Nueva derrota de España por los recortes a las renovables: deberá pagar 97 millones a Eurus Energy, filial de Toyota

España suma otro revés jurídico por la reducción de las primas a las energías renovables. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, ha rechazado la solicitud presentada por España para anular un laudo de más de 106 millones de dólares (91 millones de euros) a favor de Eurus Energy Holdings Corporation, una empresa japonesa vinculada al grupo Toyota, perjudicada por los recortes retroactivos al régimen de energías renovables. La decisión llega pocas semanas después de un nuevo embargo de bienes que ha confiscado los ingresos de control aéreo que España percibe de Eurocontrol a través de Enaire, en el marco del caso RREEF, otro afectado por la retirada de las primas renovables.

El comité del CIADI encargado de revisar el caso desestimó los argumentos presentados por el Estado español para solicitar la anulación del laudo ya que no se ajustaban a ninguno de los motivos contemplados por el Convenio de CIADI. El laudo original, emitido en febrero de 2021, condenó a España por vulnerar el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) al modificar de forma retroactiva el marco normativo que incentivaba la inversión extranjera en energía eólica. El tribunal concluyó entonces que Eurus —filial de Toyota— había realizado sus inversiones sobre la base de un régimen regulatorio estable y predecible, que fue alterado de forma sustancial y perjudicial, afectando gravemente la rentabilidad de sus proyectos, pioneros en consolidar a España como un referente en el ámbito de las energías limpias. En noviembre de 2022, el tribunal del CIADI concedió a Eurus una indemnización de 106,2 millones de dólares (91,2 millones de euro), más intereses devengados desde el 1 de junio de 2021 y unos costes legales de aproximadamente 4 millones de dólares (3,4 millones de euros), lo que eleva el total adeudado actualmente a unos 113 millones de dólares ( algo más de 97 millones de euros).

Hasta la fecha, España ha perdido más de 25 procedimientos arbitrales. Además de derrotas arbitrales, el Estado español acumula numerosas condenas en contra por frenar el cumplimiento de sentencias arbitrales vinculantes que se derivan de la retirada retroactiva de las primas renovables tras la Gran Recesión, una medida que golpeó a más de medio centenar de empresas e inversores extranjeros que inyectaron más de 70.000 millones de euros en el sector energético español.

La filial de Toyota había invertido en doce parques eólicos en Galicia y otros tres en Asturias bajo un sistema de tarifas reguladas (Feed-in Tariffs, o FiT) respaldado por el Gobierno. Las reformas aplicadas por España entre 2012 y 2014 que alteraron de forma sustancial el marco de incentivos a las energías renovables incluyeron un impuesto del 7% sobre los ingresos por venta de energía y la sustitución del sistema FiT por una vaga promesa de “rentabilidad razonable”. Además, los cambios incluyeron una retirada retroactiva de las primas pagadas antes de 2013, a pesar de que dichos incentivos estaban garantizados por el régimen FiT imperante.

España debe ya 1.492,8 millones de euros a un total de 26 empresas acreedoras -entre las que se encuentra Eurus Energy-, a los que se suman 358.1 millones en concepto de intereses de demora, costas procesales y otras gastos derivados de la estrategia de impago del Estado español, lo que suma un total de 1.850,9 millones, según recoge el portal “Spanish Renewable Debt”. Además, el daño a la economía española como consecuencia de los procedimientos de impago de bonos, mayor incertidumbre y mayor riesgo legal se eleva a 19.926 millones de euros. España ocupa la primera posición de laudos (fallo que pone fin al procedimiento arbitral) incumplidos, por delante de Venezuela y Rusia.

La dinámica de impago a los inversores por parte de España pese a las sentencias en contra comenzó a quebrarse en junio de 2025, con el abono del laudo correspondiente a otra empresa japonesa, JGC Corporation, por 32 millones de euros. Sin embargo, mientras no se salde la totalidad de los 26 laudos restantes, los inversores afectados continúan recurriendo a tribunales de terceros países, que ya reconocen a España como un Estado deudor. Esta vía ha dado lugar a embargos de bienes del Reino, como la decisión judicial dictada en Bélgica en julio de 2025, por la que se ordenó intervenir los ingresos que España percibe por tasas aéreas a través de Eurocontrol y Enaire.