Macron, el sector agrícola español y francés, los sindicatos europeos, los consumidores o Milei cargan contra el Mercosur

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sigue siendo "inaceptable" en su estado actual, afirmaron este viernes fuentes de la Presidencia francesa, que insistieron en que solo los países miembros de la UE pueden autorizar su firma.

"El acuerdo no está ni firmado ni ratificado", puntualizaron las fuentes del Elíseo en una conversación con un grupo de periodistas, en la que insistieron en que el anuncio realizado en Montevideo por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre el final de las negociaciones no tiene "ningún efecto jurídico".

"Solo los Estados (miembros) en el Consejo podrán autorizar la firma del acuerdo, que aún debe ser ratificado. No hay ningún efecto jurídico y los Estados no están vinculados por el anuncio del fin de las negociaciones", recalcaron.

"Francia continuará, junto con sus socios, defendiendo sin descanso su agricultura y su soberanía alimentaria", añadieron las fuentes.

La sede presidencial francesa recordó las exigencias que este país lleva planteando desde hace años sobre este acuerdo: que el sector agrícola y ganadero no puede ser sometido a una competencia desleal ni pagar el mayor acceso de productos industriales europeos a los mercados del Mercosur.

Además recalcó que los Acuerdos de París sobre el clima deben ser una parte esencial del acuerdo, y que su no respeto debe suponer la suspensión automática del pacto.

El rechazo al tratado con Mercosur, que ha provocado manifestaciones de agricultores en el país, es uno de los pocos asuntos que cuenta con el respaldo de la práctica totalidad de los partidos del país, como quedó de manifiesto hace dos semanas en un debate parlamentario organizado por el Gobierno.

También el sector agrario español ha lamentado de forma unánime el cierre del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), ya que se sienten como "los grandes perjudicados" de un convenio de libre comercio en el que, a su juicio, se les ha utilizado como "moneda de cambio", sin contar con sus intereses.

Para el presidente de Asaja, Pedro Barato, se ha gestado "de prisa" y "sin contar con los intereses de los productores", tras solicitar a las instituciones europeas que "no lo validen", ya que "es su responsabilidad".

En declaraciones remitidas a Efeagro, Barato ha reiterado que no pueden "aceptar más acuerdos en el que la agricultura europea sea la pagana de otros intereses; acuerdo sí, pero no de esta forma".

En esta misma línea, el presidente de COAG, Miguel Padilla, ha señalado como "absolutamente indignante" el cierre de este acuerdo del que ha hecho responsable al Gobierno español, en un momento en el que "parecía que se daba un nuevo rumbo en la Unión Europea", ha declarado a EFE.

El sector agrario "vuelve a ser el gran perjudicado", ha lamentado, tras considerar que se utiliza al campo como "moneda de cambio" para otros intereses comerciales y que el acuerdo tendrá un impacto negativo en sectores como el de los cítricos.

Por su parte, el secretario de Relaciones Internacionales de UPA, José Manuel Roche, ha advertido de que este acuerdo "puede perjudicar seriamente a la agricultura y ganadería familiar europea" y a sectores como el vacuno, el porcino y el arroz.

Ha coincidido en expresar a EFE que se ha usado al sector agrario como "moneda de cambio", por lo que es importante "evaluar el impacto que pueda tener en el campo".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que hará que el sector español salga "reforzado", en un mensaje en la red X en el que ha añadido que "es una gran oportunidad económica para el sector agrario. España gana con él. Nuestro sector agroalimentario saldrá reforzado de esta apertura a un continente con el que nos unen lazos de cultura e idioma".

Pero también del otro lado del Atlántico ha habido duras críticas al acuerdo. Así, el presidente de Argentina, Javier Milei, anunció en Montevideo las prioridades para su Presidencia pro tempore del Mercosur, entre las que destacó la creación de una agencia de combate al crimen organizado y la flexibilización de las normas internas del bloque.

Milei dijo, al terminar la cumbre de jefes de Estado en la que recibió el testigo del bloque, que hay que aceptar que el Mercosur "no funciona" en su estado actual y que hay que adaptarlo para que sea "funcional para las necesidades de sus integrantes".

Criticó también que el Mercosur se caracterice por la "mera administración de acuerdos" y cargó contra "el exceso de regulaciones y la dificultad para implementar normas", lo que "frena el comercio intrabloque y con el resto del mundo".

En esa línea, el argentino señaló que un segundo objetivo de la Presidencia pro tempore será "revisar" esas supuestas trabas y permitir que cada país pueda establecer acuerdos bilaterales por separado, algo que las normas internas actuales no permiten y es opuesto por Brasil y Paraguay.

"La Presidencia explorará un régimen de mayor flexibilidad y autonomía comercial para los integrantes del bloque, para que cada uno pueda entablar los acuerdos comerciales que le resulten convenientes, que cada país pueda determinar hasta dónde sí y hasta dónde no", declaró.

Paralelamente, la Confederación Europea de Sindicatos y la organización europea de consumidores BEUC criticaron el acuerdo por el impacto que podría tener sobre las condiciones laborales y la sostenibilidad, mientras que la patronal BusinessEurope celebró el pacto envía "una señal positiva" en un momento de auge del proteccionismo.

La Confederación sindical pidió al Parlamento Europeo y al Consejo de la UE (los Estados miembros) que rechacen el acuerdo puesto que contempla una "débil protección laboral" y la "falta de transparencia y legitimidad democrática" de las recientes negociaciones ha incrementado esa inquietud.

"Necesitamos mecanismos para asegurar que nuestras condiciones de trabajo por las que tanto hemos luchado sean respetadas. Esto significa dar a las disposiciones laborales auténtica fuerza, de modo que trabajadores y sindicatos, aquí y en los países socios, puedan hacer rendir cuentas a las grandes corporaciones", dijo en un comunicado su secretario general, Claes-Mikael Stahl

La organización criticó que el acuerdo no contemple mecanismos robustos, incluidas sanciones, para perseguir las violaciones de los derechos laborales, y que las herramientas propuestas por la UE para proteger a los trabajadores de los sectores que se verán perjudicados por el acuerdo "son inadecuadas".

"La Federación europea de sindicatos de la alimentación ha advertido de que el acuerdo podría llevar a un 'dumping social' y condiciones de competencia injustas que harían caer las condiciones laborales en la UE, sobre todo para los seis millones de trabajadores del sector agrícola", señalaron los sindicatos.

Por su parte, la organización de consumidores BEUC, que representa a asociaciones nacionales de los Veintisiete, consideró que el acuerdo "aumentará el comercio de productos, como la carne, que no cumplen con los estándares de la UE, además de minar los esfuerzos para reducir la huella de carbono de la UE".

"Los acuerdos comerciales deberían centrarse en primer lugar en el comercio de productos sostenibles que apoyen la transición verde más que en los que la perjudican. Hoy las políticas comerciales chocan con nuestras metas de consumo sostenible, así que es hora de que la UE deje de contradecirse", dijo en un comunicado su director general, Agustín Reyna.

La mayor preocupación de los países europeos detractores del acuerdo es, sin embargo, el impacto que podría tener en la UE la eliminación de los aranceles a las importaciones agrarias del Mercosur.