Montero amenaza a regiones y ayuntamientos con dejarles sin 11.550 millones si no se aprueba "su" senda de estabilidad

El Gobierno vuelve a la carga con su intento de sacar adelante los Presupuestos de 2025. El Consejo de Ministros ha aprobado por segunda vez el techo de gasto y los mismos objetivos de estabilidad, de déficit y de deuda para las Administraciones públicas que ya rechazó en julio el Congreso de los Diputados, paso previo a las presentación de las nuevas Cuentas. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado con una amenaza esta decisión en la rueda de prensa posterior al Consejo. "Si el PP y algún otro grupo vota en contra de esta senda -en clara referencia a Junts- estará obligando a hacer un ajuste de 6.600 millones en dos años a las comunidades autónomas y de 4.950 millones en dos años a las entidades locales, un total de 11.550 millones". Según ha defendido, se pretende dar un mayor margen fiscal a comunidades autónomas y ayuntamientos para financiar sus servicios que el actualmente vigente.

La vicepresidenta ha exigido a las regiones gobernadas por el PP que "desistan de la idea" de de votar en contra, ya que obligaría a rehacer las cuentas de comunidades autónomas y ayuntamientos para adaptarlas a otros objetivos fiscales. "Si la tentación del Partido Popular es seguir rechazando la senda por cuestiones puramente partidistas, el Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2025, ya sea con la senda aprobada hoy o con la anterior senda".

En sus advertencias ha insistido en que de no aprobarse, comunidades y ayuntamientos también tendrían que formular sus presupuestos con la senda anterior. "La única pregunta que el PP tiene que responder es si quiere o no obligar a comunidades y ayuntamientos a realizar un ajuste presupuestario en dos años de 11.550 millones o le permite mayor capacidad de gasto".

La senda y el techo de gasto para el próximo año -aprobados por el Gobierno porque no es necesario su refrendo en las Cortes- constituyen el paso previo a los presupuestos de 2025, que el Ejecutivo pretende presentar incluso aunque los objetivos de déficit no logren el aval de las Cortes. El techo de gasto no financiero establece un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea y las transferencias a la Seguridad Social, que rozan los 23.000 millones de euros para poder afrontar el pago de las pensiones, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. A la Seguridad Social se le autoriza a acumular un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios.

La senda de estabilidad, la misma a la rechazada en julio, prevé que el déficit público baje al 2,5 % del PIB en 2025, el 2,1 % del PIB en 2026 y el 1,8 % del PIB en 2027. El objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que las corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).

En cuanto a la deuda pública, el conjunto de las administraciones deberá reducirla al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%. El objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027.La deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027. La regla de gasto -indicador fundamental para las nuevas reglas fiscales europeas- queda fijada en el 3,2% para 2025, el 3,3% para 2026 y el 3,4% para 2027.

Según fuentes consultadas por este periódico, el Ejecutivo confía en aprobar las nuevas Cuentas y otorga un "porcentaje muy bajo" a un posible rechazo, porque "comunidades y ayuntamientos se juegan mucho". Un "inesperado" rechazo implicaría prorrogar por segunda vez las de 2023 aunque, "en ningún caso", supondría un posible adelanto electoral, como sí sucedió tras la caída de los Presupuestos para 2016 y 2019. Y, con las nuevas reglas fiscales en vigor, aún queda pendiente que Bruselas dé su visto bueno al plan de reequilibrio fiscal a medio plazo que envíe el Gobierno, que se muestra "optimista" pese a que será la cuarta vez este año que la Cámara Baja examine los objetivos de estabilidad presupuestaria.