expediente, un dictamen motivado, en abril de 2023 y dio a España dos meses para adoptar las disposiciones necesarias.

España remitió en junio de 2023 un cuadro de correspondencia y un informe en el que informaba de que el proyecto de ley sobre las familias -que debía servir de instrumento de transposición- había quedado sin efecto tras la disolución del Parlamento. Aunque se envió información adicional en los meses siguientes, la Comisión presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia en noviembre de 2023. En diciembre, España notificó un real decreto-ley para completar la transposición, pero fue rechazado en enero de 2024 por el Congreso. Luego, se intentó incluir las medidas en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 2024 (que no salieron adelante), pero la Comisión presentó un recurso formal ese mismo mes alegando que España no había transpuesto plenamente la directiva. El Gobierno tampoco cumplió con la retribución del permiso parental en agosto de 2024 y la ofensiva judicial siguió su curso.

Ahora intentaba escapar de la multa justificando que sí remunera ocho semanas de permiso parental, aunque no use esa nomenclatura, al permitir sumar distintos permisos retribuidos relacionados con la familia: las dos semanas adicionales del permiso de nacimiento (la norma europea exige 14 semanas y la española daba 16), las tres de lactancia acumulada y las tres semanas recién añadidas -con especial prisa del Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz- al permiso por nacimiento, una de las cuales se debe disfrutar en el primer año de vida, adopción o acogida y las otras dos hasta los ocho años.

Sin embargo, en su sentencia, el TJUE falla que España ha incumplido el plazo de trasposición y que al no haber adoptado todas las medidas necesarias ni, por ende, haberlas comunicado a la Comisión Europea, España ha persistido en su incumplimiento. Fuentes del Ministerio de Trabajo señalan que España ya cumple con la norma gracias a la ampliación de los permisos por nacimiento y por cuidado de hijos aprobada esta semana, pese a lo que deberá pagar 6,8 millones de euros por incumplir la transposición de la directiva a tiempo, ya que debía haberlo hecho antes de agosto de 2024, aunque esquivará la multa coercitiva de 19.700 euros al día, ya que, con las medidas aprobadas esta semana, ya no persiste ese incumplimiento.