Madrid se abre a sumarse «obligada» a la quita de deuda autonómica para evitar el perjuicio de Sánchez

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid conocerá hoy, en su reunión ordinaria, el contenido del denominado «Informe de Alegaciones» al anteproyecto de Ley de condonación de deuda autonómica y en el que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se abriría a participar en el perdón, en su caso, de algo más de 8.600 millones de deuda autonómica. El «informe» fue ya presentado en el Ministerio de Hacienda el pasado 30 de mayo por la consejería de Economía y Hacienda de la comunidad madrileña, que dirige Rocío Albert. El texto incluye lo que algunos dentro de la propia Administración capitalina consideran «trampas» que conducirían a un cambio en lo defendido hasta ahora por la presidenta autonómica, que se apartaría de una cierta ortodoxia liberal para abrazar postulados más socialdemócratas.

El texto enviado a Hacienda podría asumirse como un plan para apuntarse a la condonación de la deuda ofrecida por el Gobierno y que suma un total de 83.000 millones para todas las comunidades autónomas. El contenido, según ha podido confirmar este periódico, afirma en principio que la Comunidad de Madrid se opone al perdón financiero y esgrime que ya presentó un recurso contra ese proyecto en la Audiencia Nacional, que ahora está en tramitación, y en el que se defiende que su entrada en vigor supondría una carga fiscal adicional para los madrileños. También asegura que el plan no debería salir adelante, porque «no es voluntario» al provocar que si Madrid se suma, cada madrileño tendría que afrontar un coste adicional de casi 500 euros, aunque también reconoce que si se rechaza aceptar la condonación, en ese caso el precio soportado por cada contribuyente madrileño llegaría a los 1.500 euros.

Los redactores del «Informe de alegaciones» exploran una vía novedosa, pero que puede poner en una disyuntiva complicada a la presidenta Díaz Ayuso. Afirman que el plan de condonación que plantea el Gobierno obliga, en definitiva, a adherirse a él a todas las comunidades, incluida la de Madrid, si no quieren que sus ciudadanos sufran mayores cargas. Es la búsqueda de una opción para acogerse al plan sin, en teoría, rectificar lo que Díaz Ayuso y la propia consejera Albert han defendido desde el principio. Aún así, a pesar de que el texto dice que «obliga» a la Comunidad a aceptar la condonación, no ratifica que Madrid acepte esa «obligación», pero sí es una vía de escape por si al final se vieran obligados a aceptar la condonación por imposición legal.

Cuando la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció la medida para evitar la rebelión regional tras su acuerdo con los independentistas catalanes de perdonarles más de 17.000 millones de euros de deuda que la Generalitat tiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que ahorraría a cada catalán 410 euros, por los 483 euros de sobrecoste para cada madrileño.

Esta fue una de las principales razones por las que Albert mostró su indignación en aquel momento al constatar que, una vez estudiada la metodología empleada por Hacienda para la condonación de la deuda, quedaba patente que era «un traje a medida para Cataluña» que favorecía el endeudamiento porque dejaba a Madrid en una situación «esperpéntica e intolerable» al provocar que «dejaría de ser la región de régimen común con menos porcentaje de deuda, para a ser la segunda por detrás de Asturias y, en términos absolutos, de ser la cuarta a ser ahora la tercera».

Por ello, se levantó de la mesa del Consejo de Política Fiscal y Financiera para «no negociar nada que signifique que los madrileños, y el resto de los españoles, paguen las deudas a los independentistas catalanes». Pero ahora, forzados por esa obligatoriedad normativa, se abren a la posibilidad de abrazar esta condonación tras verse obligados a dar marcha atrás en sus afirmaciones y a asumir que el Gobierno perdone a Cataluña casi 1.000 euros más que a Madrid por el sistema metodológico puesto en marcha por el Ministerio de Montero. Este sería el resultado de la diferencia entre la deuda condonada por habitante ajustado, que en Cataluña ascendería a 2.284 euros, mientras que la región que dirige Díaz Ayuso solo podría perdonar 1.369 euros. La obligatoriedad o no de aceptar la condonación tendrá la última palabra en este proceso.